10 de septiembre de 2026
La oposición denunció una consultoría previa por $1.800 millones y un concurso de más de $31 mil millones para modernizar la Administración Tributaria Provincial. Dos firmas admitidas aparecen vinculadas al presidente de River.
Polémica. Zdero habría beneficiado con un millonario contrato a una empresa ligada a Di Carlo.
El gobierno de Leandro Zdero quedó bajo presión en Chaco por un contrato millonario vinculado a la Administración Tributaria Provincial. La polémica apunta a una consultoría previa por alrededor de $1.800 millones y a un concurso posterior de más de $31.000 millones para modernizar el organismo recaudador, en el que aparecen empresas relacionadas con Stefano Di Carlo, presidente de River Plate.
La denuncia fue impulsada por diputados provinciales del justicialismo, que pidieron investigar si la contratación inicial pudo haber servido como base técnica para una licitación mayor y si existió una posible ventaja informativa para firmas vinculadas al mismo entramado empresario. El caso toca un área sensible: la recaudación provincial, los sistemas tributarios y el acceso a datos fiscales de contribuyentes.
El foco de la denuncia está puesto en la ATP de Chaco, el organismo encargado de la administración tributaria provincial. Según el planteo opositor, primero se habría avanzado con una consultoría destinada a relevar sistemas y procesos internos por una cifra cercana a los $1.800 millones.
Esa contratación habría sido canalizada a través de ECOM Chaco S.A., la empresa tecnológica provincial. De acuerdo con la documentación mencionada por los denunciantes, órdenes de pago emitidas por la propia ATP registraron a ECOM como beneficiaria bajo el concepto de "Servicios de Consultoría y Asesoría en General".
Uno de los pagos identificados rondaría los $629 millones y habría sido imputado a la partida presupuestaria "Informática y Sistemas Computarizados". Para la oposición, esa diferencia entre concepto administrativo e imputación presupuestaria debe ser revisada por la Justicia y los organismos de control.
La presentación fue realizada por los diputados justicialistas Nicolás Slimel, Santiago Pérez Pons y Sebastián Benítez Molas. Los legisladores pidieron determinar la eventual responsabilidad penal de la administradora general de la ATP, Bibiana Massiel Kuncheff, del ministro de Hacienda y Finanzas, Alejandro Abraam, y de todos los funcionarios o particulares que hayan intervenido en la contratación.
Entre las hipótesis mencionadas aparecen posibles incumplimientos de deberes de funcionario público, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles, omisión o retardo de actos funcionales y malversación de caudales públicos. Hasta el momento, se trata de acusaciones que deberán ser evaluadas por las autoridades competentes.
Los denunciantes también solicitaron el secuestro urgente de expedientes, contratos, órdenes de pago, documentación informática y comunicaciones vinculadas a la operatoria. El objetivo es reconstruir quién hizo el diagnóstico, cómo se eligió al proveedor, cuánto se pagó y si hubo controles suficientes antes de avanzar con el proceso posterior.
El capítulo más sensible del caso aparece en el vínculo con Stefano Di Carlo, actual presidente de River. Según la denuncia, tres firmas mencionadas en torno al diagnóstico previo tienen relación con su universo empresario: ATS Sistemas y Gestión S.A., Think Solutions S.R.L. y Ronda 360 S.R.L.
Los diputados sostienen que no pudieron acceder al convenio donde constaría la identidad de la empresa efectivamente contratada para el diagnóstico. Por eso, remarcan que la investigación deberá determinar si alguna de esas compañías participó directa o indirectamente en la consultoría previa.
El propio Slimel expresó: "No tenemos el convenio donde aparecen las firmas porque justamente no lo muestran, fingieron demencia y nunca nos pasaron la documentación".
Ese punto es clave porque el caso no solo discute un pago ya realizado, sino también una posible continuidad entre el diagnóstico inicial y la licitación millonaria que ahora está en análisis.
El segundo tramo de la polémica es el Concurso Público N° 01/2026, gestionado a través de Fiduciaria del Norte, para contratar durante 48 meses una consultoría integral destinada a la modernización de la ATP.
El procedimiento contempla una contratación superior a los $31.000 millones. Tres empresas fueron admitidas en el proceso: Pogua Sistemas S.A., con una oferta de $32.976 millones; ATTI S.A., con una propuesta de $31.340 millones; y ATS Sistemas y Gestión S.A., que cotizó $31.521 millones por los cuatro años de contrato.
La controversia surge porque dos de las firmas admitidas, ATTI y ATS, aparecen señaladas por vínculos societarios o históricos con Di Carlo. En el caso de ATS, el presidente de River se habría desempeñado como director suplente hasta junio de 2024, mientras que la empresa quedó luego integrada por nombres cercanos a la conducción actual del club.
La discusión también tiene una dimensión institucional. El contrato de modernización de la ATP no se limita a soporte tecnológico: según los cuestionamientos opositores, podría permitir a una empresa privada intervenir sobre procedimientos internos, circuitos administrativos, sistemas de recaudación e información sensible.
Ese punto encendió alarmas porque la ATP administra datos patrimoniales y fiscales de contribuyentes chaqueños. Los cuestionamientos apuntan a si una consultora privada podría acceder a información protegida, participar en rediseños internos o condicionar áreas clave del organismo.
En publicaciones locales se advirtió que el pliego habilitaría a la firma ganadora a revisar procedimientos, proponer cambios, reorganizar tareas y trabajar sobre integración de datos con organismos como Catastro y el Registro de la Propiedad. Esa lectura alimentó la acusación de una posible "privatización encubierta" del corazón financiero del Estado provincial.
Desde la ATP, la administradora Bibiana Massiel Kuncheff vinculó la contratación con incidentes de seguridad informática sufridos durante 2025 y con reclamos internos por la obsolescencia de la infraestructura digital del organismo.
Según esa explicación, la intervención de ECOM Chaco tuvo como objetivo identificar y eventualmente implementar soluciones integrales para mejorar la eficiencia recaudatoria, optimizar la atención a contribuyentes y fortalecer la seguridad de la información.
La funcionaria sostuvo, además, que los trabajos estuvieron circunscriptos a aspectos técnicos de diagnóstico y mejora de sistemas, sin implicar delegación, transferencia ni tercerización de funciones propias de la ATP.
El caso tiene un antecedente relevante. La Fiscalía de Investigaciones Administrativas, a cargo de Gustavo Leguizamón, analizó una presentación previa vinculada a posibles irregularidades en contrataciones de la ATP y resolvió archivar esas actuaciones.
En esa instancia, la FIA consideró que no se había acreditado la comisión de un hecho ilícito ni una falta administrativa con perjuicio al erario público. Sin embargo, el expediente dejó asentado un dato que volvió a alimentar la polémica: la propia ATP reconoció que los incidentes informáticos y las deficiencias tecnológicas fueron el punto de partida para recurrir a ECOM.
Ese antecedente no cierra el debate político. La nueva denuncia apunta a reconstruir la secuencia completa: consultoría inicial, diagnóstico técnico, elaboración del pliego, concurso público y participación de empresas vinculadas directa o indirectamente a Di Carlo.
La polémica golpea a Leandro Zdero en un área sensible de gestión. La modernización tributaria puede ser presentada como una necesidad administrativa, pero el volumen del contrato, la falta de información pública completa y los vínculos empresarios denunciados abrieron un frente opositor de alto impacto.
El caso también expone una tensión entre eficiencia estatal y control público. Un gobierno puede buscar actualizar sistemas, mejorar recaudación y fortalecer seguridad informática, pero cuando esos cambios involucran miles de millones de pesos y acceso a datos sensibles, la transparencia del proceso se vuelve central.
Para la oposición chaqueña, el caso permite instalar una sospecha de direccionamiento o conflicto de intereses. Para el oficialismo provincial, el desafío será mostrar documentación, explicar los procedimientos y demostrar que no hubo ventajas para ninguna empresa.
El próximo paso será la evolución de la denuncia penal y el avance del concurso en Fiduciaria del Norte. La clave estará en determinar si la consultoría de $1.800 millones tuvo relación directa con el pliego posterior y si las empresas vinculadas a Di Carlo contaron o no con información privilegiada.
También será central conocer si el gobierno chaqueño publica el convenio, los expedientes administrativos, los dictámenes técnicos y las evaluaciones de ofertas. Sin esa documentación, la discusión política puede escalar en la Legislatura y en los organismos de control.
Por ahora, la denuncia dejó a Leandro Zdero frente a un nuevo frente político: un contrato millonario para modernizar la ATP, fondos públicos en juego y empresas que la oposición vincula con el joven presidente de River.
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