Sucesos. Imputan a un empresario gastronómico de Salta por explotar a siete trabajadores que dormían sobre palets

La Justicia Federal formalizó la imputación contra un empresario gastronómico de Salta por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral agravada.

El acusado, dueño de un emprendimiento vinculado a la cría de cerdo negro y a un local de comidas, habría sometido a siete empleados a condiciones de extrema precariedad mientras su negocio facturaba cientos de millones de pesos.

El caso se originó en una denuncia anónima recibida en la línea 145, el teléfono gratuito del Ministerio de Seguridad para alertar sobre trata de personas. La llamada apuntó a una finca ubicada en Cerrillos, donde se combinaban la producción porcina, la cosecha de tabaco y la de aceitunas.

Con intervención de la Procuraduría de Trata de Personas (PROTEX) y personal de ARCA, se realizó una inspección que reveló irregularidades graves. En el predio había 20 trabajadores, pero la imputación recae específicamente sobre siete de ellos.

Condiciones de vida y de trabajo

Las fotografías exhibidas por la fiscalía mostraron habitaciones con piso de tierra, camas armadas con palets y baños de letrinas. Para asearse, los empleados debían calentar agua en tachos. Las jornadas eran extensas y las remuneraciones, en general, no superaban los 500.000 pesos. No se pagaban horas extras, feriados ni domingos, y no había cobertura ante enfermedades o accidentes.

Uno de los trabajadores sufrió una lesión en una pierna durante su jornada. Según la acusación, el empresario no lo asistió: un familiar debió trasladarlo y el empleado no recibió compensación ni cobró los días que no pudo trabajar. Entre los afectados había adultos mayores a quienes se les asignaban tareas excesivas. Uno de ellos debía concurrir al comedor de Cáritas porque su sueldo no le alcanzaba para alimentarse.

La fiscalía también denunció una maniobra irregular en la registración: los empleados figuraban como cosecheros de tabaco -categoría con menor carga salarial- pero luego eran destinados a la cría de cerdos negros, especialidad del local gastronómico del imputado, y a la cosecha de aceitunas.

Contraste económico

Los fiscales contrastaron esas condiciones con la situación financiera del empresario. Según datos de ARCA, registró ingresos superiores a 600 millones de pesos en 2025 y una cifra similar en lo que va de 2026. El Ministerio Público Fiscal sostuvo que esa solvencia le permitía garantizar vivienda digna y cumplir con las obligaciones laborales.

La Unidad Fiscal Salta, a cargo del fiscal general Eduardo Villalba y la fiscal subrogante Paula Gallo, formalizó la imputación ante el juez federal de Garantías N°2, Diego Anzorreguy. El delito se considera agravado por el número de víctimas, la situación de vulnerabilidad y la consumación del hecho. El defensor público de víctimas, Nicolás Escandar, quien representa a tres de los afectados, adhirió al pedido fiscal.

El juez aceptó la imputación, fijó un plazo de seis meses para la investigación e impuso al acusado la prohibición de salir del país y de contactar a determinados empleados.

Una de las habitaciones donde dormían los empleados.

La defensa del imputado

El empresario rechazó los cargos. "Creo que no he cometido ningún delito, esto me pasa por ayudar a la gente", declaró. Sobre las letrinas, dijo que no estaban habilitadas pero que los trabajadores las usaban de todas formas. Respecto de las habitaciones de adobe, reconoció que su error fue "no haber derribado esas piezas" y afirmó que dispone de viviendas con aire acondicionado y televisión satelital que, según él, no fueron fotografiadas durante la inspección.

La investigación continúa. El caso pone de relieve, una vez más, la persistencia de situaciones de explotación laboral en el interior salteño, incluso en emprendimientos con importante facturación.