25 de septiembre de 2026
Desde diciembre de 2023, las tarifas de transporte y servicios atravesaron una profunda recomposición en la Argentina. Colectivos, trenes, subte, luz, gas, agua y peajes registraron fuertes aumentos, mientras el salario mínimo avanzó solamente un 146% en el mismo período.
Aumento desparejo. La suba en los precios de los boletos y las tarifas de los servicios no fue acompañada por los salarios.
Desde que Javier Milei asumió la Presidencia, el costo de los servicios públicos y del transporte atravesó una transformación que modificó de manera sustancial la estructura de gastos de los hogares. La reducción de subsidios impulsada por el Gobierno Nacional, las actualizaciones de los cuadros tarifarios y los distintos mecanismos de indexación aplicados por Nación, Ciudad y Provincia fueron trasladando una mayor proporción del costo de los servicios hacia los usuarios.
El proceso comenzó prácticamente junto con el cambio de administración, en diciembre de 2023, y continuó durante los años siguientes. Aunque no todos los rubros pueden compararse con una misma metodología, los datos oficiales permiten dimensionar la magnitud de la recomposición: en algunos medios de transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires, los boletos actuales cuestan más de diez y hasta veinte veces lo que valían al inicio de la gestión.
El contraste con los ingresos resulta significativo. El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) pasó de $156.000 en diciembre de 2023 a $383.800 en septiembre de 2026, una variación nominal del 146%. En ese mismo período, determinados boletos de transporte acumularon incrementos superiores al 1.000% y, en algunos casos, al 2.000%.
Uno de los cambios más visibles se produjo en el transporte automotor. Cuando Milei llegó a la Casa Rosada, el boleto mínimo de colectivo en el AMBA estaba fijado en $52,96, después de haber permanecido congelado desde agosto de 2023.
La recomposición comenzó rápidamente. En enero de 2024 el mínimo pasó a $76,92 y, apenas un mes después, llegó a $270. A partir de entonces, las sucesivas actualizaciones y la diferenciación de las políticas tarifarias entre Nación, Ciudad y Provincia terminaron con el esquema prácticamente uniforme que había caracterizado durante años al transporte metropolitano.
En septiembre de 2026, una persona con SUBE registrada paga un boleto mínimo de $742,81 en las líneas nacionales, mientras que en los colectivos bajo jurisdicción de la Ciudad el valor alcanza los $887,99. En las líneas provinciales bonaerenses, en tanto, el mínimo llegó a $1.164,47.
Tomando como punto de partida los $52,96 vigentes en diciembre de 2023, la variación nominal ronda así el 1.303% en las líneas nacionales, el 1.577% en las porteñas y el 2.099% en las bonaerenses.
La diferencia entre jurisdicciones es fundamental para interpretar los números. Hablar de un único aumento del "colectivo" ya no describe adecuadamente la situación del AMBA, porque un mismo trayecto puede tener valores diferentes según qué autoridad regule la línea.
El sistema ferroviario metropolitano recorrió un camino similar. En diciembre de 2023, la tarifa mínima se encontraba en $25,72, un valor fuertemente subsidiado que comenzó a modificarse durante los primeros meses de la nueva administración.
En febrero de 2024, el boleto mínimo dio uno de sus primeros grandes saltos y pasó a $130. Desde entonces se aplicaron nuevas actualizaciones, en paralelo con la decisión oficial de reducir el peso de los subsidios nacionales sobre el costo operativo del sistema.
Para septiembre de 2026, viajar en la primera sección de los trenes metropolitanos cuesta $450 con SUBE registrada, mientras que las siguientes secciones tienen valores de $640 y $790. Los pasajeros que no registraron su tarjeta deben afrontar tarifas superiores.
La comparación entre los $25,72 de diciembre de 2023 y los $450 actuales arroja un incremento nominal cercano al 1.649%. En otras palabras, el boleto mínimo ferroviario se multiplicó por más de 17 desde el comienzo de la actual gestión.
El Gobierno justificó parte de las actualizaciones por el fuerte nivel de subsidios heredado y sostuvo que, al inicio del período, la tarifa abonada por los pasajeros cubría una porción muy reducida del costo real del servicio.
La mayor variación dentro del transporte metropolitano aparece en el subte de la Ciudad de Buenos Aires, aunque en este caso existe una diferencia institucional importante: el cuadro tarifario depende del Gobierno porteño y no de la administración nacional.
Cuando Milei asumió la Presidencia, el viaje costaba $80. En enero de 2024 subió a $110 y posteriormente comenzó una secuencia de incrementos que llevó el valor del pasaje a niveles muy superiores.
En septiembre de 2026, el boleto para los usuarios con SUBE registrada que realizan hasta 20 viajes mensuales se ubica en $1.753. Frente a los $80 de diciembre de 2023, el incremento nominal acumulado alcanza aproximadamente el 2.091%.
Esto significa que el valor nominal del pasaje se multiplicó por casi 22 en menos de tres años. Si bien el incremento coincide temporalmente con la presidencia de Milei, atribuírselo directamente al Gobierno nacional sería incorrecto, ya que la potestad tarifaria corresponde a la Ciudad.
La electricidad también atravesó una profunda recomposición, aunque calcular un único porcentaje de aumento resulta mucho más complejo que en el transporte. La factura final depende de la distribuidora, la categoría residencial, el nivel de consumo, la situación frente a los subsidios y los impuestos que aplica cada jurisdicción.
Como referencia concreta, a comienzos de 2024 un usuario residencial R1 de Edenor sin subsidio pagaba un cargo variable de $26,391 por kWh. Para los hogares de menores ingresos, el componente equivalente era de $6,686 por kWh, mientras que para los sectores medios alcanzaba los $7,563.
Desde entonces, el Gobierno avanzó con sucesivas modificaciones en los precios mayoristas de la energía y con una reducción gradual de los subsidios, al tiempo que el ENRE fue autorizando nuevas remuneraciones para las empresas de distribución.
En septiembre de 2026, el cuadro tarifario de Edenor establece para un residencial R1 sin subsidio un cargo variable de aproximadamente $156,65 por kWh, además del correspondiente cargo fijo. Si se toma exclusivamente ese componente y esa categoría, la variación desde comienzos de 2024 ronda el 494%.
El porcentaje, sin embargo, no representa el aumento de todas las facturas. Para los hogares que partían de niveles fuertemente subsidiados, la trayectoria fue distinta y estuvo condicionada por los cambios aplicados al esquema de asistencia estatal.
La tarifa de agua y cloacas de AySA tuvo una de las recomposiciones más pronunciadas durante el primer año de la gestión libertaria.
En abril de 2024 se aplicó un incremento del 209%, que llevó una factura promedio sin impuestos de aproximadamente $5.290 a $16.346. El salto inicial estuvo acompañado posteriormente por un mecanismo de actualizaciones mensuales vinculado a la evolución de distintos costos.
Como consecuencia de esa sucesión de ajustes, las tarifas de AySA acumularon alrededor de 317% de incremento solamente durante 2024. La actualización continuó posteriormente, aunque el impacto sobre cada usuario depende de la zona, el tipo de servicio, el coeficiente correspondiente al inmueble y las bonificaciones que eventualmente reciba.
El agua muestra así una característica que también aparece en electricidad y gas: el incremento puede calcularse para una factura modelo o una categoría determinada, pero no existe un único porcentaje que represente de manera exacta a todos los usuarios.
El gas natural fue otro de los servicios alcanzados por el cambio de política tarifaria. Desde 2024, el Gobierno comenzó a trasladar progresivamente una mayor proporción del costo del suministro hacia las facturas, junto con actualizaciones de los componentes correspondientes al transporte y la distribución.
La evolución no fue lineal ni idéntica para todos los hogares. El monto que paga cada usuario depende de la distribuidora, la región del país, su categoría de consumo, la época del año y el nivel de subsidio que conserva.
Por esa razón, no existe un porcentaje nacional único que permita afirmar cuánto "aumentó el gas" para todos los usuarios desde diciembre de 2023. Las comparaciones que ubican la suba acumulada por encima del 1.000% pueden corresponder a determinadas categorías o consumos, pero necesitan especificar cuál es la factura testigo utilizada para que el dato resulte comparable.
Lo que sí atraviesa al período es el cambio de criterio: el Estado nacional redujo gradualmente la proporción subsidiada y trasladó una mayor parte del costo energético a los consumidores, dentro del programa oficial de ordenamiento de precios relativos.
Los peajes también formaron parte de la recomposición de precios regulados. Poco antes de la asunción de Milei, un automóvil pagaba en los accesos nacionales al Área Metropolitana unos $250 en horario normal y $300 durante las horas pico.
Desde entonces se produjeron sucesivos aumentos, tanto en corredores nacionales como en autopistas administradas por otras jurisdicciones. Los valores fueron acompañando los mayores costos de operación y los nuevos esquemas tarifarios aprobados por las autoridades correspondientes.
En marzo de 2026, por ejemplo, Vialidad Nacional aprobó una nueva actualización para los Accesos Norte y Oeste e incorporó mecanismos destinados a diferenciar las tarifas según la modalidad de pago y fomentar el uso de TelePASE.
Como sucede con los colectivos, no existe actualmente un único porcentaje de aumento de "los peajes": la variación depende de la autopista, la estación atravesada, el vehículo, el horario y el sistema utilizado para pagar.
En Internet y telefonía móvil, las comparaciones presentan todavía más dificultades porque se trata de mercados en los que conviven múltiples empresas, planes, promociones y velocidades de conexión.
Desde diciembre de 2023 hubo aumentos reiterados en las facturas de telecomunicaciones, pero no existe un plan nacional de referencia que permita construir una variación comparable con la del boleto de tren o el salario mínimo.
Los porcentajes dependen de qué compañía y qué servicio se tomen como referencia. También influyen las promociones comerciales, los descuentos por paquetes combinados y las modificaciones que los usuarios realizan en sus planes.
Por eso, cualquier cálculo acumulado para Internet o celulares debe estar asociado a una canasta o plan específico. Presentar una única variación como representativa de todos los clientes puede distorsionar la evolución real de los precios.
Mientras las tarifas atravesaban este proceso, el Salario Mínimo, Vital y Móvil también recibió distintas actualizaciones, aunque con una evolución nominal considerablemente menor que la registrada en varios componentes del transporte.
En diciembre de 2023, el salario mínimo era de $156.000 mensuales para un trabajador mensualizado con jornada completa. En septiembre de 2026 quedó establecido en $383.800, lo que representa una suba acumulada de aproximadamente 146%.
La diferencia resulta especialmente visible en el transporte. Mientras el salario mínimo se multiplicó por 2,46 desde diciembre de 2023, el boleto mínimo del tren se multiplicó por alrededor de 17,5 y el subte por casi 22. En los colectivos, la magnitud depende de la jurisdicción, pero también se encuentra ampliamente por encima de la evolución del SMVM.
El Gobierno ya estableció además que el salario mínimo llegará a $406.400 en diciembre de 2026. Incluso con ese incremento, la variación acumulada desde diciembre de 2023 sería cercana al 160,5%.
La evolución de estos precios está estrechamente vinculada con uno de los pilares de la política económica implementada desde el inicio del Gobierno de Milei: reducir los subsidios económicos y recomponer los precios relativos que la administración consideraba atrasados.
El efecto fue particularmente visible durante los primeros meses de 2024, cuando se produjeron algunos de los saltos más pronunciados. Luego, en distintos sectores, las grandes correcciones fueron reemplazadas por mecanismos de actualización periódica que incorporaron inflación, salarios u otros componentes de costos.
La situación tampoco fue idéntica en todo el país. Mientras algunas tarifas dependen directamente del Gobierno nacional, otras están bajo responsabilidad de provincias o municipios. El caso del AMBA resulta especialmente ilustrativo: Nación, Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires aplican actualmente diferentes políticas sobre servicios que funcionan dentro de una misma área urbana.
Más que un aumento aislado, lo ocurrido desde diciembre de 2023 representa un cambio en la composición del gasto de los hogares, con una participación mayor de transporte y servicios dentro de los ingresos disponibles. La incidencia concreta varía según cada familia, pero la distancia entre la evolución de algunos precios regulados y la del salario mínimo permite dimensionar uno de los principales cambios económicos que atravesó el consumo cotidiano durante los primeros años de la administración libertaria.
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