Desarmar a las organizaciones y delincuentes violentos debería ser una parte medible de cualquier política de seguridad.
La droga y el control territorial
A la violencia callejera se suma la presencia de organizaciones dedicadas al narcotráfico y al narcomenudeo. Los procedimientos realizados durante el año muestran que existen estructuras criminales operando en distintos sectores del territorio bonaerense. Pero también aquí hacen falta números.
Cuántos puntos de venta son identificados. Cuántos son allanados. Cuántas armas aparecen junto con la droga. Cuántos detenidos existen y cuánto tiempo pasa hasta que un punto de venta vuelve a funcionar. Sin información comparable, el problema termina reducido a operativos aislados cuando lo importante es saber si el Estado consigue recuperar efectivamente el territorio.
"Entran por una puerta y salen por la otra": ¿qué dicen los expedientes?
Después de cada asesinato se repite una pregunta.
¿Los responsables ya habían sido detenidos antes?
Es una cuestión que debería poder contestarse caso por caso.
¿Cuántos acusados de homicidios durante robos tenían antecedentes?
¿Cuántos eran reincidentes?
¿Cuántos habían recuperado recientemente la libertad?
¿Cuántos tenían pedidos de captura?
¿Cuántos incumplían una medida judicial?
¿Cuántos habían sido condenados anteriormente?
No corresponde responsabilizar genéricamente a todos los jueces. Lo que corresponde es conocer qué antecedentes tenía cada acusado, qué decisiones había adoptado previamente la Justicia y bajo qué normas. Ahí puede encontrarse una parte importante de la respuesta.
Provincia, Nación, municipios y Justicia: ¿quién protege al bonaerense?
La Policía Bonaerense depende del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof. El Gobierno nacional de Javier Milei conduce las fuerzas federales y posee responsabilidades sobre delitos federales y mecanismos de cooperación con las provincias.
Los municipios destinan recursos a prevención, patrullaje y monitoreo. Fiscales y jueces intervienen en las investigaciones y procesos judiciales. Las responsabilidades institucionales son diferentes. Pero para un vecino que vuelve de trabajar a las once de la noche esa discusión tiene una importancia secundaria frente a una necesidad mucho más inmediata: llegar vivo a su casa.
434 vidas perdidas
Milcíades tenía 63 años y volvía de trabajar. Andrés tenía 54 y estaba dentro de su casa. Matías tenía 34. Darío esperaba el colectivo para ir a trabajar. Juan estaba acompañado por su esposa. Agustín tenía 21 y regresaba de la universidad. Lautaro tenía 17 y caminaba hacia el colegio junto a su padre. Leandro trabajaba manejando. Mauro era policía y padre de dos adolescentes. Ariel había ido a buscar a su pareja. Claudio estaba trabajando. Rafael tenía 75 años y acababa de salir de una farmacia.
Son algunos nombres dentro de una cifra mucho mayor.
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