País. Concordia: denunciaron al intendente por una licitación de basura de $12.000 millones

La licitación de la recolección de residuos de Concordia quedó bajo cuestionamiento después de que una compañía impugnara la adjudicación a VITSA Soluciones Ambientales y solicitara que el proceso de evaluación vuelva a realizarse. La presentación apunta contra el Decreto 854/2026 firmado por la gestión del intendente Francisco Azcué, aunque hasta el momento no existe una resolución administrativa o judicial que haya determinado que el concurso fue manipulado.

El contrato tiene una duración inicial de cuatro años y comprende la recolección domiciliaria en ocho zonas operativas actualmente tercerizadas, además de un sector de Pampa Soler. VITSA ofertó alrededor de $268 millones mensuales, lo que lleva el valor nominal de los primeros 48 meses a casi $12.900 millones antes de considerar los mecanismos de actualización previstos en el pliego.

Impugnaron la licitación y pidieron frenar la adjudicación

La empresa ASHIRA S.A. presentó el 25 de septiembre un recurso de revocatoria para que el Municipio deje sin efecto la adjudicación, suspenda sus consecuencias y realice una nueva evaluación de las propuestas admitidas. La compañía también dejó reservada la posibilidad de acudir posteriormente a la Justicia mediante una acción contencioso-administrativa y pedir medidas cautelares.

Uno de sus principales cuestionamientos es que el decreto informa que VITSA consiguió el mayor puntaje, pero no expone de manera desagregada cuánto obtuvo cada participante en todos los componentes de la matriz. Según el planteo, sin esas planillas no sería posible reconstruir con precisión por qué una empresa terminó primera y las demás quedaron detrás.

El pliego contemplaba una evaluación sobre 100 puntos, de los cuales 40 correspondían a la propuesta económica y 60 a variables técnicas. Entre esas variables estaban la antigüedad de los camiones, las unidades adicionales disponibles, la experiencia previa y el plan operativo y de contingencia.

VITSA no presentó la oferta más barata

El precio es otro punto central de la controversia. VITSA presentó una propuesta de unos $268 millones mensuales, mientras Bodegas y Viñedos Santa Elena habría ofertado $267,7 millones, es decir, alrededor de $300.000 menos por mes.

ASHIRA, en tanto, cotizó $289,034 millones mensuales, aproximadamente $21 millones por encima de VITSA. La propia impugnación no sostiene que el precio más bajo obligara automáticamente a adjudicar el servicio a Santa Elena, pero reclama conocer cómo fueron ponderadas las ventajas técnicas que terminaron compensando esa diferencia económica.

El Municipio sostiene que el precio no era el único factor del concurso. La Comisión Evaluadora consideró que VITSA alcanzó la calificación más alta al combinar su propuesta económica con mayor disponibilidad de unidades adicionales y un plan operativo que obtuvo la máxima valoración.

Los microbasurales quedaron en el centro de la disputa

Otro elemento cuestionado es la propuesta de VITSA para intervenir sobre microbasurales. El Municipio destacó que la firma identificó unos 30 puntos críticos, ofreció maquinaria y personal específicos para remover residuos y propuso un sistema de seguimiento fotográfico y georreferenciado.

ASHIRA sostiene, sin embargo, que algunas obligaciones vinculadas con detectar y georreferenciar esos puntos ya estaban contempladas en las exigencias técnicas generales. Su objeción es que una mejora no prevista originalmente como categoría independiente no debería utilizarse para alterar la evaluación sin establecer previamente cuánto vale, cómo se controla y dentro de qué rubro recibe puntaje.

La empresa también pidió que se analicen con el mismo criterio las mejoras incorporadas en su propia oferta. Entre ellas mencionó unidades cero kilómetro, más recorridos que el esquema base, cobertura para escuelas y hospitales, sistemas de telemetría y mecanismos de atención al vecino.

El Municipio defiende la adjudicación a VITSA

La posición oficial es que la adjudicación siguió los criterios establecidos en el pliego y estuvo respaldada por el dictamen mayoritario de la Comisión Evaluadora. Según la información difundida tras el Decreto 854/2026, participaron seis firmas en la apertura y finalmente fueron analizadas como admisibles ASHIRA, Santa Elena, Transportes Malvinas y VITSA.

El Ejecutivo destacó que VITSA ofreció dos camiones compactadores adicionales por encima del mínimo exigido y obtuvo el puntaje máximo en ese componente. También aseguró que la propuesta cumplió los requerimientos técnicos de Servicios Públicos y ofreció un esquema de contingencia que permitiría mantener la prestación ante fallas o interrupciones.

La empresa recurrente plantea otra dificultad: asegura que solicitó acceso a dictámenes, actas y planillas poco después de ser notificada, pero que debió presentar su impugnación sin recibir parte de esa documentación. Para ASHIRA, esa situación condicionó su posibilidad de revisar la evaluación dentro del plazo administrativo disponible.

Qué resolvió realmente el Superior Tribunal de Entre Ríos

Antes de la adjudicación hubo otra causa judicial sobre la Licitación Pública 47/2026, pero su alcance fue diferente. El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos rechazó el 17 de septiembre una acción promovida por Álvaro Sierra y Pablo Lapiduz que cuestionaba aspectos ambientales del pliego y pretendía frenar o modificar el procedimiento.

El STJ entendió que no se demostraba de manera evidente un incumplimiento ambiental que justificara la vía utilizada y dejó al Municipio habilitado para continuar con el proceso. Esa sentencia no analizó la posterior adjudicación a VITSA ni resolvió las objeciones administrativas que ahora formula ASHIRA sobre los puntajes y la evaluación de ofertas, porque esos hechos son posteriores y corresponden a otra controversia.

Qué puede pasar ahora con la licitación de residuos

El primer paso será la respuesta del Municipio al recurso de revocatoria presentado por ASHIRA. La compañía también pidió saber si ya se emitió la Orden de Compra, si VITSA constituyó la garantía de cumplimiento y si el contrato quedó formalmente perfeccionado.

Si la administración rechaza la impugnación, el conflicto podría trasladarse al fuero contencioso-administrativo. Hasta entonces, hablar de una licitación "direccionada" o "manipulada" describe la acusación formulada por sectores y participantes del proceso, pero no una irregularidad ya establecida por la Justicia.

La controversia tiene además un costo político para Azcué porque involucra uno de los servicios públicos más sensibles de Concordia y un contrato multimillonario de largo plazo. La transparencia de las planillas de evaluación y la respuesta a las objeciones de los oferentes serán ahora determinantes para definir si el cuestionamiento queda limitado a una disputa administrativa o escala hacia una causa judicial.