21 de septiembre de 2026
El exjefe de Gabinete Manuel Adorni presentó un escrito para responder los 20 puntos del requerimiento del fiscal Gerardo Pollicita. Su defensa sostuvo que los dólares cuestionados provienen de operaciones con Bitcoin realizadas entre 2014 y 2018 y negó haber pagado US$245.000 por las obras de su vivienda en Indio Cuá.
Manuel Adorni presentó ante la Justicia su descargo sobre la evolución de su patrimonio.
El exjefe de Gabinete Manuel Adorni presentó ante la Justicia su descargo sobre la evolución de su patrimonio, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que llevan adelante el fiscal federal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo. La defensa respondió los 20 puntos planteados por la Fiscalía y atribuyó buena parte de los fondos cuestionados a la liquidación de ocho direcciones de Bitcoin utilizadas entre 2014 y 2018, antes de su ingreso a la función pública.
El escrito fue presentado por el abogado Matías Ledesma y, según las publicaciones que accedieron al documento, tiene 77/78 páginas. La defensa sostuvo que la evolución patrimonial de Adorni cuenta con respaldo documental, contable y técnico y rechazó que exista un incremento patrimonial que no pueda ser explicado.
Uno de los principales puntos abordados por la defensa está relacionado con los dólares declarados en efectivo. Según el escrito, Adorni había informado US$565.000 al inicio de 2023, US$513.000 al cierre de ese año y US$388.961,52 al finalizar 2024 bajo el concepto de "venta de activos".
La explicación presentada ante la Justicia sostiene que esos fondos no surgieron de la venta de un inmueble u otro bien físico, sino de la liquidación de ocho direcciones de Bitcoin. De acuerdo con la defensa, esas operaciones representaron un total de US$591.544,61.
Los abogados sostienen que las ocho billeteras registraron movimientos entre el 21 de octubre de 2014 y el 10 de septiembre de 2018 y que actualmente no conservan saldo. De esta manera, el planteo central de la defensa es que se trataba de activos adquiridos y liquidados varios años antes de que Adorni ingresara a la función pública, el 10 de diciembre de 2023.
La presentación afirma además que el dinero utilizado para las compras de Bitcoin provenía de ahorros acumulados durante la actividad profesional privada de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti.
Según el escrito, las primeras compras de criptomonedas se realizaron en 2014 y la mayor inversión se concretó en 2017, por un monto de US$199.883,20.
La defensa también sostiene que las operaciones se realizaron mediante encuentros personales y pagos en efectivo, sin intervención de entidades financieras. Para acreditar la titularidad de las billeteras, los abogados afirmaron que Adorni firmó mensajes utilizando las claves privadas de las ocho direcciones ante un escribano.
La presentación sostiene además que las claves privadas fueron entregadas en un sobre cerrado y lacrado, de modo que pudieran ser utilizadas durante la investigación si fueran requeridas.
Para la defensa, el elemento temporal resulta central para su argumento jurídico: si los activos fueron adquiridos y liquidados antes del ingreso de Adorni a la función pública, sostiene que su origen no puede ser atribuido al período investigado por presunto enriquecimiento ilícito.
Otro de los puntos incluidos en el descargo son las declaraciones juradas patrimoniales. La defensa reconoció que hubo rectificaciones respecto de las presentaciones originales, pero sostuvo que no existió una intención de ocultar información.
Según el planteo de los abogados, las modificaciones fueron realizadas antes de que Adorni recibiera el requerimiento fiscal y antes de una eventual fiscalización de ARCA. La defensa también señaló que se pagaron las obligaciones tributarias derivadas de esas rectificaciones.
En ese contexto, recordó declaraciones anteriores del exfuncionario, quien había definido la situación como "un error que, más allá de que fue absolutamente involuntario, creo que tengo que pagar todo lo que corresponde".
Adorni negó haber pagado US$245.000 por la remodelación de su vivienda en Indio Cuá y afirmó que desembolsó US$175.000.
Otro capítulo del escrito está relacionado con la compra del lote y la remodelación de la vivienda de Manuel Adorni en el country Indio Cuá.
La defensa sostuvo que el terreno fue adquirido por US$120.000: US$100.000 mediante un mutuo con garantía hipotecaria sobre un inmueble ubicado en la calle Asamblea y los US$20.000 restantes en efectivo.
El principal contrapunto aparece en el costo de las obras. La Fiscalía había solicitado explicaciones sobre los US$245.000 que, según el requerimiento, habían sido abonados al contratista Matías Tabar por los trabajos.
La defensa negó ese monto y afirmó que el dinero efectivamente entregado a Tabar fue de US$175.000. Además, sostuvo que esa cifra coincide prácticamente con una estimación técnica realizada por un arquitecto contratado por los propios abogados: US$174.954,58.
El escrito también cuestiona documentación aportada por el contratista y señala, según la defensa, diferencias entre planillas, gastos sin comprobantes y otras inconsistencias que deberían ser consideradas en el análisis de los fondos destinados a la obra.
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El descargo también dedica parte de su contenido al análisis realizado sobre las operaciones con criptomonedas.
Según la defensa, el informe habría identificado acreditaciones por US$269.550,36 durante el período investigado y las habría vinculado con Adorni a partir de distintos elementos. Los abogados cuestionaron tanto la metodología utilizada para asociar determinadas direcciones de criptomonedas como el funcionamiento del algoritmo de agrupamiento de Chainalysis Reactor.
También señalaron una posible duplicación de fuentes de identificación relacionada con información aportada por Lemon Cash y Digifin.
Otro de los puntos respondidos está relacionado con la denominada ecuación patrimonial elaborada durante la investigación.
Según el planteo de la defensa, el requerimiento fiscal había considerado ingresos lícitos comprobados por $229.752.283,20 frente a egresos, adquisiciones y cancelaciones de pasivos por $272.820.832,20. La diferencia resultante era de $43.068.549.
Los abogados sostienen que esa diferencia debe analizarse en términos relativos y la califican como una "brecha residual". Para la defensa, las pruebas aportadas permiten explicar parte de esa diferencia y existen partidas que todavía deberían ser conciliadas.
En el tramo final del escrito, la defensa sostiene que el principal activo cuestionado -los fondos provenientes de las operaciones con Bitcoin- se originó antes del ingreso de Manuel Adorni a la función pública.
A partir de ese argumento, sostiene que no se cumpliría el requisito temporal previsto para el delito de enriquecimiento ilícito, contemplado en el artículo 268 (2) del Código Penal.
La defensa también rechazó que Adorni haya incurrido en una omisión maliciosa en sus declaraciones juradas y sostuvo que fueron presentadas en tiempo y forma y posteriormente rectificadas.
La Justicia deberá ahora analizar el contenido del descargo y la documentación aportada por la defensa. La causa continúa bajo investigación del fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo.
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