Política. Milei posterga la licitación y mantiene el tren carguero de Mindlin

El Gobierno de Javier Milei volvió a prorrogar la concesión del tren carguero Ferrosur Roca, una línea estratégica de la red ferroviaria nacional que está controlada por Loma Negra y quedó bajo la órbita empresaria de Marcelo Mindlin. La extensión será por un año, hasta septiembre de 2027, o hasta que se perfeccione un nuevo esquema contractual, lo que ocurra primero.

La medida vuelve a poner en debate la política ferroviaria del oficialismo: mientras avanza con el rediseño del sistema de cargas, el Ejecutivo mantiene en manos privadas concesiones vencidas o prorrogadas, sin una licitación definitiva y sin compromisos adicionales de obras de fondo. La discusión cruza infraestructura, logística, transporte de producción y el vínculo del Estado con grandes grupos empresarios.

Ferrosur Roca: la concesión que seguirá en manos privadas

La prórroga alcanza a Ferrosur Roca, el operador privado de cargas de la Línea General Roca. Se trata de una red relevante para el transporte de insumos industriales, materiales de construcción, productos químicos, agroindustria y cargas vinculadas a la actividad energética.

El principal cargador del sistema es Loma Negra, empresa cementera que también controla la operación ferroviaria. Según Clarín, el ramal transporta cemento desde la planta de Olavarría, además de piedra, polietileno, PVC, soda cáustica, arena para fracking, bebidas, yeso, cal, maíz y alimento balanceado para pollos.

La decisión oficial permite sostener la continuidad operativa del servicio, pero deja abierta la discusión sobre el modelo ferroviario de largo plazo. El punto sensible es que la extensión no aparece acompañada por nuevas obligaciones de inversión ni por una hoja de ruta clara sobre obras estructurales.

Marcelo Mindlin y el negocio ferroviario de cargas

El caso también suma un componente empresario. Ferrosur Roca está vinculada a Loma Negra, compañía controlada por el empresario Marcelo Mindlin tras la operación de traspaso desde el grupo brasileño Camargo Correa hacia un consorcio liderado por el dueño de Pampa Energía.

Mindlin es uno de los empresarios con mayor peso en sectores estratégicos de la economía argentina, especialmente energía, infraestructura y transporte. Su nombre aparece asociado a compañías clave para el funcionamiento del sistema eléctrico y del negocio energético, por lo que la continuidad de Ferrosur Roca bajo ese entramado empresario agrega lectura política a la decisión oficial.

Para el Gobierno, la prórroga puede ser presentada como una medida de transición hasta definir un esquema definitivo. Para los críticos, en cambio, el riesgo es que las extensiones sucesivas terminen consolidando beneficios privados sin exigir mejoras proporcionales en infraestructura, material rodante, seguridad y eficiencia logística.

Sin obras a la vista y con licitación postergada

La principal crítica al esquema es la falta de nuevas exigencias de inversión. La extensión del contrato permite que la concesionaria siga operando, pero no resuelve el problema de fondo: el deterioro y la necesidad de modernización del sistema ferroviario de cargas.

Los privados que operan estos corredores suelen argumentar que no pueden comprometer inversiones millonarias sin contratos de largo plazo, de al menos 30 años. Esa posición choca con la decisión oficial de seguir prorrogando por períodos acotados, mientras se posterga una licitación definitiva y un nuevo marco regulatorio estable.

El resultado es una zona gris: el Estado evita cortar la operación y mantiene el servicio, pero al mismo tiempo no logra ordenar un sistema que necesita obras, reglas claras, acceso abierto y mayor competencia. Esa indefinición tiene impacto directo sobre costos logísticos y competitividad productiva.

La política ferroviaria de Milei bajo la lupa

La prórroga de Ferrosur Roca se suma a otras extensiones de concesiones ferroviarias durante la gestión de Milei. En agosto, el Gobierno ya había prorrogado por un año las concesiones de Ferroexpreso Pampeano, controlada por Techint, y de Ferrosur Roca, mientras seguía pendiente la aplicación plena de la ley de reordenamiento ferroviario 27.132.

Esa norma, sancionada en 2015, planteó un esquema de acceso abierto para permitir que distintos operadores puedan usar la infraestructura ferroviaria. Sin embargo, su implementación plena volvió a quedar postergada, pese a que no fue derogada ni por la Ley Bases ni por el DNU 70/23.

El contraste es fuerte: el Gobierno promueve la desregulación y la apertura económica, pero en el sistema ferroviario de cargas mantiene concesiones heredadas mediante prórrogas administrativas. La pregunta es si el nuevo modelo terminará ampliando competencia o si sostendrá posiciones ya consolidadas.

Transporte de cargas, producción y costos logísticos

El tren carguero tiene un papel central en una economía que necesita bajar costos logísticos para exportar más y mover producción con mayor eficiencia. En rubros como cemento, minería, agroindustria, energía y materiales pesados, el ferrocarril puede ser clave para reducir costos frente al transporte por camión.

Por eso, la falta de obras o de inversiones relevantes no es solo un problema sectorial. También condiciona la competitividad de economías regionales, industrias y empresas que dependen de corredores eficientes para llegar a puertos, plantas productivas o centros de consumo.

La discusión sobre Ferrosur Roca se cruza, además, con el avance de proyectos de energía y minería que demandan infraestructura logística. Si el país apuesta a Vaca Muerta, litio, exportaciones y grandes inversiones, el sistema ferroviario aparece como una pieza necesaria para transformar recursos naturales en divisas sostenibles.

Qué puede pasar con la concesión de Ferrosur Roca

La nueva prórroga lleva la definición hasta 2027, aunque el contrato podría ser reemplazado antes si el Gobierno logra cerrar un nuevo esquema. El desafío será definir si mantiene concesiones integradas, si avanza hacia acceso abierto o si convoca a una licitación con exigencias concretas de inversión.

Para la Casa Rosada, el caso expone una tensión entre continuidad operativa y promesa de reforma. Prorrogar evita una interrupción del servicio, pero también posterga definiciones sobre obras, competencia, control estatal y condiciones para los usuarios del sistema.

En términos políticos, la decisión tiene impacto porque beneficia la continuidad de un operador asociado a uno de los empresarios más relevantes del país. En términos económicos, deja pendiente la pregunta central: quién financiará la modernización ferroviaria y bajo qué condiciones.

La prórroga del tren carguero de Marcelo Mindlin muestra que, por ahora, el Gobierno eligió administrar la transición antes que forzar una definición estructural. Sin obras a la vista, la concesión seguirá funcionando, pero el debate sobre el futuro del sistema ferroviario argentino queda abierto.