10 de septiembre de 2026
Fugro NV, incluida en el listado de empresas investigadas por el Gobierno por sus vínculos con el proyecto petrolero, obtuvo un contrato para Argentina LNG. El proyecto de la firma estatal, ENI y XRG busca beneficios del RIGI y prevé inversiones por US$ 51.000 millones.
Disyuntiva. El caso expone una tensión entre la ofensiva de Javier Milei por Malvinas y la necesidad de sostener proveedores internacionales para proyectos estratégicos como Argentina LNG.
La agenda por Malvinas volvió a cruzarse con el plan energético del Gobierno de Javier Milei. La neerlandesa Fugro NV, una de las empresas incluidas en el listado oficial de compañías investigadas por posibles vínculos con el proyecto petrolero Sea Lion, obtuvo un contrato para trabajar en Argentina LNG, el megaproyecto exportador de GNL liderado por YPF junto a ENI y XRG.
El caso abre una tensión política y económica para la Casa Rosada. Mientras el Gobierno promete sancionar a empresas que participen en actividades hidrocarburíferas en Malvinas sin autorización argentina, una compañía bajo análisis aparece vinculada a una de las apuestas más importantes de YPF para convertir a la Argentina en exportadora global de gas natural licuado.
Fugro NV es una compañía neerlandesa de servicios geotécnicos, topográficos y geofísicos para la industria energética. La empresa fue mencionada dentro del universo de firmas investigadas por el Gobierno argentino por presuntos vínculos con actividades vinculadas a Sea Lion, el proyecto petrolero offshore que impulsa la israelí Navitas Petroleum junto a Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte.
En paralelo, Fugro informó que fue contratada para prestar servicios en Argentina LNG, el proyecto que YPF desarrolla con socios internacionales en el Golfo San Matías, en Río Negro. La tarea incluye estudios de topografía, geofísica y análisis meteoceánicos para infraestructura offshore y costera.
La contradicción queda expuesta en el momento político: la misma administración que endureció su ofensiva por Malvinas debe ahora explicar cómo una empresa bajo investigación puede participar en un proyecto estratégico de la petrolera de control estatal.
Argentina LNG es uno de los proyectos centrales de la estrategia energética nacional. Liderado por YPF, con participación de la italiana ENI y la emiratí XRG, prevé una inversión acumulada estimada en US$ 51.000 millones para desarrollar infraestructura de exportación de gas natural licuado.
La iniciativa está vinculada al potencial de Vaca Muerta y al objetivo de transformar el gas neuquino en un producto exportable a gran escala. El plan ya fue presentado para acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, el RIGI, que ofrece ventajas fiscales, aduaneras y cambiarias para proyectos estratégicos.
La magnitud del proyecto explica la sensibilidad del caso. Cualquier conflicto regulatorio, judicial o diplomático con proveedores internacionales puede impactar sobre plazos, financiamiento y costos de una obra que el Gobierno considera clave para sumar dólares y consolidar a la Argentina como potencia energética.
El Gobierno nacional viene de escalar su estrategia contra empresas vinculadas a actividades petroleras en Malvinas. La Cancillería, encabezada por Pablo Quirno, avanzó con denuncias y procedimientos administrativos contra compañías que, según la Casa Rosada, habrían participado en tareas de exploración o explotación hidrocarburífera sin autorización argentina.
El foco principal está puesto en Sea Lion, un proyecto ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. Para el Gobierno, esas operaciones violan la Ley 26.659, que establece restricciones para empresas que desarrollen actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin permiso de las autoridades nacionales.
La administración Milei busca que las compañías proveedoras de insumos, servicios, logística, financiamiento o tecnología elijan entre operar en la Argentina continental o seguir vinculadas a proyectos en Malvinas. En ese marco, el caso Fugro se convierte en una prueba concreta para la aplicación de esa línea política.
Fugro no es el único caso que genera ruido. En el proyecto Vaca Muerta Sur, también liderado por YPF y orientado a ampliar la capacidad exportadora de petróleo desde la cuenca neuquina, ya habían aparecido proveedores señalados por vínculos con Sea Lion.
Uno de ellos es Bluewater Energy Services, firma que participó en componentes del oleoducto y que también quedó bajo investigación por su eventual relación con proyectos en Malvinas. Esa situación instaló una alerta dentro del sector hidrocarburífero: varias empresas globales de servicios trabajan en distintos países y pueden aparecer, directa o indirectamente, en proyectos bajo disputa de soberanía.
El problema para la Argentina es operativo. La industria energética depende de una red internacional de proveedores especializados, bancos, aseguradoras, astilleros y firmas de ingeniería. Si las sanciones se aplican de manera amplia, el Gobierno podría tensionar proyectos estratégicos de Vaca Muerta y del GNL.
La discusión también golpea sobre el RIGI, una de las herramientas más importantes del Gobierno para atraer inversiones. El régimen garantiza estabilidad jurídica por 30 años, pero la ofensiva por Malvinas introdujo nuevas exigencias y declaraciones juradas vinculadas a la no participación en actividades económicas en las islas.
Esa modificación generó preocupación en el sector energético. El punto sensible es si el Estado puede agregar condiciones después de haber prometido reglas estables para inversiones de largo plazo.
El especialista Juan José Carbajales, director del Instituto del Gas y del Petróleo de la UBA, advirtió que la decisión puede tener fundamento soberano, pero también riesgos económicos. En especial, porque el desarrollo de Vaca Muerta necesita proveedores y financiamiento internacional, muchas veces con vínculos empresariales o financieros en Londres.
El caso Fugro resume un dilema más amplio para el Gobierno de Milei. Por un lado, la Casa Rosada busca mostrarse firme en la defensa de la soberanía argentina sobre Malvinas y promete sancionar a empresas que participen en actividades hidrocarburíferas no autorizadas. Por otro, necesita sostener proyectos energéticos gigantescos que dependen de actores globales.
Para YPF, la situación también es delicada. La empresa que preside Horacio Marín tiene como prioridad avanzar con Argentina LNG y conseguir financiamiento internacional para una obra que puede cambiar la matriz exportadora del país. Pero la aparición de proveedores bajo investigación obliga a revisar contratos, antecedentes y eventuales riesgos regulatorios.
La tensión no es solo jurídica. También es política: el Gobierno deberá demostrar si su ofensiva por Malvinas tendrá consecuencias concretas sobre empresas que trabajan en proyectos nacionales o si habrá excepciones para no afectar desarrollos estratégicos.
El próximo paso será determinar si la investigación oficial confirma la participación de Fugro NV en actividades vinculadas a Sea Lion y si esa situación genera incompatibilidades con su contrato para Argentina LNG.
También habrá que observar si YPF revisa el vínculo con la compañía, si el Gobierno exige nuevas declaraciones juradas o si el caso se suma a los planteos legislativos de la oposición sobre empresas con vínculos en Malvinas.
Por ahora, el dato político y económico es claro: una empresa investigada por sus posibles vínculos con operaciones en Malvinas trabaja en el principal proyecto exportador de GNL de YPF, justo cuando Milei busca endurecer sanciones y, al mismo tiempo, atraer inversiones históricas para Vaca Muerta.
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