3 de octubre de 2026
Un informe de la UCA reveló que creció con fuerza la cantidad de hogares con personas mayores que postergaron consultas médicas o la compra de medicamentos por falta de dinero. El indicador pasó de 25,8% a 35,2% en dos años y llega al 55% entre los sectores más vulnerables.
Gastos. Desde el punto de vista económico, el dato vuelve a poner el foco sobre la relación entre haberes previsionales, cobertura de medicamentos y costo específico de vida de la población mayor.
El 35,2% de los hogares con adultos mayores tuvo que postergar o resignar atención médica o medicamentos por motivos económicos, de acuerdo con un nuevo estudio del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina. El porcentaje es el más elevado desde que comenzó la serie en 2017 y representa un salto de casi diez puntos respecto del período 2022-2023.
El informe, elaborado junto con la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría, analiza las condiciones de vida de las personas de 60 años y más residentes en áreas urbanas de Argentina entre 2017 y 2025. Los resultados muestran un deterioro simultáneo en ingresos, acceso a la salud, alimentación y bienestar psicológico, con diferencias marcadas según el nivel socioeconómico.
La dificultad para afrontar gastos sanitarios pasó del 25,8% en 2022-2023 al 35,2% en 2024-2025, según la Encuesta de la Deuda Social Argentina. El indicador contempla hogares que debieron postergar consultas médicas u odontológicas o directamente resignar la compra de medicamentos durante un período de doce meses por razones económicas.
La situación es todavía más profunda en la población de menores ingresos. Dentro del estrato socioeconómico muy bajo, la proporción asciende al 55% de los hogares, es decir, más de uno de cada dos.
El estudio no representa exclusivamente a jubilados ni puede interpretarse como que el 35,2% de todos los adultos mayores del país dejó de tomar medicamentos. La unidad del indicador son hogares con al menos una persona mayor, dentro de la población urbana relevada por la EDSA, y agrupa distintas formas de postergación o restricción en la atención sanitaria.
La dificultad sanitaria forma parte de un cuadro económico más amplio. La UCA calculó que el 46% de los hogares con personas mayores declaró ingresos insuficientes para cubrir sus gastos básicos durante 2024-2025, cinco puntos más que en el período anterior y el valor más alto de la serie.
La insuficiencia llega al 55,2% entre los sectores bajos y al 71,1% en el nivel socioeconómico muy bajo. Además, el 21,3% de los hogares dejó de pagar algún servicio público por razones económicas y la inseguridad alimentaria alcanzó al 18,4%, frente al 12,3% registrado durante 2017-2019.
Los datos muestran que la presión sobre la salud no aparece de manera aislada. Cuando los ingresos no alcanzan, los hogares deben distribuir recursos entre alimentación, vivienda, servicios, medicamentos y consultas, una combinación que incrementa la vulnerabilidad especialmente entre quienes dependen de ingresos previsionales bajos.
El cuadro coincide con otro relevamiento difundido esta semana por la Defensoría de la Tercera Edad, que estimó en $2.090.646 mensuales el costo de una canasta de consumo para adultos mayores durante octubre de 2026. La medición representa una referencia específica para ese sector y no corresponde a la canasta oficial de pobreza que publica el INDEC.
La jubilación mínima con el bono extraordinario alcanza unos $505.748, por lo que equivale a menos de una cuarta parte de aquella canasta estimada. La brecha es especialmente visible en salud: medicamentos y atención médica demandan alrededor de $518.708 mensuales, un monto superior al ingreso mínimo previsional incluso después de sumar el bono.
Alimentos representan otros $457.742 y vivienda unos $364.969. Sumados a salud y medicamentos, esos tres rubros alcanzan $1.341.419 y concentran cerca de dos tercios de la canasta calculada para las personas mayores.
El documento de la UCA también analizó la utilización y evaluación de prestaciones del PAMI. Durante 2025, aproximadamente el 74% de las personas mayores afiliadas utilizó la obra social para consultas médicas y cerca del 70% recurrió al organismo para acceder a medicamentos.
La percepción de las prestaciones muestra, sin embargo, diferencias importantes. El 61,7% evaluó positivamente la atención médica, pero esa valoración baja al 49,7% cuando se consulta específicamente por la cobertura de medicamentos, con resultados menos favorables entre los sectores de menores recursos.
En paralelo, un análisis privado del mercado farmacéutico basado en información de IQVIA indicó que durante el primer semestre de 2026 la cantidad total de medicamentos vendidos se mantuvo prácticamente estable frente al año anterior. Las ventas destinadas a afiliados del PAMI tampoco recuperaron plenamente el volumen perdido después de la caída registrada durante el segundo semestre de 2024, según ese relevamiento sectorial.
La investigación detectó además una fuerte suba del malestar psicológico entre las personas mayores. El indicador pasó de 19,5% en 2017-2019 a 34% durante 2024-2025, mientras que entre el estrato socioeconómico muy bajo alcanza al 51,8%.
La UCA vincula estas diferencias con las desigualdades acumuladas en materia de ingresos, vivienda, salud y redes de apoyo. El informe no establece que un único factor explique el deterioro, sino que muestra cómo las privaciones económicas, sanitarias y sociales pueden superponerse y profundizar situaciones de vulnerabilidad.
El salto del 25,8% al 35,2% constituye una de las señales más fuertes del informe porque refleja que el ajuste de los presupuestos familiares alcanza prestaciones que difícilmente pueden considerarse prescindibles. La compra de un medicamento, una consulta odontológica o un control médico compiten cada vez más con gastos como alimentos, vivienda y servicios.
El impacto tampoco es homogéneo. El hecho de que la dificultad llegue al 55% entre los hogares más pobres muestra que el problema se concentra en quienes cuentan con menor margen para reemplazar ingresos, pagar coberturas complementarias o afrontar medicamentos de bolsillo.
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