21 de septiembre de 2026
El exjefe de Gabinete Manuel Adorni tiene hasta este martes para responder un cuestionario de 20 puntos elaborado por el fiscal Gerardo Pollicita en la causa por presunto enriquecimiento ilícito. La investigación también alcanza a su esposa, Bettina Angeletti.
El plazo otorgado por la Justicia a Manuel Adorni para presentar explicaciones sobre su evolución patrimonial vence este 22 de septiembre. El exjefe de Gabinete deberá responder los 20 puntos planteados por el fiscal federal Gerardo Pollicita, que investiga los movimientos económicos del grupo familiar entre diciembre de 2023 y junio de 2026.
De acuerdo con el análisis técnico incorporado al expediente, durante ese período el grupo familiar registró ingresos comprobados por $229,7 millones y gastos por $272,8 millones. La diferencia alcanza los $43.068.549, sobre los que la fiscalía pidió explicaciones.
El cuestionario elaborado por Pollicita apunta a establecer el origen y la trazabilidad de distintos fondos, gastos y operaciones incluidos en la investigación. Entre los puntos analizados aparecen ingresos, adquisiciones de bienes, movimientos en dólares, deudas, consumos y operaciones con criptoactivos.
La investigación también comprende a Bettina Angeletti, esposa de Adorni. La fiscalía analiza al grupo familiar como una unidad económica y tomó en cuenta tanto los ingresos como los gastos registrados durante el período bajo análisis.
La defensa de Adorni todavía podría solicitar una nueva extensión del plazo. La primera fecha había sido prorrogada y el vencimiento actual quedó establecido para el 22 de septiembre.
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Uno de los puntos que forman parte de la investigación es un pago en efectivo de US$245.000 al arquitecto Matías Tabar, vinculado con la remodelación de una propiedad ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.
A ese desembolso se suman otras operaciones en moneda extranjera que elevan a US$402.578,12 el total de erogaciones observadas. Según el análisis incorporado a la causa, el monto comprende operaciones vinculadas con inmuebles, refacciones, mobiliario, alquileres temporarios y viajes al exterior.
Entre las cuestiones que la fiscalía pidió precisar también figuran el origen de dólares declarados mediante rectificaciones patrimoniales, préstamos atribuidos a particulares, la compra de un departamento en Caballito y operaciones vinculadas con criptomonedas.
Los viajes realizados por el grupo familiar también forman parte de los gastos analizados en el expediente. Entre ellos aparece una estadía en Aruba, por la que se registraron gastos de US$14.696.
El análisis fiscal también contempla consumos realizados mediante tarjetas de crédito, movimientos bancarios y operaciones en efectivo. Entre las preguntas formuladas aparecen además adquisiciones de bienes y el uso de terceros para determinadas operaciones.
Otro aspecto bajo análisis es la evolución del pasivo declarado por Adorni. Durante el período investigado, las deudas informadas pasaron de $92,4 millones a $317,3 millones. La fiscalía también detectó nuevas deudas en dólares contraídas con particulares y pidió precisiones sobre sus condiciones y el destino de los fondos.
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En sus declaraciones juradas rectificativas, Manuel Adorni informó un patrimonio de $944,5 millones al cierre de 2025.
El eje de la investigación no está planteado sobre la existencia de esos bienes en sí misma, sino sobre el origen y la trazabilidad de los fondos utilizados para adquirirlos o declararlos.
Entre los elementos observados también aparecen facturas informadas ante ARCA por más de $6 millones, consumos realizados mediante tarjetas y movimientos patrimoniales que la investigación busca contrastar con los registros bancarios y financieros.
La causa contempla además el análisis de la compra de un vehículo, del inmueble ubicado en la calle Miró 550 y de gastos realizados en una propiedad del country Indio Cuá.
La presentación que debe realizar Manuel Adorni constituye una instancia previa dentro de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Una vez recibidas las explicaciones y documentación, la fiscalía deberá evaluar si permiten despejar los interrogantes planteados en el expediente.
Si las respuestas fueran consideradas insuficientes, la causa podría avanzar hacia una nueva etapa procesal, incluida una eventual convocatoria a declaración indagatoria. Por el momento, el expediente se encuentra en la instancia en la que la fiscalía espera las explicaciones solicitadas.
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