20 de septiembre de 2026
El oficialismo busca aprobar esta semana en el Senado la reforma de la Carta Orgánica de la entidad. El principal conflicto está en la exigencia de dos tercios de ambas cámaras para remover a sus autoridades, una cláusula que genera resistencia entre aliados.
El gobierno de Javier Milei enfrenta una negociación decisiva en el Senado para destrabar la reforma del Banco Central, uno de los proyectos económicos que la Casa Rosada considera centrales para su programa. La iniciativa ya tiene media sanción de Diputados, pero el oficialismo todavía no reúne un acuerdo suficiente alrededor de uno de sus artículos más sensibles: el mecanismo para remover al presidente y a los directores del BCRA.
La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, pretende llevar el proyecto al recinto el jueves 24 de septiembre. Para conseguirlo deberá negociar con senadores aliados que cuestionan que una autoridad del Banco Central pueda ser designada con acuerdo del Senado por mayoría simple, mientras que para destituirla se exija una mayoría de dos tercios de los presentes en Diputados y el Senado.
El punto central de la disputa está en el régimen de remoción de las autoridades. El texto aprobado por Diputados establece que el presidente, vicepresidente y directores del BCRA solo podrán ser desplazados por causales específicas y que la decisión deberá contar previamente con el respaldo de dos tercios de los miembros presentes de ambas cámaras del Congreso.
Actualmente, la Carta Orgánica permite que el Poder Ejecutivo remueva a un director mediante decreto por incumplimiento de sus deberes o mala conducta, previo consejo de una comisión especial del Congreso. La reforma endurece de manera considerable ese procedimiento.
La designación, en cambio, se mantiene a cargo del Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado por mayoría simple. Esa diferencia es precisamente la que genera reparos entre sectores aliados: consideran que existe una asimetría entre los requisitos necesarios para nombrar una autoridad y los necesarios para removerla.
Desde el oficialismo defienden el esquema como una forma de fortalecer la independencia institucional del Banco Central y evitar que sus autoridades puedan ser reemplazadas con facilidad ante un cambio político.

La propuesta fue anunciada por Milei el 30 de julio y enviada posteriormente al Congreso. El Gobierno plantea que la nueva Carta Orgánica debe concentrar al Banco Central en una misión principal: preservar el valor de la moneda.
El proyecto elimina los objetivos múltiples incorporados en reformas anteriores y restringe funciones vinculadas con el direccionamiento del crédito y las políticas crediticias diferenciadas.
Otro de los ejes centrales es la prohibición del financiamiento monetario al sector público. La iniciativa elimina los adelantos transitorios al Tesoro y busca impedir que el BCRA financie de manera directa al Estado nacional, provincias, municipios u otros niveles de gobierno.
La Casa Rosada vincula esas restricciones con su estrategia contra la inflación. El oficialismo sostiene que limitar por ley la posibilidad de emitir dinero para financiar déficit evitaría que futuras administraciones utilicen nuevamente ese mecanismo.
Sectores opositores cuestionan esa interpretación y sostienen que la reforma también reduce herramientas de política monetaria, crediticia y productiva que históricamente estuvieron dentro de las facultades del Banco Central.
La reforma también introduce modificaciones sobre el manejo de las reservas internacionales. El proyecto establece su inembargabilidad, modifica las reglas sobre los activos externos en los que puede invertir el BCRA y habilita expresamente el uso de reservas como garantía en determinadas operaciones propias de la autoridad monetaria.
Este último punto recibió cuestionamientos durante el debate en Diputados. Legisladores de Unión por la Patria objetaron el artículo que permite utilizar activos como garantía en operaciones propias porque, a su entender, amplía la posibilidad de respaldar operaciones de endeudamiento. El oficialismo rechazó esa lectura y mantuvo el texto sin modificaciones.
La propuesta contempla además mecanismos para cancelar progresivamente letras intransferibles y adelantos transitorios acumulados en el balance del Banco Central.

La reforma obtuvo media sanción el 26 de agosto con 144 votos afirmativos, 102 negativos y nueve abstenciones. La Libertad Avanza consiguió el respaldo del PRO, sectores de la UCR, el MID y legisladores vinculados con distintos gobernadores provinciales.
Ese acompañamiento amplio en Diputados no garantiza que el mismo esquema se repita en el Senado. Allí, algunos aliados plantearon objeciones al mecanismo de remoción y gobernadores también reclamaron una mayor representación federal en el directorio del Banco Central.
El oficialismo intenta evitar modificaciones porque cualquier cambio aprobado por el Senado obligaría al proyecto a regresar a Diputados para una nueva votación.
La negociación queda ahora en manos de Patricia Bullrich, que buscará construir una mayoría para llevar el proyecto al recinto.
El dilema para La Libertad Avanza es legislativo: aceptar modificaciones puede facilitar la sanción en el Senado, pero retrasaría la aprobación definitiva al obligar a una segunda revisión de Diputados. Mantener el texto original, en cambio, requiere convencer a los aliados que cuestionan el requisito de los dos tercios.
La discusión excede un cambio técnico en la Carta Orgánica. El debate define qué grado de independencia tendrá el Banco Central respecto del poder político, qué límites tendrá para financiar al Estado y qué tan difícil será remover a sus autoridades frente a un cambio de gobierno.
Para Milei, la reforma forma parte de su intento por dejar institucionalizadas restricciones a la emisión y al financiamiento del déficit. Para sus críticos y algunos aliados, el desafío es evitar que esas restricciones terminen generando un esquema en el que resulte considerablemente más sencillo nombrar a los directores que removerlos.
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