Política. La oposición presiona a Milei y le pide sancionar también a las pesqueras de Malvinas

El debate por los proyectos petroleros en Malvinas abrió un nuevo frente en el Congreso. El peronismo le exigirá al Gobierno de Javier Milei que las sanciones anunciadas contra empresas vinculadas a la explotación de recursos naturales en las islas no se limiten al petróleo, sino que también alcancen a las pesqueras que operan en el archipiélago.

La propuesta será impulsada por el bloque de Unión por la Patria que conduce Germán Martínez cuando comience el debate para modificar la Ley 26.659, la norma que regula sanciones contra compañías que desarrollen actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin autorización nacional.

El peronismo pide sanciones para pesqueras en Malvinas

El planteo opositor busca ampliar el alcance de las penalidades anunciadas por Milei tras el avance del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la zona de las Islas Malvinas. El Gobierno nacional comunicó que enviará al Congreso un proyecto para endurecer sanciones contra empresas que participen directa o indirectamente en la explotación de petróleo sin autorización argentina.

El peronismo sostiene que el criterio debería incluir también al sector pesquero. La razón política y económica es clara: la pesca es una de las principales actividades económicas de las islas y, según señalan en el Congreso, existen empresas extranjeras que operan allí y que, mediante asociadas u otras razones sociales, también tienen licencia para trabajar en la costa continental argentina.

En ese punto, dirigentes del sector apuntan especialmente a firmas españolas. La discusión puede derivar en un cruce sensible porque involucra intereses económicos, permisos de pesca, vínculos comerciales y el reclamo argentino de soberanía sobre el Atlántico Sur.

Qué dijo Milei sobre los recursos naturales en las islas

El reclamo del peronismo se apoya en el propio discurso presidencial. Milei habló de los proyectos de explotación petrolera en Malvinas, pero también mencionó que las sanciones podrían alcanzar a "otras actividades en las islas que afectan nuestros recursos naturales".

Esa frase abrió la puerta a una interpretación más amplia del proyecto oficial. Para Unión por la Patria, si el Gobierno sostiene que la defensa de los recursos naturales argentinos debe ser transversal, no habría motivos para limitar las penalidades al sector petrolero.

La Oficina del Presidente informó el 3 de septiembre que Milei dispuso la firma de un decreto reglamentario y el envío de un proyecto de ley al Congreso como respuesta al avance de Sea Lion. En ese comunicado, la Casa Rosada afirmó que el Estado argentino debe usar herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales para defender la soberanía y los recursos del país.

Ley 26.659, Sea Lion y presión legislativa

La Ley 26.659 es el eje normativo de la discusión. El oficialismo busca modificarla para endurecer el régimen sancionatorio frente a compañías relacionadas con la exploración o explotación de hidrocarburos en Malvinas.

El peronismo intentará aprovechar ese debate para introducir cambios más amplios. La estrategia opositora apunta a correr a Milei en un terreno donde el Presidente pidió mostrar un frente unido: la defensa de la soberanía argentina sobre las islas.

En su comunicado oficial, el Gobierno sostuvo que "Malvinas no pertenece a un gobierno ni a un partido político" y que se trata de "una causa nacional". Ahora, la oposición busca llevar esa definición al plano legislativo y exigir que las sanciones alcancen a todos los sectores económicos vinculados a la explotación de recursos en el archipiélago.

La base naval de Tierra del Fuego, otro punto de tensión

Además de las pesqueras, Unión por la Patria analiza incluir otra condición en el debate: que la base naval integrada de Tierra del Fuego, cuya reactivación fue anunciada por Milei, no pueda ser operada por fuerzas extranjeras.

Ese punto apunta a blindar el control argentino sobre una infraestructura considerada estratégica para la proyección en el Atlántico Sur. La base fue presentada por el Gobierno como una herramienta clave para fortalecer la defensa, la seguridad marítima y la presencia nacional frente a Malvinas.

Para la oposición, el control de esa instalación debe quedar exclusivamente en manos argentinas. La discusión puede abrir otro capítulo de tensión si el oficialismo evita incorporar una cláusula explícita contra la participación operativa de fuerzas extranjeras.

RIGI y Harbour Energy, bajo la lupa

El bloque peronista también analiza pedir la creación de una comisión investigadora para determinar si empresas beneficiadas por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones tienen operaciones o vínculos con actividades en Malvinas.

El caso que ya quedó en el centro de la polémica es el de Harbour Energy, dueña del 15% de Southern Energy, una sociedad vinculada a uno de los principales proyectos de exportación de GNL del país. La compañía fue señalada por su relación con Premier Oil, declarada clandestina e inhabilitada por la Argentina por desarrollar actividades hidrocarburíferas en Malvinas.

Esa línea de investigación conecta el debate soberano con la política económica del Gobierno. El RIGI es una de las herramientas centrales de Milei para atraer inversiones, pero la oposición busca instalar que sus beneficios no pueden alcanzar a empresas con antecedentes o vínculos en zonas bajo disputa de soberanía.

Guillermo Michel y los beneficios fiscales al Reino Unido

En paralelo, el diputado peronista Guillermo Michel presentó un proyecto de ley para dejar sin efecto el convenio de doble imposición que otorga beneficios fiscales a empresas del Reino Unido que obtienen rentas en la Argentina.

Esa iniciativa forma parte de una ofensiva más amplia. El peronismo busca revisar no solo las sanciones a empresas que operen en Malvinas, sino también el esquema de ventajas fiscales, permisos y beneficios que puedan favorecer directa o indirectamente a compañías británicas o vinculadas al archipiélago.

La propuesta tiene un contenido político evidente: forzar al Gobierno a demostrar si está dispuesto a convertir el discurso soberano en medidas económicas concretas, incluso cuando puedan afectar intereses privados o proyectos de inversión.

El impacto político para Milei

El movimiento opositor golpea sobre una zona sensible para Javier Milei. El Presidente buscó relanzar la agenda Malvinas con un mensaje de unidad nacional, sanciones a petroleras y una estrategia de defensa de largo plazo. Pero el peronismo intenta llevar esa ofensiva a un terreno más incómodo: pesqueras, RIGI, beneficios fiscales y control militar de infraestructura estratégica.

La jugada busca exponer posibles contradicciones entre el discurso soberano y la política económica del Gobierno. Para la Casa Rosada, el desafío será sostener la bandera de Malvinas sin abrir conflictos con sectores empresariales o países con peso comercial.

En términos legislativos, el debate puede ordenar una agenda opositora que venía fragmentada. Malvinas funciona como una causa de alto consenso social, pero también como un terreno donde cada espacio intentará marcar quién defiende con más firmeza los intereses argentinos.

Qué puede pasar ahora en el Congreso

El próximo paso será el tratamiento del proyecto oficial para modificar la Ley 26.659. Allí, Unión por la Patria buscará incorporar al sector pesquero dentro del régimen de sanciones y sumar controles sobre empresas beneficiadas por el RIGI.

También podrían aparecer pedidos de informes sobre licencias, permisos, sociedades vinculadas y eventuales operaciones de compañías extranjeras tanto en Malvinas como en la costa continental argentina. El eje será determinar si hay empresas que actúan en los dos frentes y si el Estado debe bloquear o limitar esa situación.

Por ahora, el dato político ya está instalado: el peronismo tomó el discurso de Milei sobre Malvinas y lo convirtió en una presión legislativa para ampliar sanciones a pesqueras, revisar beneficios fiscales y controlar inversiones estratégicas.