30 de septiembre de 2026
Los tribunales canónicos de primera instancia y de apelación alcanzaron "certeza moral" sobre un delito contra el sexto mandamiento, perpetrado contra varias personas. Buela murió en 2023 en Italia. La Iglesia comunica ahora la decisión como un acto de justicia hacia las víctimas y pide a sus institutos un camino de verdad y renovación.
La Santa Sede confirmó este martes que tanto el Tribunal Penal Especial de Primera Instancia como el Tribunal de Apelación alcanzaron "certeza moral" sobre la responsabilidad del fundador del Instituto del Verbo Encarnado (IVE) y de las Servidoras del Señor y de la Virgen de Matará (SSVM).
Buela, fallecido el 23 de abril de 2023 en Génova, Italia, fue hallado culpable de "un delito contra el sexto mandamiento, perpetrado con violencia contra varias personas", de acuerdo con el canon 1395 § 2 del Código de Derecho Canónico.
El anuncio se realizó mediante un comunicado firmado por la hermana Simona Brambilla, prefecta del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica; monseñor José Antonio Satué Huerto, obispo de Teruel y Albarracín; y la hermana Clara Echarte, delegados pontificios de ambas ramas de la familia religiosa.
La decisión se comunicó formalmente a los superiores y superioras provinciales de los dos institutos el 14 de septiembre en Roma, en un encuentro al que también asistieron responsables del dicasterio vaticano.
Según el comunicado, la aclaración busca "restablecer la verdad como un acto de justicia hacia aquellas personas que se han visto perjudicadas" por la conducta del sacerdote y orientar a los institutos en un proceso de "relectura del carisma" y de "revisión, renovación y purificación" de su espiritualidad, formación y apostolado.
Buela, nacido en Buenos Aires en 1941, fundó el IVE en 1984 en San Rafael, Mendoza. Desde la década de 2000 fue acusado de abusos por cerca de veinte seminaristas. En 2010 fue suspendido y posteriormente recluido en un monasterio en Italia.
En 2016 la diócesis de San Rafael ya había informado que el Vaticano había determinado la veracidad de denuncias de "comportamientos impropios con mayores de edad". Los institutos permanecen bajo intervención vaticana.
Al haber fallecido el acusado, no se le pueden aplicar penas canónicas. La Iglesia sostiene, sin embargo, que ambos tribunales establecieron su responsabilidad penal.
Algunos sectores del IVE han cuestionado que el proceso de apelación no se publicó por la muerte del sacerdote y han invocado la presunción de inocencia, postura que la Santa Sede no comparte.
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