14 de septiembre de 2026
Una investigación señaló que el gobierno de Carlos Sadir adjudicó contratos y cuatro lotes fiscales a Comercializadora de Alimentos SRL, firma integrada por familiares directos del gobernador. Las operaciones documentadas superan los $1.121 millones, mientras que otros registros muestran cesiones de tierras públicas en Alto Padilla.
Hasta el momento, ni Carlos Sadir ni el Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy no habían respondido públicamente a los señalamientos.
El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, quedó bajo la lupa por adjudicaciones de contratos estatales y tierras fiscales a Comercializadora de Alimentos SRL, una empresa cuyos titulares son familiares de su nuera y en la que su hijo mayor, Luis Alberto Sadir, ocupa un cargo como Director de Ventas Estatales, según una investigación publicada por El Disenso y firmada por los periodistas de investigación Mariana Escalada y Agustín Ronconi.
De acuerdo con el trabajo periodístico, la firma provee alimentos al Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy para programas como el Plan Social Nutricional Provincial (PLASONUP), a través de Comer en Casa. La investigación reconstruyó adjudicaciones realizadas entre 2022 y 2024 y documentó además la cesión de cuatro lotes fiscales a la empresa en el barrio Alto Padilla.
Según la investigación, Luis Alberto Sadir, hijo mayor del gobernador, se desempeña como Director de Ventas Estatales de Comercializadora de Alimentos SRL. La empresa está integrada por Carlos Miguel Laredo, Marcela Alejandra Laredo y Patricia Silvina Laredo, de acuerdo con registros del Boletín Oficial de la Provincia de Jujuy citados por El Disenso.
El trabajo periodístico sostiene que María Natalia Laredo, esposa de Luis Alberto Sadir, también integra el entorno societario de la firma. El artículo señala que Laredo figura como monotributista categoría F y registra actividad vinculada al alquiler y explotación de inmuebles para eventos.
La empresa alimentaria provee arroz, fideos, harina, porotos, leche, cacao y puré de tomate al Ministerio de Desarrollo Humano provincial. Esos productos son destinados, entre otros programas, al PLASONUP, mediante el programa Comer en Casa.
Los registros oficiales citados por la investigación indican además que los titulares de la sociedad quedaron formalizados luego de una cesión de cuotas sociales realizada en octubre de 2024.
Uno de los principales puntos señalados por El Disenso son las contrataciones realizadas por el Ministerio de Desarrollo Humano durante 2022 y 2023.
En agosto de 2023, cuando Carlos Sadir todavía era ministro de Hacienda y ya había sido electo gobernador, dos resoluciones consecutivas adjudicaron fondos a Comercializadora de Alimentos SRL. La Resolución 368-DH/23 asignó $208.600.000, mientras que la Resolución 369-DH/23 sumó $522.575.300 destinados al PLASONUP.
Ambas operaciones representaron un total de $731.175.300.
La investigación también relevó tres adjudicaciones correspondientes a 2022: la Resolución 248-DH/22, por $122.045.000; la Resolución 249-DH/22, por $139.370.000; y la Resolución 11-DH/22, por $128.492.000.
En conjunto, esas tres operaciones sumaron $389.907.000. De acuerdo con el informe, esa cifra equivalía a unos US$2,785 millones al tipo de cambio de aquel año.
La suma de las adjudicaciones señaladas para 2022 y 2023 supera así los $1.121 millones.
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La investigación también reconstruyó operaciones vinculadas con tierras públicas. En junio de 2024, Carlos Sadir firmó la cesión de cuatro lotes estatales colindantes ubicados en el barrio residencial Alto Padilla, con una superficie conjunta de 1.231,52 metros cuadrados, a favor de Comercializadora de Alimentos SRL.
El mismo barrio ya había aparecido en registros relacionados con el entorno familiar del mandatario. Según la documentación citada por El Disenso, mediante la Resolución 51-HF/2020, Sadir, entonces ministro de Hacienda, adjudicó el Lote 53 de Alto Padilla a su esposa, Alejandra García Dávila, por $2.030.000.
García Dávila es señalada además en la investigación como titular de Terramaq SRL, empresa que, según el informe, también mantiene vínculos con contrataciones del Estado provincial.
La investigación incorpora otro vínculo laboral del hijo del gobernador. Además de su función en Comercializadora de Alimentos SRL, Luis Alberto Sadir trabaja en el área de comercio internacional de cannabinoides de Cannava SE, la empresa estatal jujeña dedicada al cannabis medicinal.
Cannava SE fue fundada durante la gestión de Gerardo Morales, exgobernador de Jujuy y referente político de Carlos Sadir.
El trabajo de El Disenso también recuerda que en 2019 ese medio había investigado el financiamiento provincial destinado a Cannava SE durante la administración de Morales.
De esta manera, la investigación pone el foco en la reiteración de vínculos familiares y comerciales relacionados con distintas áreas del Estado jujeño, entre ellas Hacienda, Desarrollo Humano y empresas estatales.
Carlos Sadir, gobernador de Jujuy, quedó bajo la lupa de una investigación sobre contratos estatales y adjudicación de tierras fiscales a una empresa vinculada a su entorno familiar.
Carlos Sadir es contador público egresado de la Universidad Nacional de Jujuy. Antes de llegar a la Gobernación, se desempeñó como ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia entre 2016 y 2023, durante la gestión de Gerardo Morales.
En 2023 fue elegido gobernador como sucesor de Morales y asumió el cargo el 10 de diciembre de ese año. Actualmente conduce el frente Cambia Jujuy, de raíz radical.
La investigación también pone el foco en la situación social de la provincia y señala que Jujuy registra niveles de pobreza superiores al 40%, según los datos citados en el informe.
El informe periodístico también analiza las disposiciones de la Constitución de Jujuy respecto de los beneficios personales de los funcionarios públicos en negocios adjudicados por el Estado.
De acuerdo con el propio análisis incluido en la investigación, las operaciones señaladas no implicarían, en sentido literal, que el funcionario haya sido beneficiario directo de los contratos o lotes, sino que los beneficiarios identificados pertenecen a su entorno familiar directo.
Por ese motivo, el trabajo plantea una diferencia entre una eventual violación literal de la prohibición constitucional y el patrón de adjudicaciones y vínculos familiares que surge de la documentación relevada.
Hasta el cierre de la información aportada, Carlos Sadir y el Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy no habían realizado declaraciones públicas sobre las conclusiones de la investigación.
Los documentos citados en el informe permiten identificar cuatro cifras centrales:
La investigación sostiene que las resoluciones administrativas, licitaciones, registros societarios y publicaciones del Boletín Oficial de Jujuy permiten reconstruir documentalmente las operaciones señaladas.
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El caso vuelve a colocar en el centro del debate los vínculos entre funcionarios públicos, familiares y empresas que reciben contratos o bienes del Estado. En este caso, la investigación de El Disenso concentra su análisis en las adjudicaciones a una firma vinculada al entorno familiar de Carlos Sadir, los contratos de alimentos para programas sociales y las cesiones de tierras fiscales.
El alcance político del caso dependerá también de eventuales explicaciones oficiales y de si organismos de control de Jujuy, como el Tribunal de Cuentas o la Fiscalía de Estado, analizan las operaciones señaladas. Hasta el momento consignado en la información aportada, no había pronunciamientos públicos de esos organismos.
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