Política. Presupuesto 2027: gobernadores presionan a Milei por fondos y obras

La negociación por el Presupuesto 2027 entró en una etapa decisiva entre el gobierno de Javier Milei y los gobernadores, que ahora reclaman definiciones concretas sobre cuánto dinero recibirán, mediante qué mecanismos y qué recursos quedarán asegurados por ley. El proyecto ya ingresó formalmente a la Cámara de Diputados y la Casa Rosada necesita construir una mayoría con mandatarios y bloques provinciales para avanzar con su aprobación.

El planteo provincial excede el volumen total de las partidas y apunta especialmente a su grado de previsibilidad. Los gobernadores quieren reducir la dependencia de transferencias discrecionales y conocer qué fondos podrán incorporar con certeza a sus propios presupuestos durante un año atravesado por las elecciones presidenciales.

Los gobernadores piden garantías sobre los fondos

Uno de los principales reclamos está relacionado con la diferencia entre recursos automáticos y partidas que permanecen bajo control del Tesoro Nacional. Según el análisis realizado por LA NACION sobre el proyecto, las transferencias automáticas a las provincias crecerían 7,5% en términos reales, mientras que las transferencias de capital mostrarían una caída cercana al 20%.

Esa combinación genera inquietud porque una mayor proporción de recursos quedaría sujeta a negociaciones con el Ejecutivo. Los mandatarios quieren saber de antemano qué fondos estarán incorporados de forma obligatoria al Presupuesto y cuáles dependerán de acuerdos posteriores con el Ministerio de Economía o la Jefatura de Gabinete.

La discusión cobra todavía más importancia porque el proyecto será la hoja de gastos e ingresos del Estado durante 2027, año en el que Milei buscará la reelección. Desde las provincias consideran que las reglas de distribución deben quedar claras antes de comprometer los votos de sus legisladores.

Los ATN vuelven al centro de la pelea con la Casa Rosada

El proyecto contempla alrededor de $1,9 billones para el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional, conocido como ATN. Sin embargo, el texto no incorpora el mecanismo de distribución automática que los gobernadores vienen reclamando desde hace tiempo, por lo que ese dinero continuaría bajo un esquema con intervención del Poder Ejecutivo.

Los ATN son uno de los puntos más sensibles de la relación entre Nación y provincias porque funcionan como una herramienta de asistencia financiera extraordinaria. El año pasado, los mandatarios ya habían coordinado en el Consejo Federal de Inversiones iniciativas para modificar su distribución y también para revisar el reparto de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles.

La discusión no implica que todos los gobernadores mantengan una posición idéntica frente a Milei. Algunos tienen una relación política más cercana con la Casa Rosada y otros mantienen fuertes diferencias, pero existe un interés común en lograr mayor previsibilidad sobre los fondos federales.

Obra pública: las provincias cuestionan una caída de las transferencias

Otro frente conflictivo es la obra pública, después del fuerte repliegue de la inversión nacional desde el comienzo de la gestión libertaria. Entre enero y julio de 2026, las transferencias de capital a los gobiernos subnacionales fueron de aproximadamente $0,5 billones, lo que representa una caída real del 52% frente al mismo período del año anterior, según los datos relevados por LA NACION.

El proyecto para 2027 mantiene un esquema en el que muchas provincias deberán asumir directamente la ejecución o el mantenimiento de infraestructura transferida por Nación. Actualmente existen convenios de ese tipo con 21 provincias y nueve municipios bonaerenses, lo que trasladó responsabilidades que anteriormente estaban bajo la órbita federal.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, volvió a exponer ese reclamo durante la inauguración de una obra vial en Villa María. El mandatario sostuvo que parte de los recursos que Nación recauda a través de retenciones deberían retornar al interior productivo en forma de infraestructura, una posición que representa el planteo político de su administración y no una obligación contemplada actualmente en el proyecto nacional.

Cajas jubilatorias: otro reclamo de las provincias

También permanece abierta la discusión por las 13 cajas previsionales provinciales que no fueron transferidas a la Nación. El Presupuesto 2027 contempla aproximadamente $503.325 millones para financiar esos déficits, un incremento que LA NACION calculó en apenas 1,8% real respecto de 2026.

Entre las provincias que ya tienen convenios aparecen Córdoba, Santa Fe, Chubut, La Pampa, Entre Ríos, Chaco, Misiones, Neuquén y Corrientes. Para esos gobiernos, la preocupación es que el monto previsto resulte insuficiente para renovar los acuerdos y cubrir el costo de sus sistemas jubilatorios durante el próximo ejercicio.

La cuestión previsional lleva varios años de disputas administrativas y judiciales entre Nación y las provincias. Por eso, los gobernadores buscan que los compromisos queden reflejados de manera precisa en la ley y no exclusivamente en convenios posteriores.

Universidades, AUH y Discapacidad también traban la negociación

Las diferencias no se limitan a los fondos que reciben directamente las provincias. Los mandatarios también siguen con atención las partidas para universidades nacionales, discapacidad y programas sociales, porque son cuestiones con fuerte impacto territorial y político.

El tucumano Osvaldo Jaldo, por ejemplo, pidió que las partidas universitarias sean revisadas de acuerdo con los reclamos planteados por el Consejo Interuniversitario Nacional. En paralelo, la presión de gobernadores y bloques dialoguistas ya llevó al Ejecutivo a modificar artículos vinculados con Discapacidad durante la discusión preliminar del proyecto.

Otro punto observado es la intención oficial de modificar la actualización automática de la Asignación Universal por Hijo y las asignaciones familiares. Actualmente esos beneficios siguen un mecanismo de movilidad vinculado con la inflación, mientras que la redacción inicial del Presupuesto daría mayor margen al Poder Ejecutivo para definir futuros aumentos.

El 16 de octubre los gobernadores buscarán una posición común

La próxima fecha política clave será el 16 de octubre, cuando la mayoría de los mandatarios provinciales coincidan en el Consejo Federal de Inversiones durante una cumbre originalmente convocada para tratar cuestiones logísticas. Ese encuentro también servirá para intentar ordenar reclamos comunes antes de que el Presupuesto avance en el Congreso.

El CFI ya funcionó anteriormente como espacio para coordinar iniciativas provinciales frente al Gobierno nacional. Sin embargo, cualquier posición conjunta deberá convivir con los acuerdos particulares que cada gobernador mantiene con la Casa Rosada y con las necesidades fiscales específicas de cada distrito.

Las PASO se cruzan con la negociación por el Presupuesto

La estrategia oficial combina además el Presupuesto con la reforma electoral para 2027. La Casa Rosada impulsa la eliminación de las PASO, pero fuentes oficialistas reconocen que todavía no cuenta con los votos necesarios para aprobar esa opción y que una suspensión temporal reúne actualmente mayor respaldo.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, viene manteniendo reuniones individuales y grupales con gobernadores para acercar posiciones sobre ambas iniciativas. Durante septiembre recibió a mandatarios como Raúl Jalil, Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo y Juan Pablo Valdés, entre otros, en una ronda que continuará mientras avance el debate legislativo.

Para los gobernadores, además, la discusión electoral incluye qué estrategia tendrá La Libertad Avanza en sus provincias y si competirá contra los oficialismos locales. Para Milei, en cambio, el desafío inmediato es transformar el diálogo político con esos mandatarios en los votos necesarios para sancionar el Presupuesto 2027 sin alterar los pilares fiscales que defiende el Ministerio de Economía.

La negociación entrará ahora en una etapa en la que las fotografías en la Casa Rosada tendrán menos peso que los números incorporados al proyecto. Los gobernadores quieren saber cuánto recibirán, cómo se distribuirá y qué quedará escrito en la ley antes de definir el acompañamiento de sus diputados y senadores.