20 de septiembre de 2026
El exjefe de Gabinete deberá responder este martes 20 preguntas formuladas por la Fiscalía en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. En paralelo, surgieron cuestionamientos por el uso de una camioneta estatal y las multas asociadas al vehículo.
Manuel Adorni llegará este martes 22 de septiembre a una instancia clave en la investigación judicial sobre su evolución patrimonial. Ese día vence la prórroga otorgada para responder un cuestionario de 20 puntos formulado por el fiscal federal Gerardo Pollicita, dentro de una causa por presunto enriquecimiento ilícito que tramita ante el juez Ariel Lijo.
El expediente coincide con nuevos cuestionamientos políticos alrededor del exjefe de Gabinete, quien, según la información disponible, continúa utilizando una camioneta perteneciente al Estado y mantiene custodia federal casi tres meses después de haber dejado el cargo.
El plazo otorgado al exfuncionario vence este martes.
La Fiscalía busca obtener explicaciones sobre distintos movimientos patrimoniales registrados entre diciembre de 2023, cuando Adorni ingresó al Gobierno, y junio de 2026.
Según datos incorporados a la investigación, Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, registraron ingresos por $229,7 millones y gastos por aproximadamente $272,8 millones durante el período analizado.
La diferencia, cercana a los $43 millones, forma parte de los puntos que la Justicia pretende esclarecer.
El requerimiento incluye preguntas vinculadas con distintas operaciones y adquisiciones.
Entre los aspectos que deberán ser explicados aparecen:
También se analizan desembolsos por alrededor de US$402.578 cuya relación con los ingresos declarados forma parte de las medidas de investigación.
Una vez que Adorni y su esposa presenten la documentación y las explicaciones solicitadas, la Fiscalía deberá evaluar el material.
Si Pollicita considera que las respuestas permiten justificar los movimientos investigados, el expediente podrá avanzar en función de esas conclusiones.
En caso contrario, el fiscal podría solicitar nuevas medidas e incluso eventualmente una declaración indagatoria.
Por ahora, la causa permanece en etapa de investigación y no existe una condena contra el exfuncionario.
El otro foco de cuestionamientos está relacionado con una Toyota SW4 modelo 2022 perteneciente al Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur).
El vehículo había sido cedido en enero de 2025 a la Jefatura de Gabinete para los traslados oficiales de su titular y su comitiva.
Adorni asumió como jefe de Gabinete en noviembre de 2025 y dejó el cargo el 27 de junio de 2026.
Sin embargo, imágenes y registros recientes ubican a la camioneta en inmediaciones de su domicilio después de su salida del Gobierno.
Desde Inprotur señalaron que el permiso continúa formalmente otorgado a la Jefatura de Gabinete y que esa jurisdicción quedó a cargo de su administración.
Fuentes oficiales indicaron, por otra parte, que actualmente el vehículo estaría cumpliendo funciones dentro del Ministerio de Seguridad.
Según esa explicación, sería esa cartera la encargada de determinar su utilización.
El actual jefe de Gabinete, Diego Santilli, no utiliza esa camioneta.
Adorni también conserva protección de fuerzas federales.
El Ministerio de Seguridad explicó que funcionarios y exfuncionarios de alto rango pueden contar con custodia durante seis meses después de abandonar sus cargos, de acuerdo con una evaluación de riesgo.
La protección puede extenderse más allá de ese período si se considera que persisten las condiciones que la justificaron.
Durante su paso por el Gobierno, Adorni había mencionado públicamente amenazas y un episodio de violencia callejera como motivos para contar con seguridad.
La camioneta quedó además bajo la lupa por las multas de tránsito asociadas a su dominio.
Una revisión de registros públicos identificó más de 50 infracciones, principalmente por exceso de velocidad, por un monto acumulado superior a los $10 millones.
Parte de esas multas correspondería a fechas posteriores al 27 de junio, cuando Adorni ya había dejado la Jefatura de Gabinete.
La consulta pública de infracciones en la Ciudad mostró además movimientos que todavía no fueron aclarados.
En determinado momento llegaron a figurar 144 multas por unos $61 millones vinculadas al dominio.
De ellas, 41 correspondían al período posterior a la salida del exfuncionario y superaban los $8 millones.
Luego esas infracciones dejaron de visualizarse y aparecieron otras cuatro correspondientes a fines de agosto y comienzos de septiembre, por alrededor de $1,8 millones.
La información disponible no permite determinar si las multas anteriores fueron abonadas, anuladas o regularizadas por otro procedimiento.
En territorio bonaerense figuraban 27 multas, de las cuales ocho tenían fechas posteriores a la salida de Adorni del Gobierno.
El monto aproximado correspondiente a esas ocho infracciones alcanzaba los $1,3 millones.
Desde Inprotur señalaron que los gastos relacionados con la camioneta corresponden a la jurisdicción que tiene asignado el vehículo.
La causa judicial tuvo repercusión durante el tratamiento en el Senado de Inocencia Fiscal II.
Durante el debate, legisladores opositores cuestionaron que personas políticamente expuestas pudieran acceder a determinados beneficios previstos por el nuevo régimen y vincularon esa discusión con el caso del exjefe de Gabinete.
Desde el oficialismo, Patricia Bullrich sostuvo que los funcionarios públicos quedarían fuera de esos beneficios.
Las posiciones expresadas en el Congreso forman parte de la disputa política alrededor de la iniciativa y no modifican por sí mismas el expediente judicial.
El próximo martes será la fecha central para el futuro inmediato del caso.
Con el vencimiento de la prórroga, la Fiscalía quedará en condiciones de estudiar las respuestas sobre ingresos, gastos, inversiones y operaciones patrimoniales del matrimonio.
Mientras tanto, los interrogantes sobre la utilización de la camioneta estatal y las infracciones asociadas al vehículo sumaron un nuevo frente político para Adorni, que deberá enfrentar en paralelo al avance de la investigación judicial.
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