15 de septiembre de 2026
La Pampa presentó una medida cautelar ante la Justicia Federal para suspender el Decreto 982/2026, firmado por Javier Milei y Luis Caputo, que eliminó el esquema de reparto de las regalías de la represa Los Nihuiles con Mendoza. El gobernador Sergio Ziliotto argumentó que un acuerdo de 1992 homologado por la Corte Suprema mantiene los derechos pampeanos.
El conflicto por las regalías hidroeléctricas de Los Nihuiles, sobre el río Atuel, sumó un nuevo capítulo judicial. El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, presentó este lunes una medida cautelar ante la Justicia Federal para solicitar la suspensión de los artículos del Decreto 982/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, que le otorgan a Mendoza el 100% de las regalías de la represa.
El escrito fue presentado ante el juzgado federal de primera instancia de Santa Rosa, a cargo del juez Juan José Baric. La provincia sostiene que sus derechos sobre las regalías no dependen exclusivamente del decreto que establecía el reparto entre ambas jurisdicciones, sino también de un convenio firmado en 1992 entre La Pampa, Mendoza y el Estado Nacional, posteriormente homologado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
"Hemos presentado ante la Justicia Federal una medida cautelar pidiendo la suspensión inmediata de los artículos del Decreto Presidencial Nº 982/2026 que vulneran nuestros derechos", escribió Sergio Ziliotto al anunciar la presentación judicial.
El gobernador pampeano sostuvo que existen leyes, acuerdos y fallos de la Corte Suprema que respaldan el carácter interprovincial del río Atuel. En ese sentido, citó las sentencias de 1987, 2017 y 2020 y afirmó: "El río Atuel también es pampeano".
Ziliotto también vinculó esa situación con la generación de energía en la represa Los Nihuiles. "Así, la represa Los Nihuiles genera energía con agua pampeana", sostuvo el mandatario.
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El principal argumento de la presentación pampeana está relacionado con el convenio celebrado en 1992 entre el Estado Nacional, Mendoza y La Pampa, que fue homologado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
"Sus regalías también son pampeanas: mediante Acuerdo del año 1992, firmado entre el Estado Nacional y las dos provincias y homologado por la CSJN, Mendoza se obliga a pagar regalías a La Pampa, calculadas según porcentajes fijados por Ley 15.336 y Decreto 1560/73. Ningún Decreto puede anular un acuerdo de partes", afirmó Ziliotto.
En la misma línea, la Agencia Provincial de Noticias de La Pampa sostuvo que el derecho de la provincia a percibir las regalías "no surge únicamente del Decreto N° 1560/73", sino también del convenio de 1992.
La provincia agregó que el Estado Nacional intervino en ese acuerdo como una de las partes y "no como una autoridad jerárquicamente superior a las provincias".

La Pampa sostiene que el acuerdo de 1992, homologado por la Corte Suprema, respalda su derecho a percibir regalías.
El Decreto 982/2026, firmado por Javier Milei, eliminó el Decreto 1560/73, firmado durante la dictadura por el entonces presidente de facto Alejandro Agustín Lanusse.
Aquel decreto establecía el reparto en partes iguales de las regalías generadas por la represa Los Nihuiles, bajo la interpretación de que el río Atuel es interjurisdiccional. Posteriormente, mediante la Ley 23.164, sancionada en 1984, el porcentaje de regalías fue elevado al 12%, con un 6% para cada provincia.
Actualmente, según los datos incluidos en el planteo pampeano, el monto anual a repartir ronda los US$2,5 millones, aproximadamente la mitad para cada jurisdicción bajo el esquema anterior.
El nuevo decreto del Gobierno nacional modificó ese escenario y Mendoza pasó a reclamar la totalidad de las regalías. Además, el gobierno mendocino reclama el pago de los 53 años de regalías compartidas y sostiene que La Pampa le adeuda unos US$680 millones más intereses.
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El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, respondió a Ziliotto y cuestionó el argumento utilizado por la provincia para reclamar las regalías.
"Gobernador, mezclar la interjurisdiccionalidad del río Atuel con el origen de las regalías hidroeléctricas es confundir dos cuestiones distintas", sostuvo el mandatario radical.
Cornejo afirmó que el río Atuel es interjurisdiccional, pero diferenció esa condición de la ubicación de la infraestructura hidroeléctrica. "La fuente hidroeléctrica que genera la energía de Los Nihuiles está íntegramente en Mendoza", señaló.
Según el gobernador mendocino, "la legislación, la jurisprudencia y los dictámenes de la Procuración del Tesoro sostienen que las regalías corresponden a la provincia de Mendoza donde está ubicada la fuente hidroeléctrica".
Cornejo también planteó que la generación de energía requiere infraestructura y condiciones que, según afirmó, están ubicadas en territorio mendocino.
"Para generar energía no basta con el agua, necesita pendiente e infraestructura. Y todo eso está en nuestra provincia", sostuvo el gobernador.
En su mensaje, además, cuestionó la estrategia judicial de la administración pampeana y defendió las obras realizadas por su provincia para aprovechar los recursos hídricos.
"Mientras La Pampa se dedica a judicializar cada decisión, Mendoza planifica, ejecuta e invierte en obras para aprovechar mejor sus recursos hídricos y mejorar la infraestructura que los sostiene", afirmó.
El nuevo capítulo judicial profundizó un conflicto que también provocó repercusiones políticas en ambas provincias. En La Pampa, dirigentes radicales y macristas respaldaron al gobernador peronista Sergio Ziliotto, aunque también cuestionaron aspectos de la estrategia judicial.
En Mendoza, en cambio, la eliminación del esquema anterior de reparto fue recibida favorablemente y presentada como un reconocimiento a los derechos de la provincia. La decisión también generó disputas internas entre dirigentes que buscaron atribuirse parte del logro político.
El conflicto tiene ahora un nuevo escenario en la Justicia Federal, donde deberá tramitarse el pedido de medida cautelar presentado por La Pampa contra el Decreto 982/2026.
La discusión enfrenta dos argumentos centrales. La Pampa sostiene que el convenio de 1992, homologado por la Corte Suprema, impide modificar unilateralmente las obligaciones asumidas respecto de las regalías. Mendoza, por su parte, diferencia la interjurisdiccionalidad del río Atuel de la ubicación de la infraestructura que genera la energía.
El próximo capítulo del conflicto dependerá de la resolución que adopte la Justicia Federal sobre la medida cautelar solicitada por el gobierno de Sergio Ziliotto.
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