Política. Inocencia fiscal II: la ley excluye a funcionarios, pero deja entrar a sus familiares

El Senado convirtió en ley Inocencia Fiscal II, uno de los proyectos económicos impulsados por el gobierno de Javier Milei para incentivar el ingreso al sistema formal de ahorros y dólares no declarados. La iniciativa recibió 44 votos a favor y 23 en contra, con respaldo de La Libertad Avanza, PRO, UCR y bloques provinciales, mientras que el peronismo votó en contra.

La norma incorpora una limitación que fue agregada durante su paso por Diputados: quienes hayan ocupado determinados cargos públicos durante los cinco años anteriores no podrán acceder a los principales beneficios del régimen. Sin embargo, esa prohibición no se extendió a sus familiares, pese a un intento de la oposición para incluir a cónyuges, convivientes, ascendientes y descendientes.

El punto se convirtió en una de las principales controversias de la sesión y vuelve a colocar bajo discusión el alcance de un esquema que el Gobierno presenta como una herramienta para reducir la informalidad, mientras sectores opositores lo consideran un mecanismo de regularización de fondos no declarados.

Quiénes quedaron excluidos

El texto sancionado establece que los funcionarios alcanzados por la restricción no podrán aprovechar las ventajas más relevantes de Inocencia Fiscal II si ocuparon cargos públicos en los últimos cinco años.

La exclusión alcanza, entre otros, a funcionarios nacionales, legisladores nacionales y provinciales, magistrados y otras autoridades contempladas durante la negociación parlamentaria. Podrán utilizar el Régimen Simplificado de Ganancias, pero quedarán afuera de beneficios como determinadas presunciones a favor del contribuyente y reducciones de multas.

La modificación no estaba incluida originalmente con ese alcance. Fue incorporada después de reclamos de aliados y opositores, que utilizaron como antecedente la situación del exjefe de Gabinete Manuel Adorni, señalado durante el debate porque había recurrido al régimen anterior para justificar modificaciones en su situación patrimonial.

La presidenta del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, reivindicó el cambio durante la sesión. "Quedaron afuera y nosotros lo promovimos", afirmó al defender la exclusión de funcionarios.

Los familiares de funcionarios sí podrán usar los beneficios

La letra que más discusión generó aparece en lo que la ley no incorporó: los familiares de funcionarios no quedaron alcanzados por la prohibición.

El senador peronista Fernando Salino propuso extender la restricción a las personas políticamente expuestas y a sus cónyuges, convivientes, ascendientes y descendientes en primer y segundo grado. También planteó que esa incompatibilidad continuara durante dos años después de que el funcionario dejara su cargo.

El oficialismo rechazó modificar el proyecto porque buscaba sancionarlo sin cambios respecto del texto aprobado por Diputados. La propuesta de Salino no prosperó y la ley quedó aprobada manteniendo abierta la posibilidad de que familiares de funcionarios ingresen al esquema, siempre que cumplan con las condiciones generales previstas para cualquier contribuyente.

Ese punto fue utilizado por el peronismo para cuestionar el alcance efectivo de la exclusión. El jefe del bloque, José Mayans, advirtió durante el debate que podrían registrarse casos en los que familiares regularicen fondos, aunque se trata de una advertencia política de la oposición y no de una irregularidad establecida por la ley.

Qué cambia con la nueva Inocencia Fiscal

Uno de los cambios centrales es la eliminación de los límites patrimoniales y de ingresos que tenía el sistema anterior. Hasta ahora estaban excluidos quienes hubieran registrado ingresos superiores a $1.000 millones o un patrimonio superior a $10.000 millones en alguno de los últimos tres años. La nueva ley elimina esos topes para acceder al régimen.

También modifica el tratamiento de las diferencias entre lo declarado por el contribuyente y la información disponible para el fisco. El esquema mantiene como referencia una discrepancia significativa del 15%, aunque incorpora condiciones sobre el monto de esa diferencia.

El objetivo declarado del Gobierno es reducir el temor de los ahorristas a incorporar al circuito formal dólares que permanecieron fuera del sistema financiero durante años. La hipótesis oficial es que una parte importante de esos fondos proviene de ahorro legítimo que permaneció en efectivo debido a la inestabilidad económica y al temor a controles tributarios.

Además, Diputados incorporó una reducción adicional del 25% de las multas para las pymes, modificación que se mantuvo sin cambios en el Senado.

El Gobierno habla de confianza y el peronismo cuestiona un "blanqueo"

Las diferencias políticas también quedaron expuestas en el recinto. El senador libertario Bruno Olivera defendió la iniciativa con el argumento de que el sistema tributario no debería considerar a todos los contribuyentes potenciales evasores y sostuvo que la propuesta apunta a recuperar confianza.

Bullrich, por su parte, vinculó la existencia de dólares fuera del sistema con décadas de inestabilidad cambiaria y afirmó que muchos argentinos utilizaron la moneda estadounidense como resguardo de sus ahorros.

El peronismo presentó la interpretación opuesta. Mayans sostuvo que el régimen termina beneficiando a quienes poseen fondos sin declarar, mientras otros senadores cuestionaron su posible impacto fiscal sobre las provincias.

La diferencia no es solamente semántica. El Gobierno evita definir la iniciativa como un blanqueo tradicional y la presenta como un cambio en la relación entre el contribuyente y el fisco. La oposición sostiene que, por sus efectos prácticos, facilita la incorporación al sistema de dinero previamente no declarado.

La letra chica que abre una nueva discusión política

La sanción representa una victoria parlamentaria para Javier Milei, que consiguió aprobar uno de los proyectos reclamados por su equipo económico con ayuda de bloques aliados.

Sin embargo, la excepción para los familiares deja abierta una discusión sobre los controles que deberán aplicarse cuando exista una relación cercana con funcionarios públicos. El Congreso decidió impedir que quienes ocuparon determinados cargos en los últimos cinco años utilicen los principales beneficios, pero no extendió esa incompatibilidad a su entorno familiar.

El impacto concreto dependerá ahora de la implementación del régimen, de los controles de ARCA y de las normas vinculadas con prevención del lavado de activos y personas políticamente expuestas.

La discusión continuará alrededor de una pregunta central: si la exclusión individual de funcionarios alcanza para evitar conflictos de intereses o si el Congreso debería haber establecido restricciones adicionales sobre familiares y personas vinculadas.