15 de septiembre de 2026
Los abogados Carlos Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego presentaron una planilla oficial de Vialidad y pidieron revisar la condena. Según la defensa, entre 2009 y 2015 Lázaro Báez recibió el 0,85% de esos fondos, no el favoritismo que describe la sentencia. El material también irá al Comité de Derechos Humanos de la ONU, junto con el pedido de levantar la inhabilitación.
Los abogados de Cristina Fernández de Kirchner -Carlos Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego- anunciaron este martes 15 de septiembre, en una conferencia de prensa en un hotel del Microcentro porteño, que hallaron una prueba que, según ellos, desmiente el núcleo de la acusación en la causa Vialidad y pide un recurso de revisión de la condena.
El material también será incorporado al reclamo que ya tramitan ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Beraldi, quien encabezó la defensa en el juicio, sostuvo que "la sentencia a Cristina es injusta y la imputación fue absolutamente falsa". Explicó que el 6 de agosto, en el marco de la causa Cuadernos, un técnico de la Dirección Nacional de Vialidad convocado por la fiscalía aportó una base de datos oficial sobre el destino de los fondos del fideicomiso de obra pública (artículo 54).
Según esa planilla, entre enero de 2009 y diciembre de 2015 se invirtieron unos 2.200 millones de dólares en 367 obras ejecutadas por 114 constructoras. De ese total, solo 17 obras (el 4,63 %) correspondieron a empresas del grupo de Lázaro Báez (Austral Construcciones y vinculadas), lo que representaría apenas el 0,85 % de los fondos.
La empresa más beneficiada durante el 2009 y el 2015 fue IECSA S.A., fundada por Franco Macri, y afirmó: "Esos datos ponen a la acusación en una contradicción radical e insostenible" y que "la información demuestra que lo que se había dicho en la sentencia es falso", afirmó Beraldi.
Valim, abogado brasileño que integró el equipo de Lula da Silva, calificó el hallazgo de "giro decisivo" y dijo que "no hay ningún fundamento fáctico para condenarla". Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sostuvo que a Kirchner se la condenó "porque estorbaba" y criticó que la inhabilitación perpetua se resolviera en apenas 11 líneas.
La defensa plantea tres vías: el Comité de Derechos Humanos de la ONU (donde ya hay medidas cautelares pedidas para suspender la inhabilitación, revisar las condiciones de la prisión domiciliaria y cuestionar la composición actual de la Corte Suprema), un recurso de revisión interno y otras presentaciones locales. "Nuestro propósito es que esta condena caiga, que Cristina quede en libertad y que reanude su actividad política", dijo Beraldi.
Cabe recordar que Kirchner cumple desde junio de 2025 una condena firme a seis años de prisión (en modalidad domiciliaria) e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, confirmada por la Corte Suprema.
El Comité de la ONU no es una cuarta instancia de apelación según la doctrina de la Corte argentina; sus dictámenes tienen carácter de recomendación, aunque la defensa sostiene que son vinculantes.
La próxima sesión del organismo está prevista entre el 19 de octubre y el 6 de noviembre.
El anuncio se produce un día después que la Cámara Federal de Casación Penal rechazara un recurso de la defensa contra embargos sobre el departamento donde Kirchner cumple la condena y sobre bienes de Hotesur y Los Sauces.
La estrategia internacional busca, entre otros objetivos, mantener abierta la posibilidad de una eventual candidatura en 2027.
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