21 de septiembre de 2026
Los reclamos contra obras sociales y prepagas concentran el 70% de los nuevos expedientes del fuero Civil y Comercial Federal. Afiliaciones, internaciones, medicamentos y tratamientos encabezan una judicialización que sobrecarga el sistema.
Colapso. La acumulación de expedientes aumenta la presión sobre los juzgados y puede demorar decisiones que, por la naturaleza de los tratamientos médicos involucrados, requieren respuestas urgentes.
La judicialización de la salud alcanzó una dimensión inédita en los tribunales federales: siete de cada diez expedientes iniciados durante el primer semestre de 2026 en el fuero Civil y Comercial Federal estuvieron relacionados con reclamos sanitarios. Obras sociales y empresas de medicina prepaga aparecen en el centro de demandas por desafiliaciones, medicamentos, internaciones, tratamientos y prestaciones de alta complejidad.
Los datos de la Oficina de Estadísticas del Poder Judicial muestran hasta qué punto el fenómeno modificó la dinámica de un fuero que también interviene en conflictos comerciales, marcas, patentes, transporte y contratos. La mayoría de las causas sanitarias tramita mediante amparos o procesos sumarísimos, herramientas utilizadas para obtener respuestas rápidas cuando está comprometida la continuidad de una cobertura o un tratamiento.
La magnitud aparece con claridad al observar las resoluciones judiciales. Entre el 6 de abril y el 8 de mayo de 2026, la Cámara Civil y Comercial Federal dictó 912 sentencias vinculadas exclusivamente con prestaciones de salud, un promedio cercano a 30 por día.
De ese total, 486 fueron medidas cautelares, es decir, decisiones urgentes que pueden ordenar provisoriamente una cobertura mientras se discute el fondo del conflicto. Las causas relacionadas con afiliaciones e internaciones representaron aproximadamente seis de cada diez resoluciones del período.
El fuero cuenta con once juzgados de primera instancia y tres salas de Cámara. La concentración de expedientes sanitarios obliga así a destinar buena parte de sus recursos a conflictos que originalmente representan sólo una de sus múltiples competencias.
Los conflictos más frecuentes tienen un punto en común: el acceso o la continuidad de una prestación médica. Entre las causas aparecen desafiliaciones, pedidos de internación geriátrica, asistencia domiciliaria, provisión de medicamentos para enfermedades crónicas, enfermería, acompañamiento terapéutico, rehabilitación y tratamientos de elevada complejidad. También continúan llegando demandas vinculadas con los aumentos de cuotas de las prepagas posteriores al DNU 70/2023.
En algunos expedientes, las empresas o las obras sociales sostienen que existieron irregularidades en las declaraciones juradas de los afiliados, exclusiones contractuales o ausencia de determinadas indicaciones médicas. Los pacientes, en cambio, recurren al amparo cuando consideran que una negativa o demora pone en riesgo su derecho a la salud.
La Justicia Federal también ratificó su competencia para intervenir en demandas que cuestionan aumentos de servicios de salud, siguiendo criterios establecidos por la Corte Suprema.
El crecimiento de las causas abrió además una discusión dentro de los propios tribunales. Fuentes judiciales consultadas por Infobae describieron casos en los que obras sociales o prepagas mantienen litigios incluso cuando existen antecedentes judiciales o normas que favorecen la cobertura reclamada. La interpretación de esas fuentes es que algunas entidades pueden obtener una ventaja financiera demorando prestaciones costosas, ya que no todos los afiliados finalmente recurren a la Justicia.
Se trata de una evaluación atribuida a integrantes del fuero y no de una conducta que pueda generalizarse a todas las empresas y obras sociales. Cada expediente presenta circunstancias particulares y debe evaluarse según la indicación médica, el contrato, la legislación aplicable y las condiciones de cada paciente.
El problema adquiere especial relevancia en medicamentos o tratamientos de alto costo. Según las fuentes citadas, en ciertos casos las entidades incluso esperan una orden judicial como respaldo para autorizar desembolsos extraordinarios.
En los amparos de salud, la medida cautelar puede ser más importante en términos prácticos que la sentencia definitiva.
Un juez puede ordenar mediante esa herramienta que una prepaga entregue un medicamento, garantice una internación o restituya una afiliación mientras continúa el expediente. En tratamientos como radioterapia, fertilización o provisión urgente de fármacos, cuando llega la sentencia definitiva la prestación incluso puede haber terminado.
El problema es que procesos diseñados para ofrecer soluciones rápidas pueden extenderse durante meses o incluso años por medidas de prueba, apelaciones y otros planteos procesales.
Fuentes del fuero sostienen que un amparo sanitario debería resolverse en plazos muy breves, pero advierten que el volumen de expedientes está generando una sobrecarga que dificulta mantener esa velocidad.
Los reclamos sanitarios se cruzan además con la crisis de prestaciones vinculadas con discapacidad.
Familias, profesionales y organizaciones vienen denunciando dificultades para sostener terapias, transporte, centros de día y otras prestaciones, además de demoras en pagos y reclamos por los valores reconocidos a prestadores. Ese conflicto también alimenta el recurso a los tribunales cuando las coberturas son interrumpidas o rechazadas.
La situación coincide con una fuerte discusión política y presupuestaria sobre el sistema de discapacidad y el futuro del esquema de prestaciones, mientras el Congreso debate modificaciones y mecanismos de financiamiento.
Las cifras muestran un cambio estructural dentro del fuero Civil y Comercial Federal. Lo que antes constituía una parte de su actividad se convirtió en su principal fuente de nuevos expedientes.
El Consejo de la Magistratura viene ampliando además la publicación y actualización de las estadísticas judiciales. Durante el primer semestre de 2026 procesó casi 1.500 documentos estadísticos enviados por distintos órganos judiciales y avanzó con nuevos relevamientos del fuero Civil y Comercial Federal.
El impacto excede a los tribunales. Cada amparo refleja un conflicto previo entre un paciente y su cobertura médica que no pudo resolverse administrativamente.
Con el 70% de las nuevas causas vinculadas con salud, la discusión pasa a ser no sólo cómo responder más rápido desde la Justicia, sino también por qué una cantidad creciente de afiliados necesita llegar a un juez para obtener medicamentos, internaciones o tratamientos que considera necesarios.
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