Política. Karina Milei mueve fichas en la Justicia electoral antes de la pelea por las PASO

La negociación entre Karina Milei, los gobernadores y el armado judicial del Gobierno suma un nuevo capítulo: hay once juzgados electorales vacantes o con titulares provisorios en provincias clave de Argentina. Son cargos sensibles porque los jueces federales de primera instancia no solo tramitan causas federales, sino que también intervienen en la organización de elecciones y el control de los partidos políticos en cada distrito.

El tablero está bajo la órbita del ministro Juan Bautista Mahiques, que participa de las negociaciones judiciales de la Casa Rosada y busca ordenar nombramientos en medio de una agenda más amplia: la discusión por el Presupuesto 2027, la eventual eliminación de las PASO y las futuras vacantes en la Corte Suprema.

Juzgados electorales vacantes: las provincias en disputa

Los distritos bajo la lupa son Río Negro, Neuquén, San Juan, Santa Fe, Mendoza, Córdoba, Corrientes, Tucumán, Jujuy, Chaco y Misiones. Allí, el juzgado federal de primera instancia N° 1 está vacante, ocupado por subrogantes o a cargo de magistrados trasladados desde otra jurisdicción, mientras se definen los procesos para designar titulares definitivos.

La relevancia política de esos cargos es directa. En las provincias, los juzgados con competencia electoral tienen incidencia sobre procesos electorales, partidos, candidaturas y funcionamiento institucional del sistema político local. Por eso, los gobernadores suelen seguir de cerca quién queda al frente de esos despachos.

La Casa Rosada tiene una herramienta de negociación importante: el Poder Ejecutivo debe seleccionar candidatos y enviar pliegos al Senado en varios de esos casos. Esa instancia puede abrir conversaciones con mandatarios provinciales que necesitan incidir en la definición de jueces con poder electoral en sus territorios.

Karina Milei, Mahiques y la negociación con gobernadores

El Consejo de la Magistratura ya elevó al Ejecutivo las ternas para cubrir juzgados federales de primera instancia en Viedma, Tucumán, San Juan y Corrientes. En Río Negro, Tucumán y San Juan, los envíos datan de 2024, mientras que Corrientes se sumó en junio de 2026.

Para San Juan, la terna está integrada por Luis Recio Bogni, Gema Guillén Correa y Gonzalo Gasull. Para Viedma, figuran Leandro Gómez Constenla, Carlos Oneto y Verónica Medina. En Tucumán, los nombres son Carlos Oneto, Carlos Saltor y Solana Casella. Para Corrientes, aparecen Diómedes Rojas Busellato, Juan Carlos Vallejos y María del Carmen Mareco.

La definición queda ahora en manos del Presidente, que debe enviar los pliegos al Senado. Esa decisión dependerá de las conversaciones de la Casa Rosada con Alberto Weretilneck en Río Negro, Osvaldo Jaldo en Tucumán, Marcelo Orrego en San Juan y Juan Pablo Valdés en Corrientes, gobernadores que hasta ahora se movieron como aliados del Gobierno nacional.

El movimiento tiene impacto institucional porque vincula cargos judiciales sensibles con la búsqueda de acuerdos políticos. Para el oficialismo, la designación de jueces federales en provincias puede convertirse en una pieza clave para ordenar relaciones con mandatarios, acumular respaldo legislativo y avanzar con reformas electorales.

Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Neuquén, con procesos demorados

Otros casos aparecen más retrasados. Los juzgados de Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Neuquén todavía tienen candidatos en proceso de selección dentro del Consejo de la Magistratura, ya sea en etapa de evaluación de antecedentes o de entrevistas personales ante la Comisión de Selección, presidida por María Fernanda Vázquez. En Neuquén, el proceso ni siquiera cuenta aún con jurado sorteado.

La demora podría extenderse porque el Consejo ingresará en una etapa de menor actividad por la renovación de cuatro representantes de los magistrados, que irán a elecciones el 8 de octubre. Hasta que se defina esa nueva composición, los concursos podrían quedar frenados.

Ese calendario condiciona los tiempos del Gobierno. Aunque la Casa Rosada busque acelerar nombramientos, una parte del tablero depende de los plazos internos del Consejo y de la posterior tramitación legislativa en el Senado.

Chaco, Jujuy y Misiones: traslados y cargos no definitivos

Los juzgados con competencia electoral de Resistencia, San Salvador de Jujuy y Posadas también esperan definiciones. En esos casos, los cargos están ocupados por magistrados trasladados, por lo que no ejercen como titulares definitivos y deben concursar para permanecer, de acuerdo con el criterio fijado por la Corte Suprema en el fallo sobre los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi de noviembre de 2020.

En Chaco, la jueza Zunilda Niremperger está a cargo del juzgado federal de Resistencia, aunque es titular del juzgado de Luis Sáenz Peña. Fue trasladada en 2015 por decreto de Cristina Fernández de Kirchner y el Senado aprobó su traslado en 2020. Además, se presentó a concurso para ocupar una silla en la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia y quedó primera en la terna.

En Misiones, la jueza María Verónica Skanata, designada para el juzgado federal de Oberá, fue trasladada en 2015 y obtuvo aprobación del Senado a comienzos de 2020. En Jujuy, el juzgado federal N° 1 está a cargo de Esteban Hansen, quien recibió acuerdo del Senado para Libertador General San Martín y fue trasladado en 2018 a la capital provincial por decreto de Mauricio Macri.

PASO, Presupuesto 2027 y Corte Suprema: el trasfondo político

La discusión por los juzgados electorales vacantes se cruza con una agenda política más amplia. La Casa Rosada necesita votos para temas sensibles como la eliminación de las PASO, el tratamiento del Presupuesto 2027 y eventuales acuerdos por las vacantes de la Corte Suprema.

En ese contexto, los cargos con competencia electoral pueden funcionar como una moneda de negociación de alto valor para los gobernadores. No se trata solo de designaciones judiciales: son juzgados que intervienen en reglas de juego electorales, partidos y procesos provinciales.

Para Javier Milei, Karina Milei y Mahiques, el desafío será administrar ese tablero sin profundizar tensiones con aliados provinciales ni abrir nuevos frentes en el Senado. La negociación judicial aparece así como una pieza central del esquema de poder que el Gobierno intenta consolidar hacia el próximo año político.