17 de septiembre de 2026
El Gobierno removió y reasignó personal civil de la Quinta de Olivos y concentrará su funcionamiento bajo la Casa Militar. El cambio se conoció tras la difusión de una licitación por productos cárnicos y pescadería cercana a los $500 millones, aunque la Casa Rosada atribuyó la decisión a razones de seguridad.
Movimientos. En medio de la polémica por la licitación de carne, varios empleados fueron desplazados de la Quinta de Olivos.
El gobierno de Javier Milei avanzó con una fuerte reorganización en la Quinta de Olivos, que incluye el desplazamiento de personal civil y el traspaso de mayores responsabilidades a la Casa Militar. Los cambios se produjeron después de la repercusión que generó una licitación para abastecer de productos cárnicos y pescadería a la residencia presidencial y la Casa Rosada, cuyo volumen difundido ronda las 29 toneladas y cuyo monto estimado se ubica cerca de los $500 millones.
La versión oficial, sin embargo, desvinculó la reestructuración de esa controversia. La Casa Rosada informó que la Casa Militar asumirá funciones integrales en Olivos con el objetivo de reforzar la seguridad presidencial y simplificar procesos administrativos. La transferencia deberá completarse en un plazo máximo de 60 días.
Según publicó La Política Online, doce trabajadores civiles quedaron afectados por la reorganización y parte de las tareas de cocina y servicio comenzaron a ser cubiertas por personal de las Fuerzas Armadas. El medio atribuyó a fuentes gubernamentales la versión de que Milei se molestó por las filtraciones vinculadas al funcionamiento de la residencia y por la difusión de la contratación de alimentos. El Gobierno no confirmó públicamente que ese haya sido el motivo de los desplazamientos.
La modificación supone un cambio importante en el funcionamiento cotidiano de la residencia presidencial. Fuentes oficiales confirmaron además la disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos, con despidos y reasignaciones dentro de la estructura.
La Casa Militar ya tenía entre sus funciones legales la protección del Presidente, su familia, la Casa Rosada y la Residencia de Olivos. El nuevo esquema amplía la centralización operativa y administrativa alrededor de esa estructura, dependiente de la Secretaría General de la Presidencia, que conduce Karina Milei.
El episodio se produjo en simultáneo con la difusión de la Licitación Pública 0016/2026, impulsada por la Secretaría General de la Presidencia. El procedimiento figura oficialmente en el Boletín Oficial bajo el expediente EX-2026-76860177-APN-CGD#SGP y tiene como objeto la adquisición de productos cárnicos y de pescadería para la Casa de Gobierno y la Residencia Presidencial de Olivos.
La modalidad es de orden de compra abierta, un dato relevante porque las cantidades previstas funcionan como máximos para el abastecimiento y no significan necesariamente que todo ese volumen haya sido efectivamente adquirido, pagado o consumido. El proceso contemplaba la apertura de ofertas para el 16 de septiembre.
De acuerdo con el detalle difundido del pliego, la contratación ronda las 29 toneladas de productos cárnicos e incluye distintos cortes vacunos, carne porcina, pollo, embutidos y pescado. Distintos reportes ubicaron el monto estimado del proceso cerca de los $500 millones.
La dimensión del pedido convirtió rápidamente una contratación administrativa en un tema político, especialmente por el contraste que plantearon sectores opositores entre el volumen del abastecimiento estatal y el discurso de austeridad sostenido por el Gobierno.
Frente a las versiones sobre una reacción presidencial por las filtraciones, la explicación oficial fue diferente. El Ejecutivo sostuvo que la reorganización responde a la necesidad de "elevar los estándares de eficiencia y seguridad" de Milei y su entorno, en un escenario internacional que considera más riesgoso. También vinculó la decisión con los preparativos para la visita del papa León XIV a la Argentina.
El nuevo esquema prevé que Casa Militar concentre las responsabilidades vinculadas con la seguridad de Olivos y de otras residencias transitorias utilizadas por el Presidente y su familia. Al mismo tiempo, la reducción de la estructura civil busca separar funciones de seguridad, administración y control, según la argumentación gubernamental.
Así, existen dos planos que hasta el momento no fueron probados como causalmente vinculados: por un lado, la reestructuración oficial de la Quinta de Olivos; por otro, la difusión pública de la licitación por alimentos. La versión de que los desplazamientos fueron una respuesta directa de Milei a la filtración fue atribuida por LPO a fuentes del Gobierno, mientras que la Casa Rosada fundamentó públicamente el cambio en razones de seguridad y eficiencia.
El episodio vuelve a colocar a la Quinta de Olivos en el centro de la agenda política. Más allá del motivo detrás de la reorganización, la decisión modifica una estructura histórica de funcionamiento de la residencia presidencial y concentra mayores responsabilidades en la Casa Militar.
La controversia por la licitación agrega otro elemento sensible. Aunque la existencia del procedimiento está respaldada por documentación oficial y una orden de compra abierta no equivale a un gasto ya ejecutado por la totalidad prevista, el volumen y el monto estimado alimentaron cuestionamientos públicos sobre las prioridades de gasto de la administración nacional.
El foco quedará ahora puesto en cómo se completa la transferencia de funciones durante los próximos 60 días, cuántos trabajadores serán finalmente desvinculados o reasignados y qué alcance tendrá la presencia de personal militar en las tareas cotidianas de Olivos.
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