23 de septiembre de 2026
Docentes, policías, trabajadores de hospitales, empleados públicos y jubilados dependen de IOMA. La obra social bonaerense tiene autorizado para 2026 un presupuesto de $2,42 billones, mientras documentos públicos registran reclamos por medicamentos, turnos, autorizaciones y prestaciones. Cuántas personas cubre, qué ocurrió con los pagos a médicos y qué información falta para dimensionar el problema.
Una maestra que necesita conseguir un turno con un especialista. Un policía que busca acceder a un medicamento. Una enfermera que debe continuar un tratamiento. Un jubilado que necesita realizarse un estudio.
Todos pueden tener algo en común: dependen del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) para acceder a su cobertura de salud.
Y detrás de esos casos aparece una cifra que obliga a mirar con atención qué ocurre con la obra social más importante de la Provincia de Buenos Aires.
IOMA tiene un presupuesto de $2,42 billones en 2026
La
Ley de Presupuesto 2026 de la Provincia de Buenos Aires fijó para IOMA recursos
y gastos por $2.422.114.040.000.
Es
decir: más de $2,42 billones para todo el año.
Pero
hay una diferencia fundamental: presupuesto autorizado no significa dinero
efectivamente gastado ni transferido.
La
cifra establece el volumen anual previsto para el funcionamiento del organismo.
Para determinar cuánto ingresó efectivamente, cuánto se ejecutó y cuánto se
destinó a medicamentos, internaciones, consultas, discapacidad, prestaciones
ambulatorias y pagos a prestadores se necesita información de ejecución
presupuestaria actualizada.
Por
eso, la pregunta que interesa especialmente a quienes todos los meses realizan
sus aportes es otra:
¿Qué nivel de atención reciben efectivamente los afiliados de IOMA a cambio de semejante volumen de recursos?
Más
de dos millones de afiliados dependen de IOMA
El
último padrón histórico disponible en el portal oficial de Datos Abiertos de la
Provincia llega hasta 2025.
Según
esos registros, IOMA supera los dos millones de afiliados. El conjunto de datos
diferencia afiliaciones obligatorias, colectivas y voluntarias individuales y
fue actualizado por última vez el 16 de abril de 2025.
Por
esa razón, esos datos constituyen la última referencia oficial pública
disponible, pero no permiten establecer la cantidad exacta de afiliados a
septiembre de 2026.
Existe además otra limitación importante.
Según el portal oficial de Datos Abiertos de la Provincia, IOMA supera los dos millones de afiliados.
El
padrón público no permite determinar de manera sencilla cuántos son
trabajadores titulares, cuántos jubilados y cuántos familiares a cargo, por lo
que tampoco resulta responsable transformar el número total de afiliaciones en
una determinada cantidad de familias bonaerenses.
IOMA contempla expresamente la incorporación de cónyuges, convivientes e hijos dentro de las condiciones correspondientes a la afiliación.
Docentes,
policías, médicos, judiciales y jubilados: quiénes están dentro de IOMA
La
dimensión de IOMA se entiende mejor al observar quiénes integran su universo de
afiliados.
La
documentación institucional identifica dentro de la afiliación obligatoria a
trabajadores provinciales y, en los casos correspondientes, municipales, entre
ellos docentes, policías, médicos, judiciales y personal legislativo, además de
jubilados.
Por
eso, los problemas de funcionamiento de IOMA tienen una particularidad: pueden
afectar precisamente a sectores que sostienen servicios esenciales de la
Provincia.
Policías
que brindan seguridad. Docentes que trabajan en las escuelas. Médicos y
enfermeros que atienden en el sistema sanitario. Empleados judiciales y otros
trabajadores estatales. Jubilados que aportaron durante su vida laboral.
No todos los municipios están necesariamente comprendidos bajo un mismo régimen, por lo que no corresponde considerar automáticamente afiliado a IOMA a todo trabajador municipal bonaerense.
Los
reclamos por atención quedaron registrados en documentos públicos
Los
cuestionamientos sobre el funcionamiento de IOMA durante 2026 no surgen
solamente de publicaciones en redes sociales.
Existen
reclamos registrados formalmente por organismos públicos bonaerenses.
El
Concejo Deliberante de Coronel Rosales, por ejemplo, aprobó el 14 de mayo una
resolución que hizo referencia a denuncias de afiliados por deficiencias en
servicios médicos y provisión de medicamentos.
El
documento señaló además situaciones en las que afiliados habrían tenido que
afrontar gastos que consideraban incluidos dentro de la cobertura y mencionó
reclamos por atrasos en pagos a profesionales e instituciones sanitarias.
Esto
no permite afirmar que la misma situación se produzca en toda la Provincia ni
medir cuántas personas fueron afectadas.
Pero
demuestra que el problema llegó formalmente a instituciones públicas.
Demoras
en estudios, cirugías y medicamentos
Un
reclamo similar quedó registrado en Brandsen.
El
18 de mayo, el Concejo Deliberante aprobó una resolución referida a denuncias
de afiliados, profesionales, prestadores e instituciones.
Entre
los problemas consignados aparecen demoras en autorizaciones de estudios,
tratamientos, cirugías, medicamentos de alto costo y otras prestaciones
consideradas esenciales.
El
documento también menciona reclamos vinculados con salud mental y discapacidad.
Nuevamente,
existe una diferencia importante entre documentar un reclamo y determinar
estadísticamente su magnitud.
La
resolución acredita que las denuncias fueron llevadas institucionalmente al
Concejo Deliberante. No demuestra qué porcentaje de los más de dos millones de
afiliados atravesó esos problemas.
Ese
dato, justamente, no aparece publicado de manera consolidada.
Bahía
Blanca también pidió explicaciones por la situación de IOMA
El
Concejo Deliberante de Bahía Blanca abordó en julio la situación prestacional y
financiera del instituto.
Una
resolución hizo referencia a conflictos entre IOMA y prestadores relacionados
con demoras en pagos, diferencias arancelarias, actualización de valores y
dificultades en mecanismos de contratación y autorización de prestaciones.
El
documento constituye otra señal institucional de preocupación.
Pero
tampoco debería utilizarse para afirmar que actualmente se encuentra
interrumpida toda la atención en Bahía Blanca.
Una
investigación rigurosa debe distinguir entre un reclamo documentado, una
interrupción comprobada y una situación vigente.
El
conflicto con los médicos: reclamaron $1.190 millones y hubo suspensión
Uno
de los episodios más concretos ocurrió en La Plata.
El
13 de mayo de 2026, la Agremiación Médica Platense informó que reclamaba a IOMA
una deuda acumulada de $1.190.897.751, correspondiente -según la entidad- a
prestaciones de enero, febrero y marzo, diferencias de valores y gastos
administrativos.
La organización anunció entonces la suspensión de la atención durante 48 horas, aunque aclaró que la medida no alcanzaba guardias, emergencias y cirugías oncológicas.
El conflicto cambió rápidamente.
Al
día siguiente, la propia Agremiación comunicó que IOMA había realizado un pago
parcial significativo, por lo que decidió rehabilitar la atención.
Según
la entidad médica, después de ese pago quedaba un saldo pendiente cercano a $74
millones.
Esto
permite comprobar que existió una interrupción concreta de prestaciones
vinculada al conflicto por pagos.
Pero
también obliga a evitar una conclusión incorrecta.
Los
$1.190 millones no pueden presentarse como la deuda actual de IOMA, porque la
propia entidad que reclamaba ese monto informó posteriormente que prácticamente
la totalidad había sido abonada.
Tampoco
los $74 millones de mayo pueden considerarse automáticamente una deuda vigente
en septiembre.
No
existe base pública suficiente para calcular una "deuda total" actual de IOMA
Este
es uno de los puntos centrales de la investigación.
Hay
reclamos de distintos prestadores y conflictos registrados en diferentes
lugares de la Provincia. Sin embargo, sumar reclamos de distintas fechas y
presentarlos como una única deuda actual de IOMA produciría una cifra
potencialmente engañosa.
Para
establecer una deuda total vigente sería necesario contar con un estado
actualizado que detalle, entre otras cuestiones:
prestador
por prestador, facturación presentada, pagos realizados, deuda vencida, deuda
en proceso administrativo y eventuales diferencias reclamadas.
Sin esa información consolidada y actualizada, cualquier cifra presentada como "la deuda total de IOMA" debe tomarse con extrema cautela.
El
Gobierno bonaerense también explica por qué aumentaron los costos
La
administración de Axel Kicillof sostiene que IOMA también enfrenta presiones
financieras derivadas de la estructura del sistema.
A
fines de junio, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, sostuvo que
existe un desbalance entre los aportes provenientes de trabajadores municipales
afiliados y el costo de sus prestaciones.
Según
el funcionario, esa diferencia implica para la Provincia alrededor de $10.000
millones mensuales.
Se
trata de la explicación brindada por el ministro y no de una auditoría
independiente del funcionamiento integral de IOMA.
El dato, sin embargo, incorpora otro elemento a la discusión: tener un presupuesto de $2,42 billones no significa que todos los grupos de afiliados aporten en igual proporción al costo de las prestaciones que utilizan.
A fines de junio, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, sostuvo que existe un desbalance entre los aportes provenientes de trabajadores municipales afiliados y el costo de sus prestaciones.
$2,42
billones: cuánto representa por afiliado
Existe
una cuenta que permite dimensionar el volumen económico, aunque debe
interpretarse correctamente.
Si
se dividiera el presupuesto anual autorizado de $2,422 billones por algo más de
2,1 millones de afiliaciones, el resultado sería del orden de $1,1 millón anual
por afiliado, o alrededor de $95.000 mensuales por persona.
Pero
ese cálculo no representa cuánto recibe cada afiliado ni cuánto gasta IOMA
efectivamente en su atención médica.
Es
apenas una relación matemática entre el presupuesto global y el último padrón
público disponible.
El
presupuesto financia la totalidad del funcionamiento del instituto y existen
afiliados con costos sanitarios radicalmente diferentes: una persona puede
prácticamente no utilizar prestaciones durante un año, mientras otra puede
requerir internaciones, medicamentos de alto costo, tratamientos prolongados o
prestaciones de discapacidad.
La
pregunta que todavía no puede responderse
La
Provincia dispone de información suficiente para conocer cuánto dinero fue
autorizado para IOMA.
Lo
que resulta mucho más difícil reconstruir con los datos públicos disponibles es
qué calidad y velocidad de atención reciben efectivamente sus afiliados en cada
municipio.
¿Cuánto
espera un docente para conseguir un especialista?
¿Cuánto
demora la autorización de una cirugía?
¿Cuántos
policías tuvieron dificultades para conseguir medicamentos?
¿Cuántos
jubilados debieron pagar de su bolsillo una consulta o estudio?
¿Cuántas
prestaciones de discapacidad se encuentran demoradas?
¿Cuánto
tarda IOMA en pagar a cada grupo de prestadores?
¿Cuántas
prestaciones fueron rechazadas y por qué?
¿Cuántos
reclamos recibe mensualmente el organismo y cuánto demora en resolverlos?
Esos
indicadores permitirían transformar los testimonios y conflictos individuales
en información estadística capaz de medir el funcionamiento real de la obra
social.
IOMA:
el presupuesto está publicado; falta medir mejor el servicio
El
dato económico es contundente: IOMA tiene autorizado para 2026 un presupuesto
superior a $2,42 billones.
También
está documentado que durante 2026 existieron reclamos institucionales por
medicamentos, autorizaciones, estudios, tratamientos y prestaciones, además de
conflictos con profesionales por pagos.
Eso
no demuestra por sí mismo que el sistema completo esté paralizado ni que todos
los afiliados sufran las mismas dificultades.
Pero
tampoco permite reducir los problemas a casos aislados sin conocer su verdadera
magnitud.
Con
más de dos millones de personas bajo su cobertura, IOMA administra la salud de
una parte significativa de quienes sostienen diariamente el funcionamiento de
la Provincia de Buenos Aires.
Docentes,
policías, trabajadores de hospitales, empleados públicos, jubilados y sus
familias necesitan algo más que conocer el presupuesto de su obra social:
necesitan poder medir qué atención reciben efectivamente con esos recursos.
Y
esa es todavía la información que falta
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