19 de septiembre de 2026

Política

Política. Presupuesto 2027: Milei cede en discapacidad y negocia con aliados

El oficialismo decidió retirar los artículos más duros que había enviado al Congreso y trabaja en un nuevo esquema con el PRO, la UCR y bloques provinciales. Mantendrá cambios en las pensiones, pero aceptará actualizar prestaciones por inflación y compatibilizar beneficios con empleo formal.

El Gobierno de Javier Milei decidió retroceder parcialmente con el ajuste en discapacidad incluido originalmente en el proyecto de Presupuesto 2027 y abrió una negociación con sus aliados para reemplazar ese capítulo por una propuesta consensuada. En Diputados, el oficialismo da por hecho que los artículos enviados por el Poder Ejecutivo serán eliminados y que el texto final surgirá de las conversaciones con el PRO, la UCR y bloques provinciales.

La decisión llegó después de que el proyecto generara fuertes cuestionamientos entre legisladores dialoguistas y dentro del propio oficialismo. Tanto Martín Menem como Patricia Bullrich aseguraron no haber conocido previamente los cambios incorporados por el área económica, una descoordinación que complicó negociaciones que ya estaban avanzadas en el Congreso.

Presupuesto 2027: el Gobierno retira el ajuste original en discapacidad

El capítulo enviado inicialmente por el Ejecutivo proponía modificaciones profundas en el sistema de prestaciones y pensiones. Entre otros puntos, retomaba el criterio de "invalidez laboral" para acceder a la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, establecía un haber equivalente al 70% de la jubilación mínima y eliminaba al Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía directa para obtener el beneficio.

También planteaba una incompatibilidad absoluta entre la pensión y cualquier empleo formal. Esto significaba que una persona beneficiaria podía perder la prestación ante un alta laboral o tributaria, incluso con una carga horaria limitada.

Otro de los puntos que encendió las alarmas era la eliminación del arancel único del Nomenclador de Prestaciones Básicas, que funciona como referencia para los valores pagados a prestadores. El esquema original permitía que obras sociales, prepagas y provincias fijaran valores propios, con actualizaciones trimestrales definidas por la Secretaría Nacional de Discapacidad.

Ese diseño, según confirmaron fuentes oficiales, será descartado durante el tratamiento parlamentario.

Qué cambios negocia Milei con el PRO y la UCR

La nueva propuesta no implica abandonar todos los cambios. El Gobierno pretende endurecer los requisitos para acceder a las pensiones por discapacidad, bajo el argumento de que el CUD por sí solo no debería determinar automáticamente el otorgamiento del beneficio. La intención oficial es avanzar hacia controles adicionales para identificar quién necesita efectivamente la asistencia.

A cambio, el Ejecutivo aceptó incorporar algunos reclamos de los aliados.

El Nomenclador de Prestaciones Básicas continuará siendo universal y sus valores se actualizarían por IPC cada dos meses, en lugar de la actualización mensual prevista por la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Además, las pensiones podrán ser compatibles con un empleo registrado, uno de los puntos reclamados por el PRO y la UCR para evitar que la incorporación de una persona al mercado laboral implique automáticamente la pérdida del beneficio.

El esquema todavía no está cerrado. Los bloques aliados esperan recibir el texto definitivo antes de comprometer su apoyo.

La deuda con los prestadores sigue en discusión

Uno de los principales puntos pendientes es la compensación para los prestadores de discapacidad por los atrasos acumulados durante 2024.

La Ley de Emergencia en Discapacidad estableció un mecanismo para compensar la diferencia generada entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, período en el que los aranceles quedaron rezagados frente al aumento de los costos. Tanto el PRO como la UCR reclaman que el Gobierno presente un cronograma concreto para pagar esa deuda.

Ese aspecto puede resultar decisivo para conseguir el dictamen de mayoría. Desde los bloques dialoguistas señalaron que las conversaciones se reencauzaron, pero esperan conocer por escrito cómo quedarán las compensaciones y el nuevo régimen antes de cerrar un acuerdo.

Bullrich cuestionó la falta de coordinación dentro del Gobierno

La controversia también expuso diferencias internas en La Libertad Avanza. Patricia Bullrich cuestionó públicamente que el capítulo de discapacidad no hubiera sido discutido previamente en la mesa política del oficialismo.

La jefa del bloque libertario en el Senado advirtió que enterarse de modificaciones sensibles recién cuando el proyecto llega al Congreso deteriora la relación con los aliados y dificulta la tarea de quienes deben defender las iniciativas oficiales.

En Diputados también hubo sorpresa. Cerca de Martín Menem atribuyeron el episodio a problemas de coordinación durante la elaboración presupuestaria y aseguraron que el capítulo había quedado desactualizado respecto de las negociaciones políticas que avanzaban en paralelo.

La elaboración formal del Presupuesto Nacional 2027 estuvo a cargo de la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Economía, la Secretaría de Hacienda y la Oficina Nacional de Presupuesto, dentro del cronograma previsto para su envío al Congreso.

La estrategia para aprobar el Presupuesto 2027

El objetivo del oficialismo es alcanzar un acuerdo antes de que la oposición logre avanzar con la prórroga de la Emergencia en Discapacidad, que vence a fin de año.

La estrategia de La Libertad Avanza consiste en conseguir un dictamen de mayoría junto con sus aliados y sumar directamente el nuevo esquema al Presupuesto 2027. De esa manera, el Gobierno podría evitar una votación separada de la propuesta impulsada por sectores opositores.

Para Milei, la negociación implica aceptar modificaciones en uno de los capítulos más sensibles del proyecto sin abandonar completamente la intención de revisar el sistema de pensiones y prestaciones.

El resultado final dependerá ahora de las conversaciones con el PRO, la UCR y los bloques provinciales. La discusión muestra además un límite político para la estrategia fiscal del Ejecutivo: en áreas sensibles como discapacidad, el ajuste presupuestario necesita reunir respaldo legislativo para convertirse en ley.

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