País. El PJ de San Luis acorrala a Poggi por ascensos a familiar de la ministra de Seguridad

El Bloque Justicialista de San Luis presentó un pedido de informes para que el Gobierno de Claudio Poggi explique la situación administrativa de Néstor Omar Sosa, hermano de la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, luego de que se conociera un ascenso otorgado en 2026 pese a su retiro de la Policía dispuesto en 2023.

El Bloque Justicialista de San Luis impulsó un pedido de informes para que el Ejecutivo provincial explique cómo se produjo el ascenso de Néstor Omar Sosa, hermano de la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, después de que una investigación periodística reconstruyera su recorrido administrativo y señalara la existencia de dos ascensos durante 2026.

La presentación fue dirigida al Ministerio de Seguridad, la Jefatura de Policía y los organismos que intervinieron en el trámite. El planteo busca reconstruir qué ocurrió con el retiro dispuesto en 2023 y cuál fue la situación de revista de Sosa hasta su incorporación al proceso de ascensos de 2026.

El retiro de Néstor Sosa y el ascenso de 2026

Uno de los antecedentes centrales del pedido legislativo es el Decreto 4176-MS-2023, vinculado con el retiro obligatorio de Néstor Sosa. Los diputados solicitan conocer si esa medida quedó firme y si posteriormente fue recurrida, suspendida, modificada, revocada o dejada sin efecto.

El segundo documento clave es el Decreto 9126-MS-2026, mediante el cual el Gobierno provincial formalizó un ascenso ordinario para Sosa dentro de la Policía de San Luis. El decreto oficial señala que el trámite se realizó a partir de actuaciones de la Junta de Calificaciones, con intervención de la Jefatura de Policía, Asesoría Letrada, Contaduría General y Fiscalía de Estado.

El decreto fue firmado por el gobernador Claudio Poggi, la ministra de Seguridad Nancy Verónica Sosa y la ministra de Hacienda e Infraestructura Pública, María Eugenia Sosa Herrera. La norma encuadró el ascenso en los artículos 27, 28 y 29 de la Ley XV-0982-2017 y su decreto reglamentario.

Qué quiere saber el bloque opositor sobre el expediente

El proyecto solicita una copia certificada del Decreto 9126-MS-2026 y del expediente administrativo completo que sirvió como antecedente para el ascenso.

Los legisladores también reclaman las actas de la Junta de Calificaciones, dictámenes, resoluciones y demás documentación utilizada para determinar que Sosa estaba en condiciones de acceder a la promoción.

Uno de los interrogantes centrales está relacionado con el período comprendido entre el retiro dispuesto en 2023 y el procedimiento de ascenso de 2026. El bloque busca determinar cuál fue la situación administrativa de Sosa durante esos años y si fue convocado nuevamente a prestar servicios.

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La excepción de la Ley de Policía que aparece en el pedido

Otro de los puntos incluidos en la iniciativa está relacionado con el artículo 18, inciso c), de la Ley XV-0982-2017, una disposición que los legisladores consideran relevante para determinar si existía un mecanismo legal que permitiera la continuidad de la carrera policial, la acumulación de antigüedad y posteriores promociones.

La propia normativa policial contempla mecanismos para la continuidad de personal retirado bajo determinadas condiciones. El Boletín Oficial de San Luis registra, por ejemplo, trámites posteriores vinculados con personal policial retirado encuadrados en distintos incisos del artículo 18 de la misma ley.

Por eso, el pedido de informes apunta a establecer específicamente qué norma fue aplicada en el caso de Néstor Sosa y cuáles fueron los antecedentes administrativos que permitieron su participación en el proceso de ascensos.

Néstor Omar Sosa, hermano de la ministra de Seguridad de San Luis, Nancy Sosa, quedó incluido en un proceso de ascensos de la Policía provincial en 2026.

La investigación que puso el caso bajo la lupa

El pedido legislativo se presentó después de una publicación de El Destape que reconstruyó el recorrido administrativo de Néstor Sosa y señaló la existencia de dos promociones durante 2026. La investigación también vinculó esa situación con el retiro obligatorio dispuesto en 2023.

La documentación oficial confirma que el Decreto 9126-MS-2026 incluyó a Sosa entre el personal alcanzado por un ascenso ordinario y que el procedimiento tuvo como antecedente actuaciones de la Junta de Calificaciones.

Ahora, el bloque opositor busca acceder al expediente completo para determinar cómo se articuló administrativamente el paso desde la situación de retiro hasta su participación en el proceso de promoción.

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Los cuestionamientos de Ernesto Alí a la estructura del Gobierno de Poggi

El caso se produce mientras la oposición también cuestiona la estructura de funcionarios y organismos de la administración de Claudio Poggi.

El diputado nacional de Unión por la Patria, Ernesto Alí, afirmó que San Luis cuenta con 23 ministerios y secretarías con rango ministerial para una población de aproximadamente 540.000 habitantes, además de unos 30 organismos estatales. También cuestionó la existencia de contratos que, según sostuvo, funcionarían como "funcionarios encubiertos".

Alí también mencionó la presencia de familiares del gobernador dentro de la administración provincial. Entre los casos señalados aparece María Victoria Poggi, hija del mandatario, quien se desempeña como subdirectora de Personas Jurídicas, y Sandra Correa, esposa del gobernador, quien participa como asesora ad honorem.

El legislador vinculó esos cuestionamientos con el anuncio de una nueva Ley de Ministerios impulsada por el Ejecutivo provincial. En ese marco, planteó la necesidad de conocer previamente la cantidad de funcionarios y contratados para determinar el alcance real de la reducción anunciada. "Una cosa es cambiar figuritas de lugar, y otra cosa es hacer un recorte", sostuvo.

El pedido de informes abre un nuevo capítulo político en San Luis

El expediente sobre Néstor Sosa pone ahora el foco en la documentación administrativa que permitió su participación en el proceso de ascensos de la Policía de San Luis. El punto central del reclamo opositor no es solamente el ascenso, sino conocer qué ocurrió con el retiro de 2023 y qué normativa permitió posteriormente su incorporación al proceso de promoción.

La respuesta del Ejecutivo provincial y la documentación que eventualmente sea remitida a la Legislatura permitirán reconstruir el procedimiento y establecer qué decisiones administrativas se tomaron entre el retiro y el ascenso de 2026.