Sucesos. Quedó firme el procesamiento de Diego Spagnuolo por las irregularidades en ANDIS

La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de la Capital Federal, integrada por los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico, ratificó este martes 22 de septiembre la decisión dictada en febrero por el juez Sebastián Casanello.

El fallo deja firme la situación procesal del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y avanza la investigación por presuntas irregularidades en la compra de medicamentos e insumos de alto costo.

A Spagnuolo se le atribuyen los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública nacional y cohecho pasivo.

Además, fue confirmado como presunto jefe de una asociación ilícita integrada por funcionarios y particulares.

Entre los otros procesados confirmados figuran Daniel Garbellini, quien fue número dos de Spagnuolo en el organismo; el empresario Miguel Ángel Calvete; y Pablo Atchabahian, a quien la Cámara recaracterizó como miembro de la organización y no como jefe. También quedan alcanzados otros exfuncionarios y representantes de droguerías y empresas proveedoras.

La Cámara redujo los montos de los embargos trabados en primera instancia. En el caso de Spagnuolo el embargo quedó fijado en $36.005.161.365,44; cifras similares se aplicaron a Garbellini y Calvete.

Según la hipótesis del fiscal federal Franco Picardi, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 habría operado un esquema de direccionamiento de contrataciones, competencias simuladas, sobreprecios y pagos indebidos a funcionarios para favorecer a un grupo reducido de empresas. El perjuicio estimado en las 21 compulsas reducidas analizadas ronda los $30.337 millones. Las droguerías Profarma y Génesis concentraron la mayor parte de las adjudicaciones.

Spagnuolo había sido designado al frente de ANDIS en diciembre de 2023 por el presidente Javier Milei y renunció en agosto de 2025, luego de la difusión de audios en los que se aludía a un supuesto esquema de "retornos".

La Cámara rechazó planteos de las defensas que buscaban anular la causa por el origen de esas grabaciones, cuyo peritaje de autenticidad continúa. La investigación quedó a cargo del juez Ariel Lijo.

Los procesados permanecen en libertad. El expediente sigue abierto: el fiscal ya pidió ampliar la nómina de imputados y se investigan otros niveles de responsabilidad en las contrataciones del programa Incluir Salud.