País. Imputaron a un ex jefe de Tránsito de Río Negro por usar la tarjeta municipal de combustible en un viaje particular

El Ministerio Público Fiscal de Río Negro formuló cargos contra el ex jefe de Tránsito de la Municipalidad de San Antonio Oeste por el uso irregular de la tarjeta de combustible "YPF en Ruta" durante un viaje particular. El funcionario se encontraba de licencia al momento de los consumos.

Según la acusación del fiscal Gustavo Arbues, los hechos habrían ocurrido entre el 20 y el 28 de diciembre de 2025. En ese período, el imputado habría utilizado sin autorización la tarjeta asignada por su cargo.

La Fiscalía encuadró la conducta en el delito de malversación de caudales públicos, en calidad de autor, conforme a los artículos 45 y 260 del Código Penal.

La denuncia original fue presentada el 24 de febrero de 2026 por la Secretaría de Gobierno municipal y ampliada el 20 de agosto. Allí se precisó que el funcionario había pedido comisión para viajar a Buenos Aires, pedido que fue rechazado, y que había sido advertido de que no podía usar la tarjeta. Pese a ello, los gastos fueron abonados por el municipio.

Entre las pruebas incorporadas figuran una nota con el detalle de fechas, lugares y horarios de las cargas; los tickets presentados al regresar; la solicitud de licencia ante Recursos Humanos; y una planilla de gastos del 20 al 29 de diciembre de 2025 por un total de $359.707,01. También se agregó el organigrama municipal, un informe del Registro de la Propiedad Automotor que acredita que el vehículo pertenece al imputado y a su cónyuge, y la resolución de la Junta de Calificación y Disciplina que dispuso su cesantía.

La defensa, a cargo de los abogados Carlos Dvorzak y Adrián Zimmermann, se opuso a la formulación de cargos. Argumentó que el funcionario viajó a Buenos Aires para trasladar dos aparatos de su área que necesitaban calibración, que era habitual usar el auto particular para esas tareas y que luego se le descontó el importe de los consumos de sus recibos de sueldo. Por eso, sostuvo que no hubo perjuicio económico para el Estado ni se configuró un delito.

El caso quedó radicado en la Justicia de Río Negro y la investigación penal preparatoria continúa.