Política. ANDIS: una auditoría detectó $158.000 millones de deuda sin registrar

Una auditoría realizada sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) detectó un desfasaje de $158.717 millones correspondiente a deudas que no aparecían registradas de la misma manera en las áreas internas encargadas de comprometer gastos y controlar las cuentas. El hallazgo se incorporó al material que analiza la Justicia en la causa por presuntas irregularidades durante la gestión de Diego Spagnuolo.

El informe fue elaborado después de que el Gobierno interviniera el organismo tras desplazar, en agosto de 2025, a Spagnuolo y al entonces director nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel Garbellini. El decreto de intervención ordenó revisar el funcionamiento de la agencia e informar cualquier anomalía detectada, incluido su impacto económico.

De dónde surge el desfasaje de $158.000 millones

La auditoría comparó información solicitada a dos áreas centrales de la exANDIS: la Dirección de Presupuesto y Contabilidad (DPYC) y la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (DNASS).

El resultado mostró una diferencia exacta de $158.717.131.557,63 entre los listados de "Deuda Exigible" informados por ambas dependencias. La DNASS, que tenía bajo su órbita la implementación del programa Incluir Salud y la compra de medicamentos e insumos, declaró un pasivo considerablemente mayor que el que figuraba en el área contable.

El informe no determina por sí mismo que esos $158.000 millones hayan sido desviados. La diferencia puede incluir compromisos asumidos que todavía no habían completado el circuito administrativo necesario para ser reconocidos por Contabilidad. Sin embargo, el tamaño del desfasaje y el hecho de que parte de esas obligaciones no hubiera pasado por todos los controles establecidos convirtió el dato en un elemento relevante para la investigación judicial.

La propia DNASS advirtió durante la auditoría que algunos importes y clasificaciones podían contener errores involuntarios cargados por prestadores. El trabajo tampoco incluye un detalle completo que permita conocer cómo se compone cada peso de la deuda no registrada.

La Justicia investiga compras y presuntos sobreprecios

El dato cobra mayor relevancia porque la DNASS ya está bajo análisis del fiscal federal Franco Picardi, que investiga presuntas irregularidades en las compras realizadas por ANDIS.

La hipótesis de la Fiscalía apunta a la existencia de sobreprecios sistemáticos, procedimientos administrativos deficientes y un supuesto circuito de pagos ilegales, acusaciones que todavía deben probarse judicialmente. La investigación menciona posibles coimas de hasta el 20% en algunas contrataciones.

Uno de los ejemplos incorporados al expediente corresponde al Macitentan, un medicamento utilizado en tratamientos de alto costo. Según la documentación citada en la investigación, en noviembre de 2024 una compulsa abierta registró un precio de $411.764, mientras que ese mismo mes hubo adjudicaciones mediante compulsas reducidas por casi $8,3 millones.

Esas diferencias forman parte de los elementos que la Justicia intenta reconstruir para establecer cómo funcionaban las compras, quiénes seleccionaban a los proveedores y si existió direccionamiento o cartelización.

La auditoría también cuestionó la forma de pagar

Otro punto crítico del informe fue el uso del mecanismo denominado "Legítimo Abono". La auditoría señaló que ANDIS continuaba utilizando esa figura para pagar bienes o servicios que ya habían sido entregados sin haber atravesado previamente los procedimientos ordinarios de contratación.

El propio informe remarcó que ese mecanismo no debería reemplazar las licitaciones y concursos públicos como regla general. La Oficina Nacional de Contrataciones reconoce el Legítimo Abono para evitar que el Estado reciba un bien o servicio sin pagarlo, pero advierte que omitir las contrataciones formales puede perjudicar la transparencia y la competencia entre proveedores.

La auditoría constató además que solo se habían iniciado seis procedimientos de compra para regularizar servicios que venían siendo cancelados mediante ese mecanismo.

Suizo Argentina recibió más de $108.000 millones

Entre 2024 y el 21 de agosto de 2025, la ex ANDIS pagó $479.504 millones a prestadores por medicamentos e insumos, según el relevamiento oficial.

La empresa que recibió el mayor volumen de fondos fue Suizo Argentina, con $108.258 millones, principalmente por medicamentos incluidos dentro de las prestaciones de alto costo conocidas como PACBI.

La compañía rechazó cualquier vinculación con las irregularidades investigadas y sostuvo que desarrolla sus actividades de manera lícita.

La investigación judicial, de acuerdo con la información disponible, puso el foco además en otras droguerías, proveedores de insumos ortopédicos y personas que presuntamente intervenían en las contrataciones.

Spagnuolo y Garbellini rechazaron las acusaciones

Diego Spagnuolo, que condujo ANDIS hasta agosto de 2025, fue desplazado por el Gobierno cuando estalló el caso. El Ejecutivo también removió a Garbellini y posteriormente intervino el organismo para realizar una revisión integral.

Personas cercanas a Spagnuolo sostienen que el exfuncionario no intervenía directamente en la selección de proveedores, la apertura de compulsas, la evaluación de precios o la adjudicación de órdenes de compra.

Garbellini también negó ante la Justicia la existencia de desvíos de fondos y rechazó haber integrado un esquema de sobreprecios. Las responsabilidades individuales continúan bajo investigación.

Los audios del caso ANDIS siguen bajo peritaje

En paralelo, la Justicia continúa analizando las grabaciones atribuidas a Spagnuolo que dieron origen al escándalo y en las que se mencionaron supuestos pagos ilegales y a figuras del Gobierno.

El peritaje de Gendarmería Nacional detectó preliminarmente cortes y ediciones en al menos uno de los archivos analizados. Posteriormente, los peritos suspendieron el cotejo de voz al considerar que parte del material no reunía las condiciones necesarias para realizar esa comparación.

Las defensas cuestionan el origen y la validez de las grabaciones. Por eso, el contenido de los audios y su autenticidad continúan siendo materia de discusión judicial y no pueden considerarse por sí solos hechos probados.

La auditoría de los $158.717 millones, en cambio, abre otra línea basada en documentación administrativa del propio organismo. El desafío para la Justicia será determinar cuánto de esa diferencia responde a demoras o fallas contables y cuánto, eventualmente, puede estar relacionado con las irregularidades investigadas en las compras de medicamentos.