País. Fraude millonario en Neuquén: dos ex ministros quedaron al borde del juicio oral

La causa Viento Sur entró en una etapa decisiva en Neuquén, donde la Justicia debe resolver si dos exministros de Desarrollo Social del gobierno de Omar Gutiérrez y seis integrantes de organizaciones sociales serán enviados a juicio oral. La Fiscalía sostiene que fondos públicos destinados a un programa de capacitación habrían sido utilizados con otra finalidad y calcula un perjuicio para el Estado provincial de $1.208.657.600 a valores históricos.

La jueza de Garantías Natalia Pelosso tiene ahora que decidir sobre los pedidos de sobreseimiento formulados por las defensas y determinar si la acusación cuenta con elementos suficientes para avanzar al debate oral. También deberá definir qué pruebas serán admitidas y, en caso de apertura del juicio, cómo quedará integrado el tribunal.

Quiénes están acusados

Entre los ocho imputados se encuentran los exministros Orlando Abel Di Luca y Germán Chapino, quienes estuvieron al frente del área de Desarrollo Social durante la gestión de Gutiérrez. La acusación fiscal también alcanza a seis integrantes de la cooperativa y de organizaciones sociales: Diego Mauro, Sonia Barrios, Lilian La Rosa Velázquez, Ruth Valencia Navarrete, Federico Sánchez y Gabriela Suppicich.

Federico Sánchez es dirigente del Partido Obrero y concejal de la ciudad de Neuquén, mientras que Suppicich fue legisladora provincial vinculada al Frente de Izquierda. Diego Mauro y Valencia Navarrete fueron identificados en las actuaciones como referentes del Frente de Organizaciones en Lucha, aunque las responsabilidades concretas atribuidas a cada acusado deberán probarse si finalmente se realiza el juicio.

La Fiscalía encuadró los hechos como una presunta administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La imputación y un eventual envío a juicio no implican una condena, y las defensas sostienen que no existen elementos suficientes para responsabilizar penalmente a los acusados.

Qué maniobra investiga la Fiscalía

El expediente analiza el funcionamiento del Programa de Acciones de Fortalecimiento para la Capacitación de Integrantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil, creado mediante el decreto 1672/2022. El programa contemplaba fondos para capacitaciones laborales destinadas a personas en situación de vulnerabilidad y exigía controles previos antes de cada desembolso.

Entre esos requisitos figuraban la regularidad institucional de las organizaciones, la certificación de autoridades, la presentación de planes de acción, la existencia de padrones verificables y la acreditación de las capacitaciones realizadas. Según la acusación, parte de esas exigencias no se habría cumplido y aun así continuaron las transferencias hacia la cooperativa Viento Sur.

Los fiscales Rocío Rivero y Pablo Vignaroli sostienen que la cooperativa habría sido utilizada para canalizar dinero que terminó destinado a pagos a integrantes y referentes de organizaciones sociales en lugar de cumplir el objetivo formal de capacitación. Vignaroli afirmó durante la audiencia que, según su teoría, el esquema encubría un subsidio mediante un programa presentado como capacitación.

Más de $1.208 millones bajo investigación

La acusación calcula que el perjuicio al Estado neuquino ascendió a $1.208.657.600 a valores históricos por hechos ocurridos entre 2022 y 2023. La cifra corresponde a la estimación realizada por el Ministerio Público Fiscal y no constituye todavía un daño definitivamente establecido por una sentencia.

Según el MPF, Di Luca habría intervenido en la puesta en marcha del programa y autorizado pagos durante su gestión, mientras Chapino habría continuado posteriormente con convenios y adendas. La Fiscalía sostiene además que existieron observaciones de la Contaduría General de la Provincia sobre las rendiciones y que, pese a ellas, los desembolsos continuaron.

La causa también mantiene embargados bienes de la cooperativa, entre ellos inmuebles, vehículos y fondos depositados. A comienzos de septiembre, la Justicia prorrogó esas medidas por otros seis meses a pedido de la Fiscalía mientras avanzaba la instancia previa al eventual juicio.

Las defensas denuncian una "causa política"

Los abogados de los integrantes de Viento Sur rechazaron la hipótesis fiscal y plantearon pedidos de sobreseimiento. Uno de los defensores, Federico Egea, sostuvo durante las audiencias que existe una "intencionalidad política" y afirmó que todavía no se había demostrado un caso penal suficiente contra sus representados.

Mariano Pedrero, otro de los abogados, argumentó que el programa fue implementado en un contexto social posterior a la pandemia y que también contemplaba mecanismos de asistencia. Las defensas sostienen que la acusación seleccionó a dirigentes sociales con el objetivo de reducir la protesta callejera, una interpretación que la Fiscalía rechaza expresamente.

Vignaroli respondió que "no es un juicio político" y sostuvo que la documentación reunida mostraría que los recursos no fueron utilizados conforme al objetivo formal de las capacitaciones. La controversia entre ambas posiciones será precisamente uno de los aspectos que deberá evaluar la jueza antes de decidir si habilita el juicio.

El rol de Di Luca y Chapino bajo la lupa

Di Luca fue ministro de Desarrollo Social entre diciembre de 2021 y octubre de 2022, mientras que Chapino lo reemplazó posteriormente y permaneció en el cargo hasta el final de la gestión de Gutiérrez. La Fiscalía les atribuye haber autorizado desembolsos aun cuando existían cuestionamientos administrativos sobre el cumplimiento de los requisitos del programa.

En el caso de Di Luca, la acusación sostiene que intervino en la firma inicial del convenio con Viento Sur y autorizó distintas transferencias. Respecto de Chapino, el planteo fiscal indica que continuó el esquema mediante nuevos acuerdos y ampliaciones durante 2023, aunque ambos exfuncionarios rechazan las imputaciones y buscan evitar la apertura del juicio.

Más de 60 testigos si la causa llega a juicio

La Fiscalía presentó un listado de más de 60 testigos para un eventual debate oral, entre ellos el fiscal de Estado de Neuquén, Raúl Gaitán. También figura una expresidenta de Viento Sur cuya declaración fue utilizada por la acusación para reconstruir el funcionamiento interno de la cooperativa.

La cantidad definitiva de testimonios y documentos dependerá de las decisiones que tome Pelosso durante el control de acusación. Esa audiencia funciona como filtro previo al juicio y permite discutir tanto la solidez jurídica del caso como la admisibilidad de las pruebas que cada parte pretende utilizar.

Qué define ahora la jueza Natalia Pelosso

La magistrada deberá resolver primero si acepta alguno de los pedidos de sobreseimiento presentados por las defensas. Si los rechaza y considera que existe base suficiente, podrá disponer la apertura del juicio contra todos o parte de los ocho imputados.

La decisión marcará un punto central en una investigación que comenzó alrededor del uso de fondos destinados a organizaciones sociales y luego incorporó a funcionarios de alto rango de la gestión anterior. Por ahora, la hipótesis de un desvío millonario continúa siendo una acusación fiscal que deberá ser probada en juicio si la jueza habilita esa instancia.