Política. Quiénes son los jueces que el Gobierno sumó a su gira de inversiones en París

El gobierno de Javier Milei incorporó a tres jueces federales a la Argentina Week de París con el objetivo de reforzar ante inversores extranjeros el mensaje de seguridad jurídica y previsibilidad institucional. Los magistrados invitados por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, fueron Sergio Fernández, Eduardo Farah y Richar Fernando Gallego, todos integrantes de cámaras con competencia sobre asuntos particularmente relevantes para el Estado y la actividad económica.

La participación judicial tuvo como escenario la Cámara Internacional de Comercio (ICC), que este viernes organizó una mesa de alto nivel sobre oportunidades comerciales, el acuerdo Mercosur-Unión Europea y la importancia del Estado de Derecho para atraer capital. La ICC confirmó además la firma de una declaración conjunta con el Ministerio de Justicia argentino para profundizar la cooperación en materia de comercio, inversiones y seguridad jurídica.

Los tres jueces que el Gobierno llevó a la Argentina Week

Sergio Fernández integra la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, uno de los fueros centrales para cualquier administración nacional porque allí se revisan litigios contra el Estado. Además, ocupa la vicepresidencia del Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino, una función que volvió a adquirir visibilidad por las causas judiciales que involucran a dirigentes de la entidad madre del fútbol argentino.

El segundo integrante de la delegación judicial fue Richar Fernando Gallego, presidente de la Cámara Federal de General Roca. Su jurisdicción comprende una región estratégica para el sector energético y alcanza conflictos federales vinculados con Vaca Muerta, uno de los principales destinos de las inversiones que el Gobierno busca promocionar en el exterior.

El tercer magistrado fue Eduardo Farah, integrante de la Cámara Federal porteña y actual presidente de ese tribunal. Por la Cámara de Comodoro Py pasan las apelaciones de investigaciones penales federales de alto impacto institucional, entre ellas expedientes que involucran a funcionarios, empresarios y dirigentes políticos.

Eduardo Farah viene de intervenir en la causa ANDIS

La presencia de Farah tuvo una particular repercusión porque pocas semanas antes participó de una resolución sensible para la administración de Milei. Junto con Roberto Boico, confirmó el procesamiento del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, y de otros 18 acusados en la investigación sobre presuntas irregularidades en contrataciones del organismo.

El Ministerio Público Fiscal informó que la Sala II consideró que existían elementos para sostener, en esta etapa procesal, la hipótesis de contrataciones direccionadas, simulación de competencias y mayores costos en compras realizadas por la ANDIS. Se trata de procesamientos y no de condenas definitivas, mientras la investigación sigue su curso en la Justicia Federal.

Ese antecedente vuelve especialmente relevante cualquier interpretación sobre una eventual cercanía política entre el magistrado y el Ejecutivo. No existe evidencia pública que permita concluir que el viaje haya condicionado decisiones judiciales de Farah, pero igualmente las versiones que leen su presencia como un intento del Gobierno de tender vínculos con determinados sectores de la Cámara crecen.

Sergio Fernández y el fuero donde se litiga contra el Estado

La elección de Sergio Fernández también tiene peso institucional porque el fuero Contencioso Administrativo Federal interviene en conflictos directamente vinculados con decisiones del Poder Ejecutivo. Allí pueden terminar demandas contra regulaciones, resoluciones ministeriales, decretos y otros actos administrativos que afectan a empresas, asociaciones o particulares.

Fernández tiene además una función dentro de la AFA, donde actúa como vicepresidente de su Tribunal de Disciplina. Según trascendió, mantuvo ese cargo mientras otros magistrados dejaron funciones internas en la entidad en medio de la creciente judicialización de conflictos que involucran a su conducción, aunque esa circunstancia no acredita por sí misma ninguna irregularidad del camarista.

Richar Gallego y la jurisdicción sobre Vaca Muerta

El perfil de Richar Fernando Gallego se vincula directamente con uno de los ejes económicos que Milei llevó a París. El magistrado integra desde 2012 la Cámara Federal de General Roca, tribunal con jurisdicción en una región donde se desarrollan proyectos petroleros, gasíferos y de infraestructura relacionados con Vaca Muerta.

La energía fue precisamente uno de los pilares de la Argentina Week. Milei presentó ante empresarios europeos a la Argentina como un proveedor creciente de gas y petróleo y destacó el potencial de las provincias productoras, mientras el Gobierno promocionó grandes inversiones bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Seguridad jurídica y RIGI, el mensaje ante los inversores

La participación de los magistrados se produjo en una mesa convocada específicamente para debatir seguridad jurídica, Estado de Derecho y condiciones para las inversiones internacionales. La ICC sostuvo que un marco legal previsible y mecanismos eficaces de resolución de disputas son elementos centrales para respaldar inversiones de largo plazo.

La discusión está directamente relacionada con el RIGI, que fue diseñado por la Ley Bases para otorgar estabilidad y garantías especiales a grandes proyectos. La norma establece además mecanismos de resolución de controversias entre el Estado y las empresas adheridas, incluido el arbitraje internacional bajo distintas reglas posibles.

Durante el encuentro, Mahiques, el embajador Ian Sielecki y el secretario general de la ICC, John Denton, firmaron una declaración conjunta que destacó la necesidad de promover un entorno "seguro y previsible" para el comercio y la inversión. El documento también valoró expresamente la participación de representantes del Poder Judicial en iniciativas relacionadas con acceso a la Justicia, seguridad jurídica y Estado de Derecho.

El viaje coincidió con el fallo de la Corte por la Ley de Tierras

La presencia de los jueces en París coincidió con una semana de fuerte discusión judicial en Argentina. La Corte Suprema acababa de revocar el fallo que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, con el que Milei derogó la Ley de Tierras Rurales.

La Corte basó su decisión en que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata no tenía legitimación para impulsar esa acción colectiva y aclaró que no resolvió sobre la constitucionalidad de fondo del decreto. Como consecuencia práctica, quedó sin efecto la sentencia que impedía aplicar la derogación, pero el máximo tribunal no declaró constitucional el artículo cuestionado.

Milei celebró el pronunciamiento como una muestra de división de poderes y sostuvo durante una intervención pública que le parecía correcto que la Corte fallara según su interpretación constitucional. Desde sectores opositores y ámbitos judiciales, en cambio, surgieron críticas tanto por el contenido del fallo como por la presencia de magistrados en una misión oficial orientada a captar inversiones.

¿Puede el Ejecutivo llevar jueces a una gira de inversiones?

La presencia de magistrados en actividades institucionales internacionales no constituye por sí misma una irregularidad. Los jueces participan habitualmente de congresos, seminarios y foros jurídicos, aunque la particularidad de este caso es que fueron incorporados a una gira organizada por el Poder Ejecutivo cuyo objetivo explícito era atraer inversiones privadas.

Esa circunstancia abre una discusión institucional sobre la imagen de independencia que debe conservar el Poder Judicial frente al Gobierno. La ICC defendió la participación de representantes judiciales como una herramienta para explicar el funcionamiento del Estado de Derecho, mientras sectores críticos plantearon interrogantes por la selección de jueces que intervienen en áreas especialmente sensibles para la administración nacional.

No hay elementos que permitan sostener que los tres magistrados hayan asumido compromisos sobre futuros fallos o causas concretas durante el viaje. La relevancia política está, en cambio, en la decisión del Ministerio de Justicia de incorporarlos a una estrategia internacional que busca convencer a inversores de que las reglas argentinas y sus mecanismos judiciales ofrecerán previsibilidad a largo plazo.