7 de octubre de 2026
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, habilitó una línea de crédito de hasta $100.000 millones con Banco Macro para sostener obras que quedaron paralizadas durante la gestión de Javier Milei. Aunque el financiamiento ya está disponible, la Provincia aseguró que por ahora no prevé utilizarlo.
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, avanzó con Banco Macro en una línea de crédito de hasta $100.000 millones destinada a contar con financiamiento para obras que quedaron paralizadas tras la interrupción de fondos nacionales durante la gestión de Javier Milei. El préstamo fue autorizado mediante un decreto firmado por Jaldo en julio de 2026 y publicado en el Boletín Oficial durante septiembre.
La particularidad es que, pese a que la Provincia dejó disponible la herramienta financiera, el Gobierno tucumano informó que por el momento no tiene previsto utilizar esos recursos. La decisión expone una de las tensiones de la administración de Jaldo: mientras el gobernador reivindica la previsibilidad de las cuentas provinciales, su gestión habilitó una nueva vía de endeudamiento para afrontar un escenario de menores recursos y obras que quedaron inconclusas.
El acuerdo contempla un plazo total de hasta 36 meses desde cada desembolso y un período de gracia de seis meses para el pago del capital. Como garantía, Tucumán ofreció la cesión de derechos sobre las sumas que debía recibir en concepto de coparticipación federal.
La tasa quedó establecida en la tasa mayorista de Argentina más 7 puntos porcentuales. Según los considerandos del decreto, la Dirección de Crédito Público provincial consideró que las condiciones financieras eran "razonables y convenientes para la provincia" y que estaban alineadas con los parámetros de mercado vigentes.
El Gobierno tucumano explicó que mantener disponible el crédito funcionaba como una herramienta de previsión frente a un eventual deterioro de los ingresos provinciales. La solicitud también estuvo relacionada con la posibilidad de que continuara la caída de la recaudación que preocupa a los gobernadores.
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Jaldo defendió la posibilidad de recurrir a distintas fuentes de financiamiento para sostener la administración provincial y evitar un deterioro de las cuentas públicas.
"Nosotros estamos tomando todos los recursos que sean necesarios para mantener la gobernabilidad, la previsibilidad, pero fundamentalmente la paz social en Tucumán", afirmó el gobernador.
El mandatario sostuvo además que otras provincias habían recurrido a mecanismos de financiamiento, aunque algunas habían colocado bonos en mercados externos y en dólares. En el caso tucumano, explicó que la Provincia no podía asumir deuda en moneda extranjera porque el Estado no genera dólares.
Por ese motivo, Jaldo planteó la búsqueda de alternativas nacionales, provinciales y bancarias, además de instrumentos que pudieran cotizar en la provincia y estuvieran denominados en pesos.

El gobernador también afirmó que Tucumán tenía "la obligación de explorar todas las fuentes de financiamiento" y sostuvo que la Provincia contaba con margen para tomar deuda.
En ese sentido, Jaldo remarcó que la administración provincial no estaba endeudada y que una proporción muy elevada de la coparticipación permanecía disponible para respaldar operaciones.
El argumento oficial busca presentar el crédito como una herramienta de previsión y no como una necesidad inmediata de caja. Sin embargo, el dato político es que la gestión de Jaldo volvió a recurrir a Banco Macro mientras varias obras de infraestructura permanecen paralizadas por la interrupción del financiamiento nacional.
El esquema vuelve a poner bajo la lupa la estrategia financiera del gobernador tucumano. La administración de Jaldo sostiene que necesita explorar alternativas para preservar la gobernabilidad, pero al mismo tiempo reconoce que el escenario de menores transferencias y caída de la recaudación obliga a preparar mecanismos de financiamiento.
La contradicción aparece con mayor claridad en las obras: proyectos que habían comenzado con financiamiento nacional quedaron frenados y ahora la Provincia habilita una línea de crédito bancaria de hasta $100.000 millones para contar con una eventual herramienta que permita sostenerlos.
Jaldo atribuyó buena parte de las dificultades a las decisiones del Gobierno de Milei y mencionó entre los recursos que podrían mejorar las cuentas provinciales una eventual recuperación del consumo y del IVA, además de la restitución de fondos correspondientes a impuestos al combustible, Aportes del Tesoro Nacional (ATN), incentivo docente y compensaciones al transporte.
Una de las principales obras vinculadas con la necesidad de financiamiento es el complejo habitacional Procrear Tucumán, ubicado en Manantial Sur. El proyecto contempla 572 viviendas sobre un predio de 100 hectáreas y había comenzado en 2023.
La ejecución quedó detenida con un avance aproximado del 15% luego de la interrupción del financiamiento nacional. Según explicó Jaldo, el Gobierno nacional dejó de transferir fondos, lo que provocó la paralización de las empresas que participaban del proyecto.
El gobernador también señaló que el Banco Hipotecario terminó su vínculo contractual con la Nación como intermediario del financiamiento y por ese motivo solicitó que la obra fuera transferida al Estado provincial.
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Otra obra vinculada con el esquema es la construcción del Comando Región IV de Gendarmería Nacional, que era financiada mediante recursos del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, cerrado por la administración de Javier Milei en 2025.
A este conjunto se suman las rutas provinciales 357, 311 y 323, una rotonda en el acceso a Juan Bautista Alberdi y el Puente del Coy, ubicado en Estación Aráoz.
El listado incluye además cinco escuelas, dos pozos de agua, una planta de tratamiento con su red colectora de líquidos cloacales y la finalización de los centros de desarrollo infantil.
La línea de hasta $100.000 millones no constituye el primer financiamiento solicitado por la administración de Jaldo a Banco Macro. En 2025, el Gobierno tucumano había recurrido a la misma entidad por $80.000 millones.
De esta manera, la nueva autorización amplía las herramientas financieras disponibles para la Provincia en un momento en que el propio Ejecutivo tucumano advierte sobre la evolución de los ingresos y la necesidad de contar con recursos para sostener la gestión.
La decisión deja planteado un interrogante político para Jaldo: si la Provincia cuenta con margen financiero y no prevé utilizar por ahora el crédito, ¿qué escenario espera el gobernador para activar una deuda garantizada con recursos de la coparticipación?
El caso vuelve a colocar a Osvaldo Jaldo frente a una tensión central de su gestión: sostener el discurso de orden y previsibilidad de las cuentas provinciales mientras habilita nuevas herramientas de endeudamiento para afrontar obras que quedaron paralizadas.
El Gobierno tucumano asegura que el crédito funciona como una reserva preventiva y que no está previsto utilizarlo por ahora. Pero la propia autorización refleja la dimensión del problema que la Provincia busca anticipar: menores recursos disponibles y proyectos de infraestructura que, tras la interrupción del financiamiento nacional, quedaron pendientes de finalización.
Para Jaldo, el desafío será explicar cómo ese endeudamiento se traducirá en obras concretas y cómo se garantizará que una herramienta presentada como previsión no termine convirtiéndose en una nueva carga sobre los recursos futuros de Tucumán.
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