19 de septiembre de 2026
Los abogados de inversores perjudicados por el colapso del token pidieron aplicar dos precedentes recientes a la demanda colectiva que tramita en Nueva York. Buscan sostener las acusaciones bajo la ley antimafia RICO y las normas de protección al consumidor.
En la mira. Hayden Davis deberá dar explicaciones en la Justicia estadounidense.
El caso $LIBRA sumó un nuevo capítulo en los tribunales de Estados Unidos. Los abogados que representan a inversores que dicen haber perdido dinero con el criptoactivo promocionado en febrero de 2025 por el presidente Javier Milei presentaron ante la Justicia federal de Nueva York dos fallos recientes que, a su criterio, fortalecen la demanda contra Hayden Mark Davis y otros protagonistas del lanzamiento.
La estrategia busca que la jueza federal Jennifer L. Rochon tome en cuenta esos antecedentes al resolver los planteos de las defensas. Los precedentes invocados habilitaron reclamos vinculados con activos digitales bajo la ley RICO, utilizada en Estados Unidos contra organizaciones que desarrollan patrones de actividad ilícita, y bajo las normas de protección al consumidor de Nueva York.
La presentación fue realizada por los abogados de Burwick Law, el estudio que lleva adelante la denominada class action en representación de inversores afectados.
El objetivo es reforzar uno de los puntos más discutidos del expediente: si los distintos proyectos cripto atribuidos a Davis, su entorno y otros operadores pueden analizarse como episodios aislados o como parte de un patrón común y coordinado de conductas presuntamente fraudulentas.
La demanda estadounidense sostiene que Davis y otros acusados participaron en varios lanzamientos de activos digitales y plantea que proyectos como $LIBRA y $M3M3 formarían parte de una estructura más amplia. Las defensas niegan esa interpretación y solicitaron el rechazo de las acusaciones bajo RICO, argumentando que se trató de iniciativas distintas y sin una empresa criminal común.
La incorporación de nuevos antecedentes judiciales no significa que esas acusaciones hayan sido probadas ni que los demandantes hayan ganado el caso. Los abogados buscan que los criterios utilizados por otros tribunales sean considerados al momento de definir si la demanda puede seguir avanzando.
La Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, conocida como RICO, nació como una herramienta para perseguir estructuras de crimen organizado en Estados Unidos, aunque con el tiempo también comenzó a utilizarse en demandas civiles.
Para aplicarla, los demandantes necesitan demostrar, entre otros requisitos, la existencia de una organización o estructura y un patrón de actividades ilícitas relacionadas.
En la demanda por $LIBRA, los inversores sostienen que el funcionamiento atribuido a Davis, Kelsier Ventures, el desarrollador Benjamin "Ben" Chow y otros participantes habría seguido una mecánica repetida en distintos tokens. El planteo incluye acusaciones de fraude electrónico y coordinación para manipular liquidez y obtener ganancias a costa de inversores minoristas. Esas afirmaciones forman parte de la demanda y todavía deben ser evaluadas judicialmente.
La importancia de RICO también es económica: la legislación contempla remedios civiles particularmente severos en caso de que los demandantes consigan demostrar sus acusaciones.
Los abogados incorporaron dos decisiones judiciales recientes relacionadas con activos digitales. Según la presentación reseñada por LA NACION, esos antecedentes permitieron que reclamos contra promotores de proyectos cripto avanzaran utilizando tanto RICO como la legislación neoyorquina contra prácticas comerciales engañosas y publicidad falsa.
Uno de los debates jurídicos más sensibles es hasta qué punto las herramientas tradicionales de protección al consumidor pueden aplicarse a las operaciones con tokens y otros activos digitales.
Las leyes 349 y 350 de la General Business Law de Nueva York prohíben las prácticas comerciales engañosas y la publicidad falsa. Para avanzar bajo esas normas, los demandantes deben acreditar, entre otros elementos, una conducta orientada hacia consumidores, una práctica materialmente engañosa y un perjuicio derivado de ella.
La demanda por $LIBRA ya incluyó acusaciones basadas en esos artículos. Ahora, los abogados de los inversores intentan utilizar decisiones más recientes para responder a los planteos con los que Davis y otros demandados buscan que esas acusaciones sean desestimadas.
El nombre de Javier Milei continúa siendo central para reconstruir el episodio, aunque el Presidente no figura como demandado en la class action estadounidense.
El 14 de febrero de 2025, Milei difundió $LIBRA desde su cuenta de X como un proyecto destinado a financiar emprendimientos argentinos. El valor del token subió con fuerza y luego se desplomó. Horas después, el mandatario borró la publicación y dijo que no estaba interiorizado sobre el proyecto.
La demanda estadounidense menciona reiteradamente aquella promoción presidencial como un elemento que, según los demandantes, aportó credibilidad al lanzamiento. También aparecen referencias a Karina Milei, aunque ella tampoco fue incorporada como demandada en esa acción civil.
En la Argentina, en cambio, existe una investigación penal separada sobre el lanzamiento de $LIBRA y el rol de distintos protagonistas. La causa local y la acción colectiva estadounidense transitan vías y jurisdicciones diferentes.
La defensa de Hayden Davis viene reclamando desde 2025 que la demanda colectiva sea rechazada. Sus abogados sostienen que no existen elementos suficientes para afirmar que los diferentes tokens incluidos en la acusación formaron parte de una única empresa criminal.
También rechazan que exista la continuidad necesaria para aplicar RICO y argumentan que los proyectos tenían objetivos, públicos y estrategias diferentes.
Ese punto será clave para el futuro del expediente. Los inversores intentan probar exactamente lo contrario: que existió una estructura coordinada y una metodología repetida detrás de diferentes lanzamientos.
La disputa ya tuvo otros capítulos. En noviembre de 2025, la jueza Rochon rechazó un pedido para congelar fondos controlados por Davis y otros demandados, al considerar que los inversores no habían demostrado el riesgo de un daño irreparable bajo el estándar requerido para esa medida cautelar.
La incorporación de los nuevos fallos puede adquirir importancia cuando el tribunal analice los pedidos para desestimar parcial o totalmente la demanda. Sin embargo, los precedentes no obligan por sí solos a resolver el caso $LIBRA de la misma manera: la jueza deberá evaluar si las circunstancias jurídicas y fácticas son comparables.
Para Hayden Davis, el riesgo es que la Justicia acepte que las acusaciones formuladas son suficientes para superar la etapa preliminar y permita avanzar hacia una fase de mayor producción de pruebas.
Para los inversores, en cambio, el desafío seguirá siendo demostrar que no se trató simplemente del colapso de un activo especulativo, sino de una maniobra coordinada que encuadre en las leyes invocadas.
El expediente estadounidense se vuelve así otro frente central del escándalo $LIBRA. Mientras la investigación argentina mantiene abierta la discusión sobre los contactos entre los actores locales y los impulsores del token, en Nueva York la batalla se concentra ahora en una pregunta decisiva: qué herramientas legales pueden utilizarse para determinar responsabilidades y reclamar indemnizaciones por las pérdidas sufridas.
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