21 de septiembre de 2026
El gobernador Alberto Weretilneck impulsó un proyecto para terminar con la afiliación obligatoria al Ipross para trabajadores estatales de Río Negro. La iniciativa recibió fuertes cuestionamientos de gremios, que advierten sobre el financiamiento de la obra social y cuestionan que la solución sea permitir la salida de los afiliados.
Alberto Weretilneck defendió el proyecto para terminar con la afiliación obligatoria al Ipross.
El proyecto de Alberto Weretilneck para habilitar la libre elección de obra social entre los trabajadores estatales de Río Negro abrió un fuerte debate político y sindical. La iniciativa elimina la obligatoriedad de permanecer en el Ipross y permite derivar los aportes personales a otra entidad, aunque mantiene el aporte patronal del Estado provincial dentro de la obra social.
El Gobierno rionegrino fundamenta la medida en la "libertad de elección", la autonomía individual, la modernización institucional y la compatibilización entre elección y solidaridad. Weretilneck sostiene además que la competencia obligará al Ipross a mejorar sus prestaciones.
Uno de los principales cuestionamientos planteados por los gremios apunta a que la iniciativa no resolvería los problemas estructurales de la obra social provincial, sino que permitiría que los trabajadores que no estén conformes busquen otra cobertura.
Desde distintos sectores sindicales se planteó que el debate debería concentrarse en mejorar el funcionamiento y el financiamiento del Ipross, en lugar de modificar el esquema de afiliación obligatoria.
El proyecto establece que los trabajadores activos podrán derivar el 4% de sus aportes personales y los pasivos el 5,5% a otra obra social. En cambio, el aporte patronal del Estado, equivalente al 7%, continuará ingresando al Ipross.
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El titular de UPCN Río Negro, Juan Carlos Scalesi, calificó la propuesta como "un anuncio vacío" y puso en duda que una cantidad significativa de trabajadores abandone el Ipross.
Scalesi también cuestionó el cumplimiento del aporte patronal del 7% que debe realizar el Estado provincial por cada trabajador. Según planteó el dirigente sindical, en gobiernos anteriores ese aporte no siempre se habría realizado o se habría discontinuado.
Además, el titular de UPCN advirtió sobre las dificultades que podrían encontrar los trabajadores estatales para acceder a otras coberturas. "Ninguna obra social ni prepaga va a querer agarrar a los trabajadores estatales por los sueldos magros que tenemos, menos a los jubilados", sostuvo.
Los gremios cuestionaron la reforma y reclamaron cambios en el financiamiento y las prestaciones de la obra social.
El gremio docente Unter fue aún más crítico y definió la iniciativa como "un intento de privatización de la obra social".
Los trabajadores judiciales también cuestionaron el proyecto. Marcos Calarco, secretario general del sector, planteó que el eje debería estar puesto en modificar el funcionamiento y el financiamiento del Ipross.
"Lo que hay que corregir es cómo financiamos, cómo redistribuimos, cuáles son las prestaciones, cuántas vocalías gremiales corresponden en la obra social y rediscutir que hay un gran porcentaje de los salarios en negro y que no impactan directamente en Ipross", sostuvo Calarco.
Las críticas sindicales, de esta manera, apuntan a que la discusión sobre la cobertura de los empleados públicos debería incluir cambios en la administración, el financiamiento y las prestaciones de la obra social provincial.
Frente a las críticas, Alberto Weretilneck respondió con dureza. Durante una actividad en Bariloche, cuestionó a los dirigentes sindicales por oponerse a la posibilidad de que los afiliados puedan elegir.
"Al final, son más autoritarios los dirigentes gremiales que el gobernador", afirmó el mandatario. Y agregó: "Yo le estoy dando libertad de elección a los afiliados y ellos no quieren que los afiliados puedan elegir".
Posteriormente, Weretilneck bajó el tono y aseguró que el Gobierno está dispuesto a recibir propuestas para modificar el proyecto. "No tenemos ningún problema en aceptar cualquier sugerencia de los gremios o de la oposición para mejorar la ley", sostuvo.
El gobernador también defendió tres efectos que, según su interpretación, tendría la reforma: mayor libertad para los afiliados, más competencia para el Ipross y una mayor exigencia sobre los prestadores médicos. El propio Ipross sostiene oficialmente que la apertura de la competencia puede impulsar una mejora en la calidad de sus servicios.
La iniciativa establece que quien opte por otra obra social deberá incluir obligatoriamente a la totalidad de su grupo familiar a cargo.
Además, el trabajador deberá permanecer durante al menos 12 meses en la entidad elegida. Cumplido ese período, podrá volver a optar por otra entidad habilitada durante un plazo mínimo de 36 meses, según el esquema planteado en el proyecto.
También existen sectores que no podrán abandonar el Ipross mediante este mecanismo: quienes ocupen cargos electivos, cargos de designación política, autoridades superiores de los tres poderes del Estado y organismos de control, tanto provinciales como municipales, además de empleados de empresas estatales.
El proyecto contempla que los jubilados puedan derivar el 5,5% correspondiente a su aporte personal. Sin embargo, para aquellos cuyos haberes sean liquidados por ANSES, la puesta en práctica de la opción dependerá de un convenio entre el Gobierno de Río Negro y el organismo nacional.
Mientras tanto, el 7% correspondiente al aporte patronal continuará ingresando al Ipross, incluso cuando un trabajador decida cambiar de cobertura.
Ese dinero tendrá una distribución específica dentro de la obra social: un 3% estará destinado al Plan Oncológico, un 2% a Discapacidad y Prótesis y el 2% restante a Farmacia y Enfermedades Crónicas.
La discusión enfrenta dos posiciones claramente diferenciadas. El Gobierno de Alberto Weretilneck presenta la reforma como una ampliación de la libertad individual y sostiene que la competencia puede obligar al Ipross a mejorar sus servicios.
Los gremios que rechazan la iniciativa, en cambio, cuestionan que la salida de afiliados sea la respuesta a los problemas de la obra social y reclaman discutir su financiamiento, sus prestaciones y su funcionamiento.
El proyecto ya fue enviado a la Legislatura de Río Negro, donde continuará el debate sobre el futuro del sistema de cobertura médica de los empleados públicos provinciales.
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