Política. Cristina Kirchner pidió a la ONU que revise su condena y habilite su candidatura en 2027

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner formalizó este martes una presentación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que revise la condena por la causa Vialidad y suspenda la inhabilitación perpetua que le impide ejercer cargos públicos.

El objetivo inmediato de su defensa es recuperar los derechos políticos de cara a las elecciones de 2027.

El equipo de abogados -integrado por el argentino Carlos Beraldi, el brasileño Rafael Valim (quien participó en la estrategia internacional de Luiz Inácio Lula da Silva) y el español Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos- presentó una adenda con nuevas pruebas.

Según Valim, trabajan para que el caso sea examinado en la sesión de octubre del Comité. "Eso daría condiciones para que aun este año el Poder Judicial de Argentina tuviera que examinar esa decisión", indicó.

La condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua, confirmada por la Corte Suprema en junio de 2025, quedó firme y la expresidenta cumple arresto domiciliario.

La defensa sostiene que el proceso vulneró garantías del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en Argentina tiene rango constitucional. Argumentan que la inhabilitación perpetua constituye una "proscripción" incompatible con precedentes del propio Comité y que el verdadero objetivo del juicio fue excluirla de la competencia electoral.

Además de la revisión de fondo de la sentencia, pidieron tres medidas cautelares: la suspensión inmediata de la inhabilitación para que pueda ser candidata, la flexibilización de las condiciones de la prisión domiciliaria y la integración plena de la Corte Suprema, que actualmente funciona con tres jueces en lugar de cinco.

La estrategia tiene un fuerte componente político. Máximo Kirchner confirmó que su madre tiene "voluntad" de competir en 2027.

Una eventual habilitación de su candidatura reconfiguraría el escenario opositor y la interna del peronismo frente a la eventual reelección de Javier Milei.

Especialistas advierten que las decisiones del Comité no son automáticamente vinculantes ni anulan sentencias nacionales. Sin embargo, la defensa planea usar un eventual pronunciamiento favorable para solicitar la revisión de la condena firme ante la Justicia argentina, al amparo del Código Procesal Penal.

El trámite de fondo puede demorar años; las cautelares, en cambio, podrían resolverse en meses.

El Gobierno de Milei relativizó el planteo y señaló que el Estado responderá solo si el organismo internacional formula un requerimiento formal.

La presentación abre una nueva etapa judicial y política a poco más de un año de las presidenciales.