Política. Banco Nación: investigan un crédito de $52.600 millones a una empresa ligada al FIFAgate

El Banco Nación quedó en el centro de una fuerte controversia interna y judicial por la tramitación de un crédito de más de $52.600 millones para financiar un desarrollo inmobiliario en Mar del Plata. La empresa beneficiaria era Jardines de Chauvín SA, una sociedad constituida en junio de 2024, sin obras previas, sin ingresos declarados y con balance en rojo, cuyo socio mayoritario es Mariano Jinkis, empresario vinculado al escándalo internacional del FIFAgate.

El caso escaló porque Pablo Pourrere, gerente zonal Atlántica del Banco Nación, se negó por escrito a firmar la operación. Seis días después, desde Buenos Aires le notificaron su traslado a Santa Fe, a unos 1.300 kilómetros de su casa y de su familia. La medida quedó suspendida por una cautelar del juez federal subrogante de Mar del Plata, Bernardo Bibel, quien consideró que el traslado "prima facie no se encontraría debidamente fundado en razones objetivas y técnicas".

Banco Nación y el crédito millonario bajo sospecha

La operación apuntaba a financiar la construcción de dos torres de 23 y 16 niveles, con 238 unidades funcionales, sobre un terreno de 5.700 metros cuadrados ubicado en la calle Larrea 2850, en el barrio Chauvín de Mar del Plata. En Jardines de Chauvín SA, Mariano Jinkis figura como dueño del 90% de las acciones, mientras que Guido Murgier posee el 10% restante y también aparece como garante solidario del emprendimiento.

El dato sensible es que, según la auditoría interna del propio banco, el crédito no habría comenzado a tramitarse desde Mar del Plata ni por iniciativa directa de los desarrolladores inmobiliarios. El impulso inicial habría partido desde áreas de la Casa Central en Buenos Aires, que mantuvieron contactos durante 2025 con el estudio de arquitectos vinculado al proyecto.

Esa secuencia abrió interrogantes sobre los criterios de evaluación, los controles de riesgo y el circuito interno utilizado para una asistencia financiera de semejante magnitud. En un banco público, el análisis de antecedentes, garantías, integridad y capacidad de repago resulta especialmente sensible porque involucra recursos de una entidad estatal.

Las objeciones del gerente que se negó a firmar

Pourrere planteó sus primeras objeciones a fines de diciembre. Señaló que Jardines de Chauvín SA estaba en su primer ejercicio económico, tenía un balance irregular, no presentaba ingresos y registraba resultado final negativo. También advirtió que en la documentación se consignaban antecedentes de obras de 2014, 2017, 2020 y 2021, aunque la sociedad había sido constituida recién en 2024.

Además, pidió que una evaluadora externa analizara el proyecto. Esa tasación ubicó el emprendimiento en US$35,6 millones, equivalentes a $52.638 millones al tipo de cambio vigente. Sin embargo, luego apareció un error en documentación enviada desde Buenos Aires: se tomó el monto en dólares como si fueran pesos y se indicó que el proyecto costaría $35.600 millones.

La corrección elevó el monto a los más de $52.600 millones, pero la documentación no habría llegado de inmediato a la gerencia zonal. También se demoró el envío del informe de la Subgerencia General de Integridad que advertía sobre el rol de Jinkis en el FIFAgate y recomendaba aplicar un "criterio reforzado de debida diligencia" si se avanzaba con el financiamiento.

Mariano Jinkis, el FIFAgate y el riesgo reputacional

El nombre de Mariano Jinkis le agrega peso político y judicial al caso. Junto a su padre, Hugo Jinkis, admitió en Estados Unidos que pagó sobornos a dirigentes del fútbol sudamericano por decenas de millones de dólares entre 2010 y 2015. La admisión formó parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia norteamericano en el marco de la investigación global conocida como FIFAgate.

Ese antecedente fue uno de los factores que alimentó el riesgo reputacional dentro del Banco Nación. La auditoría interna terminó señalando "deficiencias" e "inconsistencias" en el procedimiento, "debilidades en la documentación de respaldo", falta de experiencia comprobable de la empresa en construcción de viviendas y ausencia de documentación que acreditara el vínculo entre el estudio de arquitectos y Jardines de Chauvín SA.

El informe también identificó riesgos de "posible inadecuado otorgamiento de préstamo", eventuales pérdidas económicas para la institución y riesgo reputacional. Aunque aclaró que las observaciones podían ser subsanables y no invalidaban todo el proceso, el crédito terminó siendo denegado el 18 de mayo por la Gerencia Desarrollo y Gestión de Productos Hipotecarios.

El traslado de Pourrere y la cautelar judicial

El capítulo laboral terminó de escalar el caso. Pourrere, con 36 años de trayectoria en el Banco Nación y diez como gerente zonal, denunció que su traslado a Santa Fe fue una represalia por haberse negado a validar la operación. La resolución del directorio estaba fechada el 20 de febrero, pero le fue notificada el 25 de marzo, luego de sus objeciones.

El juez Bernardo Bibel hizo lugar a la cautelar y frenó el traslado. Para resolver, tuvo en cuenta el dictamen del fiscal federal Daniel Adler, las inconsistencias denunciadas por el gerente y las observaciones de la auditoría interna. También consideró que la resolución del directorio no había sido adjuntada en los correos que la invocaban, lo que podía afectar el derecho de defensa del empleado.

La decisión judicial no cierra el fondo del conflicto, pero obliga al Banco Nación a explicar ante la Justicia federal de Mar del Plata la secuencia administrativa, la tramitación del crédito y los motivos del traslado.

La respuesta del Banco Nación

Consultado por el diario La Nación, el Banco Nación defendió su actuación interna, sostuvo que el crédito no fue otorgado y rechazó que el traslado de Pourrere estuviera vinculado con sus objeciones. La entidad afirmó que se trató de procesos institucionales independientes y de naturaleza distinta.

Según la posición oficial del banco, la denegatoria del financiamiento fue adoptada por la Gerencia de Desarrollo y Gestión de Productos Hipotecarios el 18 de mayo, mientras que el traslado se originó en una resolución del directorio del 20 de febrero, anterior al inicio de la auditoría y al rechazo definitivo del crédito.

El BNA anticipó que se presentará ante la Justicia para ejercer su defensa frente a la cautelar. Ese paso será clave para determinar si el traslado tuvo una justificación administrativa autónoma o si, como sostiene Pourrere, estuvo relacionado con su negativa a firmar la financiación.

Qué puede significar para el Gobierno

El caso golpea sobre un punto sensible para el Gobierno: la administración de un banco público con fuerte peso político, económico y territorial. El Banco Nación es una herramienta central de financiamiento para empresas, productores, pymes y familias, por lo que cualquier sospecha sobre créditos millonarios, controles internos o presiones administrativas puede derivar en costo institucional.

La controversia también se suma a otros debates recientes alrededor de la entidad, como los cuestionamientos por créditos otorgados a funcionarios y legisladores libertarios. En ese contexto, la nueva denuncia vuelve a poner bajo la lupa la gobernanza interna del banco, sus mecanismos de control y el uso de recursos públicos.

Para la Casa Rosada, el riesgo no está solo en si el crédito fue finalmente otorgado o no. La preocupación política pasa por el procedimiento, las alertas internas, el perfil del eventual beneficiario y el traslado del funcionario que objetó la operación. Si la Justicia avanza, el caso puede convertirse en un nuevo frente de desgaste para el oficialismo.