28 de septiembre de 2026
La oposición busca unificar un proyecto para asistir a familias en mora con tarjetas, bancos y billeteras virtuales. Este martes las comisiones deberán dictaminar entre propuestas de refinanciación, límites a intereses y nuevas reglas para el crédito.
El gobierno de Javier Milei enfrenta un nuevo frente en la Cámara de Diputados, donde distintos bloques opositores avanzan en la búsqueda de un acuerdo para aliviar la situación de las familias endeudadas. El próximo martes 29 de septiembre, a las 14, las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor están oficialmente convocadas para emitir dictamen sobre los proyectos relacionados con el sobreendeudamiento familiar.
La discusión reúne iniciativas sobre tarjetas de crédito, préstamos bancarios, billeteras virtuales, refinanciación y protección de consumidores. La propia Cámara informó que existen 50 proyectos en consideración, después de que el 9 de septiembre el pleno aprobara el emplazamiento de las comisiones para abrir el debate y fijar un cronograma que culmina con la firma de dictámenes.
Unión por la Patria, Provincias Unidas, el Frente de Izquierda y la Coalición Cívica vienen negociando un texto común que declararía una emergencia por sobreendeudamiento durante 180 días, con posibilidad de una prórroga por otro período igual. La propuesta todavía debe atravesar la discusión final en comisión y pueden introducirse cambios antes de que exista un dictamen definitivo.
Entre las medidas que están sobre la mesa aparecen planes de refinanciación de hasta 36 meses, límites sobre intereses, gastos y comisiones de tarjetas y billeteras, y la eliminación de los intereses punitorios acumulados. El esquema mantendría el capital adeudado y los intereses compensatorios, por lo que no se plantea una condonación general de las obligaciones.
Otro capítulo apunta a las plataformas financieras que utilizan sistemas de scoring para determinar tasas y condiciones de los créditos. El texto que negocia parte de la oposición analiza otorgar facultades a Defensa del Consumidor para exigir mayor transparencia sobre esos mecanismos, aunque todavía existen diferencias entre los bloques sobre el nivel de intervención y la tasa que debería utilizarse como referencia.
El avance parlamentario ocurre en medio de un deterioro de los indicadores crediticios. Un análisis de los microdatos de la Central de Deudores del Banco Central contabilizó en junio 5.859.104 personas con al menos una deuda en situación 3, 4 o 5, categorías que implican atrasos superiores a 90 días.
Los datos oficiales del Banco Central muestran además que la irregularidad de los créditos bancarios otorgados a familias llegó al 12,9% en julio de 2026, frente a un 7,7% para el conjunto del crédito al sector privado. La mora empresaria, en comparación, fue de 3,6%, lo que expone que las dificultades de pago se concentran especialmente en las financiaciones destinadas a los hogares.
El fenómeno se concentra principalmente en préstamos personales, tarjetas y financiamiento de consumo. Al mismo tiempo, el BCRA informó que durante julio el crédito al sector privado siguió mostrando una situación patrimonialmente manejable para el sistema bancario, con elevados niveles de previsiones y capital para absorber eventuales pérdidas.
Uno de los proyectos que forma parte del debate fue presentado por Pablo Juliano, de Provincias Unidas, y propone crear un régimen de protección de usuarios financieros y prevención del sobreendeudamiento. La iniciativa apunta a fortalecer la evaluación de la capacidad de pago antes de otorgar nuevos préstamos y generar mecanismos para personas que ya enfrentan dificultades estructurales para cancelar sus obligaciones.
La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade presentó además un proyecto específico de "desendeudamiento y protección de las familias frente a prácticas crediticias abusivas". La Cámara registró formalmente esa iniciativa el 23 de septiembre y la giró justamente a las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor.
En paralelo, otras propuestas impulsan que los clientes puedan fijar voluntariamente límites de gasto inferiores a los que les ofrecen las tarjetas. También existen iniciativas sobre cobranzas extrajudiciales, inembargabilidad de cuentas sueldo, emergencia crediticia y procedimientos para reestructurar deudas de consumo.
El oficialismo no comparte todos los mecanismos promovidos por la oposición y trabaja en una alternativa. La Libertad Avanza analiza concentrar su propuesta en el Costo Financiero Total (CFT) para que bancos y fintech informen de manera más clara cuánto terminará pagando efectivamente una persona por un préstamo, incluyendo intereses, seguros, cargos y comisiones.
Ese enfoque busca priorizar la transparencia de las condiciones crediticias antes de avanzar con límites generales sobre tasas. El bloque libertario prepara su propio dictamen para el plenario del 29 de septiembre, por lo que el escenario más probable es que las comisiones enfrenten más de una propuesta al momento de votar.
Las diferencias no son únicamente entre oficialismo y oposición. Dentro de los bloques opositores también hubo discusiones sobre si corresponde fijar topes a las tasas y, especialmente, sobre cuál debería ser la referencia utilizada para reestructurar las deudas existentes.
El tema llegó formalmente a las comisiones después de una sesión especial realizada el 9 de septiembre. La Cámara aprobó con una mayoría ampliamente transversal el emplazamiento para que Finanzas y Defensa del Consumidor se reunieran los días 15, 22 y 29 de septiembre y avanzaran hacia un dictamen.
Durante las dos primeras jornadas participaron especialistas, organizaciones de consumidores y representantes de personas endeudadas. En la última reunión informativa se plantearon alternativas como sistemas de conciliación para renegociar obligaciones, reglas para las cobranzas extrajudiciales y principios de crédito responsable.
El avance del debate suma una nueva discusión económica para el Gobierno en un Congreso donde también están abiertos el Presupuesto 2027, la reforma electoral y otros proyectos sensibles. En este caso, el desafío para La Libertad Avanza será decidir cuánto está dispuesta a negociar sobre regulación financiera para evitar que se imponga un dictamen opositor más amplio.
La instancia del martes será decisiva, pero todavía no significa que el alivio para deudores sea ley. Primero deberá definirse qué dictámenes consiguen firmas, luego el proyecto tendrá que obtener mayoría en el recinto de Diputados y, si consigue media sanción, continuar su trámite en el Senado.
Para los hogares endeudados, la diferencia entre los textos no es menor. Lo que está en discusión es si la respuesta se limita a mejorar la información y prevención antes de tomar créditos o si el Congreso avanza además con refinanciaciones, límites sobre costos financieros y mecanismos extraordinarios para quienes ya están en mora.
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