Poder. El nuevo zar del agro redobla la apuesta: tras quedarse con Vicentin, busca desembarcar en SanCor

El empresario rosarino Mariano Grassi, presidente de La Nueva Vicentin Argentina, busca sumar un nuevo capítulo a su acelerada expansión. Luego de quedarse con la histórica agroexportadora mediante el proceso de cramdown, presentó una oferta de US$3,5 millones para comprar Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), la compañía quebrada que fabricaba los yogures, flanes y postres de SanCor.

La propuesta incluye las plantas industriales ubicadas en Arenaza, partido bonaerense de Lincoln, y Monte Cristo, Córdoba, además del centro de distribución y un conjunto de reconocidas marcas. Entre ellas aparecen Yogs, Shimy, SanCorito, Sublime, Vida, Primeros Sabores y Lechelita.

Con su nueva oferta, Grassi intenta superar a los demás grupos interesados y extender el entramado de negocios construido alrededor de la antigua Vicentin. El empresario ya depositó US$350.000, equivalente al 10% de la propuesta, para garantizar la seriedad de la operación.

La pelea por los activos de SanCor

La quiebra de ARSA despertó el interés de diferentes jugadores de la industria alimenticia. ELCOR, empresa de la familia Piazza y propietaria de la marca Tonadita, ofreció US$1 millón por la fábrica de Arenaza y las etiquetas de flan casero. Además, propuso otros US$450.000 por el resto de las marcas de yogures y postres.

Por su parte, un grupo integrado por empresarios pymes cordobeses presentó una oferta de US$1,5 millones por la planta y el centro logístico de Monte Cristo. La sociedad está conformada por Márquez, Sferco, Rivarola, Manso, Villafañe y Kupferman.

También trascendió una propuesta de Adecoagro por US$3 millones, aunque la compañía no formalizó su participación ante el tribunal que interviene en la quiebra.

Frente a esas ofertas parciales, Vicentin propuso US$3,5 millones por el paquete completo. La presentación fue declarada irrevocable y supera individualmente las cifras ofrecidas por sus competidores para cada uno de los activos.

De Vicentin al negocio lácteo

ARSA entró en concurso preventivo durante 2024, dejó de producir el 13 de mayo de 2025 y terminó en quiebra en octubre de ese mismo año. El derrumbe provocó el despido de más de 400 trabajadores y dejó paralizadas dos plantas con capacidad instalada para retomar rápidamente la fabricación.

Desde 2021, la empresa había sido administrada por el grupo venezolano Maralac, que también gestionó La Suipachense. Sin embargo, sus propietarios eran las familias Vicentin, Nardelli, Padoan y Buyatti, integrantes del entramado societario de Vicentin Family Group.

Los exempleados denunciaron que la compañía fue vaciada y que quedaron salarios e indemnizaciones sin pagar. "Los venezolanos abandonaron, la vaciaron y no le pagaron a nadie, nos dejaron en la calle, a mí con casi 20 años me deben $70 millones", aseguró uno de los trabajadores de Arenaza.

Grassi llega a la disputa con una posición particular. Además de conducir La Nueva Vicentin, es el principal acreedor verificado de ARSA y recibió, como parte de los activos de la cerealera, el 1% de las acciones de la láctea y créditos originados en préstamos concedidos por la antigua Vicentin.

A partir de esa participación, el empresario solicitó que la Justicia le reconozca un derecho de preferencia. Si el juez acepta el planteo, podría igualar cualquier oferta superior que aparezca durante un procedimiento competitivo.

El plan de Grassi para ampliar su poder agroindustrial

Grassi se quedó con Vicentin tras imponerse en el cramdown, mecanismo destinado a evitar la liquidación definitiva de una empresa concursada. Su propuesta contempla sostener la producción y devolver alrededor de US$400 millones a los acreedores que continúen entregando granos durante los próximos diez años.

La posible adquisición de ARSA mostraría que su proyecto no termina en el negocio cerealero. Con una inversión relativamente baja, La Nueva Vicentin incorporaría plantas listas para producir, marcas conocidas y una puerta de entrada al mercado de alimentos de consumo masivo.

El interés empresario también responde a la crisis que atraviesa la industria láctea. SanCor, Lácteos Verónica y La Suipachense acumulan graves dificultades financieras, deudas y plantas paralizadas. Para los compradores, esas quiebras representan la oportunidad de adquirir capacidad productiva y etiquetas instaladas por valores inferiores a los que demandaría comenzar desde cero.

Los trabajadores reclaman que la venta garantice la reapertura de las fábricas y el pago de los salarios adeudados. La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera sigue el expediente, mientras un grupo de exempleados de Arenaza conformó la cooperativa La Nueva San Andrés como alternativa para recuperar la actividad.

La decisión final quedará en manos del juez Federico Güerri, titular del Juzgado Comercial N°29. El resultado definirá el destino de las plantas y los trabajadores, pero también determinará si Grassi logra dar otro paso en la construcción de un nuevo conglomerado agroindustrial alrededor de La Nueva Vicentin.