País. Paro universitario de 72 horas: Docentes y no docentes reclaman la Ley de Financiamiento

El personal docente y no docente de las universidades nacionales comenzó este miércoles 30 de septiembre un paro de 72 horas en reclamo de la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario y de una recomposición salarial del 33,4%.

La medida, impulsada por CONADU y CONADU Histórica, afecta a casas de estudio de todo el país, incluida la Universidad de Buenos Aires.

Los gremios exigen que el Gobierno de Javier Milei cumpla la norma sancionada en octubre de 2025, vetada por el Ejecutivo e insistida luego por el Congreso con dos tercios de los votos en ambas cámaras.

Según las organizaciones, los fallos judiciales ordenan actualizar los haberes en un 33,4% sobre el último salario percibido y aplicar luego el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en los meses siguientes.

Laura Carboni, secretaria general de AGD-UBA, señaló que "nadie del Gobierno se comunicó con ellos".

En la última paritaria el Ejecutivo ofreció un 3%, propuesta que los sindicatos rechazaron. Las universidades y los gremios estiman que la deuda salarial ronda el 31,2%.

El paro coincide con el vencimiento del plazo fijado por el juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11. El magistrado intimó al Gobierno a dar "cumplimiento total" a la medida cautelar que obliga a aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que contemplan la recomposición de salarios de docentes y no docentes y la actualización de becas estudiantiles.

Fuentes gremiales indicaron que el Ejecutivo habría apelado la intimación, aunque al inicio de la huelga no había respuesta formal ni diálogo.

Laura Carboni, secretaria general de AGD-UBA, señaló que "nadie del Gobierno se comunicó con ellos" y que el sector no tiene expectativas de que se acate la normativa. Clara Chevalier, secretaria general de CONADU, vinculó la medida al plan de lucha rumbo a la quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para el 15 de octubre.

El conflicto se da además en el marco de la discusión del Presupuesto 2027. El Ejecutivo asignó $7,3 billones para las universidades públicas, mientras los rectores reclaman $11 billones para salarios, funcionamiento, infraestructura, ciencia, becas y hospitales universitarios. Casi el 90% de esos recursos, según las autoridades de las 60 universidades públicas, corresponde a salarios docentes y no docentes.

La huelga forma parte de un plan de lucha que ya incluyó paros previos y que busca visibilizar el atraso salarial y presupuestario. Los gremios advierten que, de no haber respuesta, las protestas continuarán.