Energía. Una petrolera sancionada por operar cerca de las islas integra un proyecto con beneficios del RIGI

Una empresa británica inhabilitada en Argentina por actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental cercana a las Islas Malvinas forma parte de un consorcio que recibió los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Así lo denunció el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), quien pidió explicaciones a los ministros Luis Caputo (Economía) y Pablo Quirno (Cancillería).

Se trata de Harbour Energy, que posee el 15% de Southern Energy. Este consorcio, impulsado principalmente por Pan American Energy, obtuvo en 2025 la aprobación del RIGI mediante la Resolución 559/2025 del Ministerio de Economía para un proyecto de producción y exportación de gas natural licuado desde el Golfo San Matías, en Río Negro, con una inversión estimada de más de 2.800 millones de dólares.

Harbour Energy es la misma persona jurídica que Premier Oil PLC. Según registros societarios del Reino Unido, ambas comparten el mismo número de inscripción y el cambio de denominación ocurrió en 2021.

Premier Oil fue inhabilitada en 2013 hasta 2028 por violar la Ley 26.659, que regula la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina, al operar sin autorización cerca de las Malvinas. Ferraro sostuvo que un simple cambio de nombre no extingue las sanciones ni crea una persona jurídica nueva.

La Ley 26.659 no solo penaliza a quien opera sin habilitación, sino que alcanza a accionistas y controlantes, y prohíbe al Estado contratar con esas empresas. El diputado calificó la situación como "inhabilitada por Malvinas, premiada por el RIGI" y cuestionó cómo una firma alcanzada por una inhabilitación vigente integró un proyecto que recibe exenciones impositivas, aduaneras y cambiarias de largo plazo.

El caso se da en un contexto de endurecimiento del discurso oficial sobre soberanía en las Malvinas y de procedimientos sancionatorios contra decenas de empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en aguas que Argentina considera propias.

No existen registros públicos que vinculen a Harbour Energy (o su antecesora Premier Oil) con el suministro de uranio al Reino Unido durante la Guerra de Malvinas de 1982. Las denuncias actuales se centran en exploración de hidrocarburos. Durante el conflicto, buques británicos transportaron armas nucleares tácticas (bombas de profundidad WE.177) como parte de su dotación habitual, según documentos desclasificados, aunque no hay evidencia de que se hayan utilizado. Argentina, por su parte, avanzaba en su propio programa nuclear, que culminó con el anuncio de enriquecimiento de uranio en 1983.

El RIGI busca atraer inversiones de gran escala con estabilidad fiscal por décadas. Southern Energy es uno de los proyectos energéticos que accedieron al régimen.

La denuncia de Ferraro abre un debate sobre consistencia entre la política de soberanía y los incentivos otorgados a empresas con antecedentes en la zona en disputa.

El Gobierno no ha emitido una respuesta pública detallada al pedido de informes al cierre de esta nota.