Judiciales. Lobos: la Justicia complica al intendente Etcheverry por viviendas sin entregar

La Justicia Contencioso Administrativa de La Plata admitió este viernes una acción de amparo por la falta de terminación de 30 viviendas sociales en el municipio bonaerense de Lobos. La decisión judicial adoptada en el fuero provincial resulta de fuerte relevancia para la gestión pública de Argentina, ya que obliga a la administración municipal conducida por el intendente Jorge Etcheverry a presentar informes detallados sobre la ejecución presupuestaria, las certificaciones pagadas y las razones de las demoras en las obras del Barrio Amarillo.

Qué pasó en Lobos y por qué la Justicia admitió el amparo por las viviendas inconclusas

La presentación judicial fue impulsada por un grupo de vecinas del distrito tras el silencio de la comuna ante un pedido formal de acceso a la información pública elevado el pasado 23 de julio. Ante la falta de respuesta sobre el destino de los recursos económicos, las demandantes acudieron a los tribunales denunciando una denegatoria injustificada y la vulneración del derecho a la transparencia administrativa.

El amparo cuestiona el estado de abandono del complejo habitacional, cuyas obras comenzaron hace casi una década y acumulan adendas presupuestarias, convenios con el Instituto de la Vivienda bonaerense (IVBA) y adjudicaciones millonarias sin que las propiedades hayan alcanzado la habitabilidad mínima. Las fotos del expediente muestran estructuras a medio construir, sin aberturas ni instalaciones básicas.

Quiénes están involucrados y el rol de la gestión municipal de Jorge Etcheverry

El reclamo judicial apunta directamente a la administración del intendente Jorge Etcheverry, quien conduce el municipio de Lobos de manera ininterrumpida desde 2015. Al tratarse de un proceso desarrollado bajo la misma conducción política, los demandantes remarcan que el estancamiento no responde a un cambio de gestión local, sino a fallas en la ejecución operativa y en el control del gasto público municipal.

Asimismo, el expediente pone la lupa sobre los convenios celebrados con la provincia de Buenos Aires, los cuales incluyeron renegociaciones de contratos e inversiones que superaron los 1.400 millones de pesos sin lograr el objetivo de entregar las llaves a las familias adjudicatarias. Con la admisibilidad del amparo, el municipio deberá remitir en un plazo perentorio la documentación oficial.

El impacto político y las consecuencias para la transparencia en la provincia de Buenos Aires

El fallo abre un precedente clave respecto a la responsabilidad de los gobiernos locales de rendir cuentas sobre las obras públicas financiadas con fondos estatales en Argentina. La resolución exige fundamentar el destino de las partidas presupuestarias y aclarar la relación contractual con las empresas constructoras contratadas a lo largo del proceso.

De confirmarse irregularidades en el manejo de las certificaciones o en el archivo de los legajos de obra, el caso podría derivar en denuncias penales o acciones ante el Tribunal de Cuentas provincial. Mientras la discusión avanza en los tribunales platenses, las familias afectadas aguardan respuestas concretas para acceder finalmente a una vivienda digna en el conurbano y el interior bonaerense.