12 de septiembre de 2026
El Gobierno incluirá el financiamiento en el Presupuesto 2027 y busca acelerar una obra estratégica para el Atlántico Sur. Quirno y Presti recorrieron el predio en Tierra del Fuego junto a autoridades provinciales.
El Gobierno de Javier Milei destinará más de $300.000 millones a la construcción y puesta en marcha de la Base Naval Integrada en Ushuaia, una obra que la Casa Rosada presenta como parte de su nueva estrategia por Malvinas y por el posicionamiento argentino en el Atlántico Sur. El monto será incorporado en el Presupuesto 2027, que el Ejecutivo enviará al Congreso Nacional para su tratamiento.
La decisión llega en medio de una agenda marcada por el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, las tensiones con el Reino Unido y el intento oficial de mostrar capacidad concreta de acción en el extremo austral. El canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, estuvieron en las instalaciones donde se ejecutará la obra, cuya finalización está prevista para 2029.
El financiamiento de la Base Naval Integrada en Ushuaia será uno de los capítulos sensibles del Presupuesto 2027. Según la información oficial difundida, el Gobierno buscará blindar esa partida dentro del esquema general de gastos públicos del próximo año y sostener la ejecución de la obra sin recurrir a financiamiento externo.
Presti confirmó que el gasto saldrá "de los propios recursos del Estado" y remarcó que no se apelará a crédito internacional para cubrir la inversión. El ministro sostuvo: "El gobierno a través del Presidente ha determinado que, manteniendo el equilibrio fiscal, los recursos están".
La frase apunta a ordenar uno de los puntos más delicados para la administración libertaria: cómo financiar una obra de infraestructura militar de alto costo sin alterar el eje central del discurso económico oficial, basado en el equilibrio fiscal y el control del gasto público.
En paralelo, el Gobierno ya venía trabajando en reasignaciones presupuestarias para Defensa. Según publicó TN, el Ejecutivo había reasignado US$142 millones del presupuesto nacional para avanzar con esta iniciativa y otros proyectos estratégicos de seguridad nacional.

La obra se inscribe en una estrategia más amplia de defensa, soberanía y presencia logística en el sur argentino. La Casa Rosada busca convertir a Tierra del Fuego en una plataforma clave para el Atlántico Sur y la Antártida, dos áreas de valor geopolítico para la Argentina.
Presti afirmó que Milei ordenó que "se muestren hechos, no palabras" y que se le dé impulso a la construcción de esta capacidad. En esa línea, cuestionó la demora histórica del proyecto al señalar: "Hace 40 años que todos miran para otro lado y nadie la materializa".
El planteo oficial busca asociar el reclamo por Malvinas con una decisión concreta de infraestructura. La base no solo aparece como una obra militar, sino también como un punto logístico para operaciones vinculadas con el sur del país, la navegación austral y la conexión con la Antártida.
Quirno reforzó esa lectura y sostuvo que se trata de "una base argentina con sus propios recursos", ideada desde hace décadas y ahora encaminada a iniciar su construcción. También aclaró que la eventual utilización logística por parte de otros países no modifica el carácter nacional del proyecto.
Durante la visita a Ushuaia, Quirno y Presti recorrieron el espacio donde se levantará la Base Naval Integrada. Estuvieron acompañados por especialistas y técnicos de las Fuerzas Armadas, con quienes evaluaron las características del terreno y los desafíos logísticos que implicará el desarrollo de la obra.
La presencia de los funcionarios nacionales en Tierra del Fuego tuvo también un fuerte componente político. Ambos mantuvieron una reunión institucional con el gobernador fueguino, Gustavo Melella, y la vicegobernadora Mónica Urquiza, en la sede de la Gobernación.
Según se informó, en ese encuentro se abordó el proyecto de la base y Melella manifestó su "predisposición para colaborar con la iniciativa". El gesto no es menor: la obra requiere coordinación entre Nación, provincia, Fuerzas Armadas y áreas técnicas, en un territorio estratégico para la política exterior argentina.
La decisión de destinar más de $300.000 millones a la base naval llega en un momento en el que Milei intenta reposicionar la cuestión Malvinas dentro de la agenda nacional e internacional. El Gobierno también anunció medidas contra empresas vinculadas a operaciones en las islas sin autorización argentina, en una estrategia que combina diplomacia, presión económica e infraestructura de defensa.
El punto sensible será el debate legislativo. Al incluir la inversión en el Presupuesto 2027, la Casa Rosada deberá defender ante el Congreso una partida millonaria para Defensa en un contexto de ajuste, demandas sociales y discusión por la distribución de recursos.
Para el oficialismo, la base puede convertirse en una bandera política de soberanía y presencia territorial. Para la oposición, el debate probablemente pasará por el origen de los fondos, los plazos de ejecución, los controles parlamentarios y el contraste entre obra pública restringida y nuevas inversiones militares.
La finalización prevista para 2029 muestra que el proyecto excede el calendario político inmediato. Si avanza, la Base Naval Integrada de Ushuaia podría convertirse en una obra estructural para el despliegue argentino en el extremo sur y para la logística vinculada con el Atlántico Sur y la Antártida.
El desafío será transformar el anuncio en ejecución concreta. La obra ya había sido mencionada en años anteriores, pero su avance quedó condicionado por financiamiento, prioridades presupuestarias y decisiones políticas. El Gobierno ahora busca mostrar que el proyecto pasa de la planificación a la construcción efectiva.
En términos políticos, la jugada tiene un objetivo claro: reforzar el reclamo argentino por Malvinas con una señal de presencia estatal en Tierra del Fuego. El resultado dependerá de la aprobación presupuestaria, la capacidad de ejecución del Ministerio de Defensa y la continuidad de una estrategia que combina soberanía, infraestructura y poder geopolítico.
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