Economía. Milei pone en venta tres "joyas" energéticas y espera recaudar más de US$800 millones

El gobierno de Javier Milei avanzó con la privatización de tres centrales termoeléctricas vinculadas a Enarsa, dos de ellas entre las principales generadoras del sistema eléctrico argentino. El Decreto 1107/2026 autorizó la venta de las acciones estatales en Termoeléctrica Manuel Belgrano y Termoeléctrica José de San Martín, mientras habilitó un procedimiento posterior para hacer lo mismo con la Central Guillermo Brown.

Las operaciones serán realizadas mediante licitaciones públicas nacionales e internacionales y forman parte de la segunda etapa de privatización de Energía Argentina S.A. Según estimaciones sectoriales recogidas por LA NACION, el Estado podría obtener más de US$800 millones entre las tres centrales, aunque el valor definitivo dependerá de las tasaciones, los pliegos y las ofertas que se presenten.

Qué centrales de Enarsa puso a la venta el Gobierno

Enarsa controla actualmente el 65,01% de Termoeléctrica Manuel Belgrano, ubicada en Campana, provincia de Buenos Aires, y el 68,83% de Termoeléctrica José de San Martín, instalada en Timbúes, Santa Fe. El decreto dispone la venta de la totalidad de esos paquetes accionarios y encarga al Ministerio de Economía, junto con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, la organización de las licitaciones.

Las dos centrales cuentan con una potencia superior a los 800 MW cada una y, de acuerdo con LA NACION, en conjunto abastecen cerca del 10% de la demanda eléctrica del país. Se trata por eso de activos relevantes dentro del sistema de generación, más allá del cambio que se producirá en su estructura accionaria.

El decreto no establece todavía precios base, fechas de apertura ni condiciones económicas para los oferentes. Esos elementos deberán aparecer en los pliegos, por lo que la cifra final que ingrese al Estado todavía no puede considerarse cerrada.

El esquema creado durante la gestión de Julio De Vido

Las centrales Manuel Belgrano y José de San Martín surgieron de un mecanismo diseñado en 2004 durante la gestión de Julio De Vido al frente del Ministerio de Planificación Federal. Frente a las deudas que mantenía el Mercado Eléctrico Mayorista con distintas generadoras, el Estado creó el Foninvemem, un fondo mediante el cual esas acreencias se transformaron en aportes destinados a financiar nueva capacidad de generación.

El esquema convirtió a las empresas privadas participantes en accionistas minoritarias de las nuevas centrales, mientras el Estado mantuvo la mayoría del capital. Los fideicomisos vinculados a las plantas de Campana y Timbúes se extinguieron el 1° de junio de 2026, un paso que permitió avanzar con la venta de las participaciones estatales.

La central Guillermo Brown siguió posteriormente una estructura similar. Su fideicomiso vence el 30 de septiembre de 2026 y, una vez completada la liquidación, Enarsa deberá recibir la participación accionaria que le corresponda antes de que el Gobierno pueda licitarla.

Guillermo Brown: por qué la tercera privatización deberá esperar

La participación estatal en la Guillermo Brown todavía no está incorporada directamente al patrimonio de Enarsa. La documentación oficial establece que, por los aportes realizados por el Estado para construir la central, esa tenencia no podrá ser inferior al 70% del capital social.

Una vez extinguido el fideicomiso, deberán completarse los actos societarios necesarios para que Enarsa ingrese formalmente como accionista. Recién después el Ministerio de Economía podrá convocar a la licitación pública nacional e internacional para vender ese paquete.

Por eso, las tres operaciones no necesariamente se realizarán de manera simultánea. Manuel Belgrano y José de San Martín están habilitadas para ingresar directamente al proceso licitatorio, mientras Guillermo Brown requiere una instancia administrativa previa.

Central Puerto, AES y Pampa tienen derecho de preferencia

La privatización tiene una particularidad que puede influir sobre la competencia entre interesados. Las empresas ya cuentan con accionistas privados, entre ellos compañías como Central Puerto, AES y Pampa Energía, cuyos estatutos les reconocen derechos de preferencia sobre las acciones que salgan a la venta.

El propio Decreto 1107 ordena que los futuros pliegos preserven esos derechos. En términos prácticos, los actuales accionistas podrán ejercer las facultades previstas estatutariamente frente a las ofertas que aparezcan durante el procedimiento, aunque las condiciones precisas se conocerán cuando Economía publique la documentación licitatoria.

El proceso tampoco contempla un Programa de Propiedad Participada para los trabajadores ni preferencias de ese tipo bajo la Ley 23.696. Esa exclusión quedó expresamente incorporada en el decreto firmado por Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Privatizaciones: cuánto dinero busca sumar el Gobierno

La venta se inscribe en un programa más amplio de desprendimiento de activos estatales autorizado por la Ley Bases. La privatización total de Enarsa había sido habilitada por el Decreto 286/2025, que dispuso avanzar por etapas para separar y transferir sus distintas unidades de negocio.

Hasta ahora, el Gobierno ya obtuvo US$356 millones por la venta de la participación estatal en Citelec, controlante de Transener, mientras la concesión de cuatro hidroeléctricas del Comahue aportó alrededor de US$700 millones adicionales, según el balance publicado por el diario La Nación. Caputo había proyectado además ingresos por privatizaciones por US$800 millones durante 2026 y otros US$1.500 millones en 2027.

En el caso de las tres centrales térmicas, la expectativa de superar los US$800 millones dependerá de cómo se valúen los activos y de la competencia efectiva en las licitaciones. El decreto autoriza la venta, pero no fija ni garantiza esa recaudación, una diferencia central para evaluar el resultado financiero del proceso.

El nuevo mapa energético que busca Milei

La explicación oficial es que la privatización apunta a reducir la participación directa del Estado en la actividad energética y trasladar la administración de las centrales al sector privado. La Secretaría de Energía sostuvo que busca que operadores con capacidad de inversión y experiencia asuman la gestión de estos activos.

El efecto final irá más allá de la recaudación inmediata porque cambiará la propiedad de centrales que ocupan un lugar relevante dentro del sistema eléctrico. La discusión pasará ahora por el precio que consiga el Estado, quiénes resulten compradores y qué compromisos de inversión y operación aparezcan en los pliegos de cada licitación.