Política. Caso ANDIS: quiénes son los 18 procesados junto a Spagnuolo

La causa ANDIS sumó un avance judicial de peso después de que la Sala II de la Cámara Federal confirmara el procesamiento de Diego Spagnuolo y otras 18 personas por las presuntas irregularidades detectadas en la Agencia Nacional de Discapacidad. La investigación sostiene que entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 habría funcionado una estructura destinada a direccionar contrataciones, simular competencia entre proveedores y generar pagos indebidos a funcionarios y particulares.

Los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico respaldaron en términos generales la investigación del fiscal federal Franco Picardi y los procesamientos dictados originalmente por el juez Sebastián Casanello. Un procesamiento no representa una condena ni determina culpabilidad definitiva, pero implica que la Justicia considera reunido un grado suficiente de sospecha para que los acusados continúen sometidos al proceso penal.

Los nombres fuertes de la causa ANDIS

Además de Spagnuolo, uno de los principales nombres es Daniel María Garbellini, exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud de ANDIS. La Cámara sostuvo que existen pruebas que lo ubican en un rol central desde su llegada al organismo en julio de 2024 y consideró que habría tenido una participación relevante en la articulación de las contrataciones investigadas.

También aparece el empresario Miguel Ángel Calvete, a quien la Cámara confirmó el procesamiento como supuesto jefe de la asociación ilícita junto con Spagnuolo y Garbellini. De acuerdo con la resolución reseñada por el Ministerio Público Fiscal, Calvete habría conocido anticipadamente compulsas, productos, empresas invitadas y fechas de liberación de pagos.

El cuarto nombre ubicado entre los dirigentes de la presunta estructura es Pablo Atchabahian, médico y exfuncionario vinculado al sector farmacéutico. La publicación que reconstruyó la nómina de procesados le atribuye intervención en la selección de proveedores, adjudicaciones y pagos, aunque esas imputaciones todavía deben ser discutidas y probadas en las próximas etapas judiciales.

Los ex funcionarios procesados por las compras

Entre quienes ocuparon cargos dentro del Estado aparece Diego Martín D'Giano, exdirector de Prestaciones Médicas. Junto con él fue procesado Roger Edgar Grant, quien se desempeñó como coordinador de Gestión de Urgencias dentro de la estructura vinculada con las prestaciones sanitarias.

La lista también incluye a Eduardo Nelio González, quien coordinó compras de medicamentos y luego dirigió el área de Apoyos y Asignaciones Económicas, y a Lorena Vanesa Di Giorno, que tuvo funciones en Acceso a la Salud y Gestión de Urgencias. La Cámara confirmó para D'Giano, Grant, González y Di Giorno los procesamientos por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y administración fraudulenta agravada en perjuicio del Estado.

Otra funcionaria alcanzada es Ornella Calvete, hija de Miguel Ángel Calvete, quien trabajó en el Ministerio de Economía como directora de Análisis de Cadena de Valor y posteriormente como directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial. Los camaristas sostuvieron que existen elementos para considerar que conocía el alcance de las operaciones investigadas y que mantenía contactos vinculados con los negocios de su padre mientras ejercía funciones públicas.

Empresarios, droguerías y operadores privados bajo investigación

El expediente se extiende mucho más allá de los funcionarios. Entre los procesados figura Luciana Ferrari, identificada como empleada de Roche y colaboradora externa, junto con Andrés Horacio Arnaudo, presidente de Droguería Génesis.

También fueron procesados Silvana Vanina Escudero, presidenta de New Farma y ex presidenta de Droguería Floresta, y Alejandro Gastón Fuentes Acosta, presidente de esta última compañía. A ellos se suma Patricio Gustavo Rama, señalado por su participación en la gestión de cotizaciones vinculadas con New Farma.

La nómina incluye además a Federico Maximiliano Santich, administrador de Profarma y señalado como articulador de determinados procedimientos, y a Guadalupe Ariana Muñoz, a quien la investigación atribuye intervención en movimientos de dinero y cotizaciones. Esos roles forman parte de la hipótesis judicial y todavía deberán ser debatidos por las defensas y evaluados en las etapas posteriores del expediente.

Otros nombres son Ruth Noemí Lozano, a quien se atribuye haber prestado su nombre para constituir sociedades y movilizar fondos, y Patricia Liliana Canavesio, relacionada con tareas contables, impositivas y de tesorería. También está procesado Julio César Viera, señalado en la investigación por su presunta intervención en el manejo de fondos y pagos ilegales.

Cómo habría funcionado la maniobra dentro de ANDIS

La hipótesis central de la Fiscalía sostiene que el programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura a beneficiarios de pensiones no contributivas, habría sido utilizado para direccionar contrataciones de medicamentos e insumos de alto costo. Según la Cámara, el sistema de compras permitió incorporar proveedores de manera irregular, seleccionar arbitrariamente quiénes podían cotizar y generar competencias aparentes entre empresas vinculadas entre sí.

Los investigadores pusieron bajo análisis el Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones (SIIPFIS), que habría sido utilizado para gestionar esas compras pese a no reunir las características del régimen ordinario de contrataciones públicas ni contar con intervención de la Oficina Nacional de Contrataciones. Correos electrónicos, dispositivos secuestrados, documentación y registros del propio sistema forman parte de las pruebas que la Cámara consideró relevantes para sostener los procesamientos.

La Justicia sostiene que determinadas droguerías habrían conocido anticipadamente las convocatorias y simulado competir mediante oferentes considerados "pantalla". Una vez adjudicadas las operaciones, la acusación afirma que algunas empresas recibían prioridad en los pagos y que parte de las ganancias habría sido destinada a funcionarios o intermediarios, una hipótesis que las defensas podrán seguir cuestionando.

Qué delitos se investigan en la causa ANDIS

Spagnuolo quedó procesado como presunto jefe de una asociación ilícita y por negociaciones incompatibles con la función pública, administración fraudulenta agravada y cohecho pasivo. El Ministerio Público Fiscal explicó que este último cargo está vinculado con la acusación de haber recibido dinero de quienes presuntamente se beneficiaban de las contrataciones.

Garbellini, Calvete y Atchabahian también aparecen colocados por la investigación en posiciones centrales dentro de la supuesta organización. La calificación concreta varía según cada acusado y su rol, por lo que no todos enfrentan necesariamente exactamente los mismos cargos.

La Cámara rechazó además planteos que buscaban anular la investigación por el origen de los audios atribuidos a Spagnuolo. Los magistrados remarcaron que la causa cuenta con evidencia independiente de esas grabaciones, entre ella documentación administrativa, correos, allanamientos y análisis de dispositivos electrónicos.

Qué viene ahora para los 19 procesados

La confirmación de los procesamientos consolida la situación judicial de Spagnuolo y del resto de los acusados, aunque todavía quedan medidas de prueba y líneas paralelas bajo investigación. El expediente incluso se amplió durante 2026 con nuevas indagatorias a empresarios y personas vinculadas con proveedores médicos, lo que muestra que el universo investigado excede a estos 19 procesados.

El paso siguiente será determinar si la investigación reúne condiciones para avanzar hacia una elevación a juicio oral o si antes deberán resolverse nuevas apelaciones y profundizarse medidas pendientes. Por ahora, la Cámara avaló una hipótesis que coloca a funcionarios, empresarios y operadores privados dentro de una misma trama de presuntos sobreprecios, direccionamiento de compras y pagos ilegales en ANDIS, pero las responsabilidades penales definitivas sólo podrán establecerse mediante las instancias judiciales correspondientes.