28 de septiembre de 2026
Roque Fleitas cuestionó un pedido de informes por el uso de la sede del Sindicato Obrero de la Fruta en Concordia. La Cámara de Diputados terminó aprobando el requerimiento y el Ejecutivo provincial deberá responder sobre la actividad y el eventual uso de recursos públicos.
El presidente de La Libertad Avanza en Entre Ríos y diputado provincial, Roque Fleitas, protagonizó una fuerte discusión durante una reunión de Labor Parlamentaria cuando se analizaba incorporar al temario un pedido de informes sobre una actividad realizada en la sede del Sindicato Obrero de la Fruta de Concordia. Según distintas reconstrucciones coincidentes del episodio, el legislador golpeó la mesa y lanzó: "Me quieren hacer quedar como un criminal".
La iniciativa, presentada por el diputado peronista Enrique Cresto, finalmente fue tratada y aprobada por la Cámara de Diputados de Entre Ríos. El requerimiento contiene quince puntos y busca que el gobierno de Rogelio Frigerio detalle las circunstancias de una actividad del 28 de agosto en la que participaron referentes libertarios y se exhibieron símbolos partidarios dentro de las instalaciones gremiales.
La discusión se produjo durante la reunión en la que los bloques ordenan previamente los asuntos que llegarán al recinto. Medios entrerrianos que reconstruyeron el encuentro señalaron que Fleitas pidió que su nombre fuera retirado del proyecto y mantuvo un cruce con autoridades y legisladores presentes.
En ese contexto se produjo la frase que llevó el episodio al centro de la escena política provincial. "Me quieren hacer quedar como un criminal", gritó Fleitas, quien también habría reclamado: "Sacá mi nombre de esto o no lo voto", según la crónica difundida sobre la reunión.
El nombre del diputado fue finalmente retirado de la redacción final, según esa misma reconstrucción, pero el pedido de informes siguió adelante. La Cámara lo aprobó y trasladó así la discusión al Ejecutivo provincial, que deberá contestar las preguntas formuladas por los legisladores.
El episodio que dio origen al pedido ocurrió el 28 de agosto en Concordia, cuando una actividad desarrollada en la sede del Sindicato Obrero de la Fruta reunió a dirigentes vinculados con La Libertad Avanza. Fotografías difundidas posteriormente muestran a Fleitas junto con el dirigente sindical Iván Amaro, el referente libertario local Ignacio Cabrera, el diputado nacional Pablo Ansaloni y Eduardo Vidoni, funcionario de la Agencia Territorial Concordia de la Secretaría de Trabajo.
El punto que generó el cuestionamiento es la situación institucional del gremio. La Federación Argentina de Trabajadores Rurales, Estibadores y Frutihortícolas Unidos (FATREFU) había resuelto intervenir el sindicato en octubre de 2025 y designó a Amaro como interventor, mientras durante 2026 continuaron disputas administrativas y judiciales por la conducción de la organización.
En abril, el Juzgado Nacional del Trabajo N°2 ordenó a la autoridad laboral emitir provisoriamente una certificación a favor de las autoridades surgidas de una elección sindical de enero. Ese antecedente muestra que la situación del Sindicato de la Fruta no puede reducirse simplemente a una intervención estatal ya resuelta, sino que está atravesada por un conflicto gremial y judicial todavía relevante para interpretar el caso.
El pedido impulsado por Cresto busca establecer si autoridades provinciales conocían que durante la actividad se exhibirían banderas, cartelería u otros elementos identificados con La Libertad Avanza. También reclama información sobre la participación de funcionarios y sobre un eventual uso de vehículos, fondos u otros recursos oficiales para la organización o logística del encuentro.
La aprobación no prueba que esos recursos hayan sido utilizados ni establece la existencia de un delito. Se trata de un mecanismo de control legislativo mediante el cual la Cámara requiere información al Poder Ejecutivo para determinar qué intervención tuvo el Estado provincial y bajo qué condiciones se desarrolló la actividad.
Algunas publicaciones periodísticas mencionaron como hipótesis posibles figuras como peculado de uso o incumplimiento de deberes. Hasta el momento, el material verificado para esta nota no acredita una resolución judicial que determine que Fleitas o los demás participantes hayan cometido esos delitos, por lo que esa caracterización debe mantenerse en el terreno de los cuestionamientos y no presentarse como un hecho probado.
Según la reconstrucción difundida tras la reunión legislativa, Fleitas sostuvo ante sus pares que el encuentro realizado en el sindicato había sido una actividad oficial y que contaba con aval del Gobierno nacional. Esa explicación forma parte de su posición frente a los cuestionamientos y será uno de los elementos que podrán contrastarse con la documentación requerida por Diputados.
La presencia de Eduardo Vidoni, responsable de la Agencia Territorial Concordia de la Secretaría de Trabajo, agregó sensibilidad institucional al episodio debido a la intervención de organismos laborales nacionales en la situación gremial. Los cuestionamientos apuntan precisamente a establecer si existió una superposición indebida entre responsabilidades públicas y una actividad identificada con un partido político.
Fleitas es diputado provincial y conduce formalmente La Libertad Avanza en Entre Ríos, cargo partidario que el propio espacio reconoce en sus comunicaciones institucionales. Su figura tiene peso en el armado libertario provincial y en las negociaciones territoriales que ya comenzaron a proyectarse hacia las próximas elecciones.
La conducción provincial viene además atravesando tensiones internas, con agrupaciones y dirigentes libertarios que disputan espacios y cuestionan distintos aspectos del armado. El episodio del Sindicato de la Fruta agrega ahora una controversia institucional que sale de la discusión partidaria y llega formalmente a la Legislatura entrerriana.

Con la aprobación legislativa, el foco pasa al gobierno de Rogelio Frigerio, que deberá responder los puntos planteados por Diputados y precisar qué conocimiento tuvieron las autoridades provinciales sobre la actividad. Esa documentación permitirá determinar si existió participación estatal, utilización de recursos públicos o simplemente una actividad de dirigentes políticos dentro de una institución gremial en conflicto.
Por ahora, el episodio tiene consecuencias fundamentalmente políticas e institucionales y no debe confundirse con una imputación penal firme contra Fleitas. La discusión se concentrará en si correspondía utilizar esas instalaciones para una actividad con símbolos de LLA y qué responsabilidad tuvieron las autoridades públicas que participaron o conocieron su realización.
Comentarios
0Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
Iniciá sesión para dejar tu comentario
Iniciar sesiónCargando comentarios...
Denunciar comentario