Poder. Privatización de AySA: dos consorcios van por el control

La privatización de AySA entró en su etapa decisiva con dos consorcios habilitados para competir por el 90% del paquete accionario que hoy pertenece al Estado nacional. Se trata del grupo encabezado por Rowing S.A. y del consorcio liderado por Roggio ROAS S.A.U., que deberán superar las instancias previstas antes de que se defina quién tomará el control de la compañía de agua y saneamiento más grande del país.

El 10% restante continuará en manos de los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada. AySA presta servicios a cerca de 14 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios bonaerenses, con alrededor de 3,8 millones de usuarios.

Quiénes compiten por quedarse con AySA

Uno de los grupos está encabezado por Rowing S.A., empresa de ingeniería, construcción y servicios industriales controlada por el empresario Walter Román.

El consorcio se completa con Transclor, del empresario Mauricio Filiberti; Arcos Saneamento e Participações, vinculada al grupo brasileño Equipav; y PHX, un vehículo de inversión radicado en Países Bajos.

El segundo competidor es Roggio ROAS S.A.U., vinculado al Grupo Roggio. La propuesta también incluye a Hidrosan Capital, Aguas del Plata Participaciones, Benito Roggio e Hijos y Central Buen Ayre. El grupo ya tiene experiencia directa en el sector porque opera Aguas Cordobesas.

La competencia quedó reducida a estos dos grupos pese a que, durante las etapas iniciales, 17 potenciales interesados habían mostrado intención de participar del proceso.

Filiberti, proveedor de AySA y aspirante a controlarla

Uno de los datos más sensibles del proceso es la participación de Mauricio Filiberti a través de Transclor. La empresa integra el consorcio encabezado por Rowing y, al mismo tiempo, es proveedora de productos químicos utilizados por AySA. Noticias Argentinas señaló que Transclor abastece a la compañía de policloruro de aluminio, uno de los insumos centrales para la potabilización del agua.

Esa doble posición coloca a Filiberti en un lugar particular: actualmente participa de la cadena de proveedores y, si su consorcio resulta adjudicado, pasaría a formar parte del grupo controlador de la empresa.

Además, Filiberti es socio de José Luis Manzano y Daniel Vila en Edenor, distribuidora eléctrica que tiene a AySA entre sus clientes relevantes.

La existencia de esos vínculos empresariales no implica por sí misma una incompatibilidad, pero agrega un elemento de interés al análisis de la futura estructura de control de la compañía.

Roggio vuelve a competir por un negocio de servicios públicos

El otro oferente tiene una extensa trayectoria en concesiones e infraestructura. El Grupo Roggio participa en negocios de construcción, residuos, transporte y saneamiento. Además de Aguas Cordobesas, opera servicios urbanos a través de distintas compañías, entre ellas actividades de recolección de residuos y transporte público.

La historia del grupo también está atravesada por causas judiciales. Noticias Argentinas recordó que Aldo Roggio fue procesado en la causa Cuadernos y declaró como arrepentido, donde reconoció pagos de coimas. Ese antecedente corresponde a hechos investigados en otro expediente y no implica irregularidades en la actual licitación de AySA.

Más de US$2.000 millones de inversión obligatoria

El futuro operador deberá asumir un fuerte compromiso de inversión. El Gobierno estableció un programa obligatorio superior a US$2.000 millones entre 2027 y 2031, destinado a expansión, mantenimiento y mejora de las redes de agua potable y desagües cloacales.

Las metas previstas para 2031 fijan una cobertura de 75,3% en agua potable y 63,9% en cloacas. Al finalizar el período inicial de concesión, de 30 años, la exigencia será alcanzar al menos 90% de cobertura de agua y 75% de desagües cloacales.

El contrato podrá extenderse por una década adicional. Además, durante el primer ciclo de cinco años, el esquema prevé que el nivel tarifario vigente al momento de la presentación de las ofertas se mantenga constante en términos reales, lo que no equivale a congelar nominalmente las facturas.

Tarifas, obras y control: lo que queda por definir

La privatización de AySA no se limita a la venta de acciones. También implica definir quién financiará las obras, cómo evolucionarán las tarifas y qué controles tendrá el Estado sobre un servicio público esencial.

El Gobierno defiende la privatización con el argumento de que permitirá reducir transferencias del Tesoro, incrementar inversiones y mejorar la cobertura. Según información oficial, entre 2006 y 2023 AySA recibió más de US$13.400 millones en transferencias estatales.

La etapa siguiente será determinante: una vez superada la evaluación técnica, los oferentes deberán competir con sus propuestas económicas. Allí se definirá cuál de los dos grupos ofrece las mejores condiciones para adquirir el 90% estatal.

La puja deja así a dos conglomerados con fuerte presencia en infraestructura y servicios frente a un activo estratégico. El resultado definirá quién controlará durante las próximas décadas la provisión de agua potable y saneamiento para millones de habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires.