24 de septiembre de 2026
La Cámara Alta convirtió en ley la reforma impulsada por el Gobierno y redujo el alcance del beneficio ampliado en 2021. Energía estima que unos 1,6 millones de usuarios podrían perder el descuento, mientras la Patagonia, la Puna y Malargüe conservarán un régimen especial.
El Senado aprobó el recorte de subsidios al gas en zonas frías y convirtió en ley una de las reformas energéticas que el gobierno de Javier Milei venía negociando desde hacía meses. La iniciativa obtuvo 38 votos a favor y ocho en contra y modifica tanto el universo de beneficiarios como la forma en que se calculará la asistencia sobre las facturas.
El cambio tendrá impacto especialmente en hogares de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y otras provincias incorporadas al régimen ampliado en 2021. Según una estimación presentada por la Secretaría de Energía durante el debate legislativo, alrededor de 1,6 millones de usuarios dejarían de recibir el subsidio, mientras otros podrán mantenerlo si cumplen determinadas condiciones económicas o sociales.
La reforma retrocede sobre parte de la ampliación establecida por la Ley 27.637, sancionada en 2021, que extendió los descuentos a millones de hogares ubicados fuera de las regiones históricamente consideradas de frío extremo. A partir del nuevo esquema, en esas zonas ampliadas el beneficio dejará de ser automático y pasará a depender principalmente de criterios socioeconómicos.
Entre las condiciones previstas aparece que el hogar no supere ingresos equivalentes a tres Canastas Básicas Totales, además de situaciones vinculadas con personas con discapacidad y veteranos de la Guerra de Malvinas. Infobae calculó que ese límite se ubica actualmente en algo más de $4,7 millones mensuales por grupo familiar, aunque el monto variará junto con la actualización de las canastas.
La secretaria de Energía había estimado durante el tratamiento legislativo que 1,6 millones de usuarios perderían la asistencia, mientras aproximadamente 1,8 millones podrían continuar bajo el esquema focalizado. Esto explica la diferencia entre los más de tres millones de hogares incorporados por la ampliación de 2021 y la cantidad que efectivamente quedará sin descuento con la nueva ley.

Las regiones incluidas en el régimen histórico continuarán teniendo un tratamiento diferenciado. La cobertura geográfica se mantendrá para la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe, que reúnen cerca de 940.000 usuarios de gas natural, según explicó en el Senado la titular de la Comisión de Energía, Flavia Royón.
Sin embargo, incluso en esos territorios cambiará la forma de calcular el beneficio. El descuento pasará a aplicarse sobre el costo del gas consumido y no sobre otros componentes vinculados con la distribución, por lo que la modificación puede traducirse en incrementos de las facturas aun para usuarios que continúen incluidos en Zona Fría.
Ese punto será uno de los factores centrales a observar durante el próximo invierno. El impacto final dependerá además de la evolución del precio del gas, los cargos de distribución, el nivel de consumo de cada hogar y las actualizaciones tarifarias que determine el Gobierno.
Las primeras estimaciones muestran diferencias importantes según localidad y nivel de consumo. Un informe citado por TN calculó que en Bahía Blanca, por ejemplo, un hogar con un consumo promedio de 118 metros cúbicos mensuales podría pasar de una factura cercana a $19.945 a otra de $39.890 si queda completamente fuera del beneficio.
Para quienes permanezcan dentro del esquema focalizado, el aumento sería considerablemente menor, ya que conservarían parte de la asistencia. La Secretaría de Energía estimó además que los hogares que pierdan el beneficio en las zonas templadas podrían enfrentar incrementos promedio cercanos a $15.000 mensuales, aunque el resultado concreto variará entre usuarios y regiones.
El cambio adquiere especial sensibilidad porque el programa había permitido descuentos de entre 30% y 50% sobre las tarifas de usuarios alcanzados por el régimen anterior. La nueva legislación modifica esa lógica y busca concentrar la asistencia en zonas de frío extremo y hogares que cumplan determinados requisitos.

La sanción representa la culminación de una negociación legislativa que comenzó en Diputados. La Cámara baja había aprobado el proyecto el 20 de mayo por 132 votos afirmativos, 105 negativos y cuatro abstenciones, después de que el Poder Ejecutivo enviara la iniciativa como parte de una reforma más amplia del sistema energético.
En el Senado, el cierre de los acuerdos quedó en manos del jefe de Gabinete, Diego Santilli, mientras Patricia Bullrich condujo políticamente al bloque oficialista. La votación terminó reuniendo a legisladores de La Libertad Avanza, sectores radicales, el PRO y representantes provinciales, aunque otros senadores de esos mismos espacios votaron en contra.
La oposición cuestionó principalmente el criterio utilizado para retirar beneficios. La radical Mariana Juri habló de "improvisación", mientras Maximiliano Abad sostuvo que la nueva legislación era "arbitraria" y reclamó un criterio técnico más preciso para determinar qué localidades debían conservar el subsidio.
Una de las claves para destrabar la votación fue el reclamo de provincias del Norte por el costo de la electricidad durante los meses de temperaturas extremas. El Ejecutivo se comprometió políticamente a avanzar con un esquema de "zonas cálidas" que permita otorgar asistencia eléctrica a determinados distritos, aunque ese beneficio no quedó incorporado de manera explícita en la ley sancionada este jueves.
La discusión parte de una diferencia estructural entre regiones. Flavia Royón señaló durante el debate que Argentina tiene aproximadamente 9 millones de usuarios conectados a la red de gas, mientras otros 6,2 millones dependen de garrafas, un argumento utilizado para plantear que el esquema anterior generaba desigualdades entre hogares según su ubicación y acceso energético.
El compromiso sobre las zonas cálidas será ahora uno de los puntos a seguir, especialmente entre los gobernadores del Norte Grande que acompañaron o facilitaron el tratamiento. La forma, el monto y las condiciones de esa eventual compensación eléctrica todavía deberán materializarse en nuevas normas o decisiones administrativas.
El proyecto había sido enviado por el Poder Ejecutivo en mayo con la firma de Javier Milei, Manuel Adorni y Luis Caputo. En sus fundamentos, el Gobierno planteó como objetivos la reducción del déficit fiscal, la normalización financiera del sistema energético y una mayor focalización de los subsidios.
La secretaria de Energía, Carmen Tettamanti, defendió ese criterio ante Diputados y sostuvo que los recursos públicos debían concentrarse en los hogares que realmente necesitaran asistencia. Desde la oposición, en cambio, se argumentó que la reforma puede trasladar un aumento significativo a familias que viven en localidades con bajas temperaturas pero quedan afuera de los nuevos parámetros.
Con la sanción definitiva, la discusión pasa ahora del Congreso a las facturas. El punto decisivo será cuánto terminará pagando cada hogar cuando entren plenamente en vigencia los nuevos parámetros y cómo impactará el recorte cuando vuelva el período de mayor consumo de gas durante el invierno de 2027.
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