8 de octubre de 2026
Una auditoría interna detectó que firmas bajo investigación concentraron el 40% de los pagos por medicamentos e insumos durante la gestión de Diego Spagnuolo. La causa judicial apunta a una presunta asociación ilícita con contrataciones direccionadas y sobreprecios.
Polémica. El caso golpea el discurso oficial de control del gasto porque involucra fondos destinados a discapacidad, proveedores privados y presuntas fallas graves en contrataciones públicas.
El caso ANDIS sumó un nuevo dato explosivo: empresas investigadas por presuntas irregularidades en la compra de medicamentos e insumos recibieron alrededor de $192.000 millones, equivalentes al 40% de los pagos analizados por una auditoría interna de la disuelta Agencia Nacional de Discapacidad.
El relevamiento abarca todo 2024 y parte de 2025, hasta el 21 de agosto, fecha de salida de Diego Spagnuolo de la conducción del organismo. Según los datos conocidos, la auditoría contabilizó pagos por $479.500 millones en medicamentos e insumos, de los cuales una porción central terminó en firmas vinculadas al expediente judicial.
El listado mencionado en la auditoría incluye a Suizo Argentina, Droguería Génesis, Artrobone Ortopedia, Droguería Profarma, Indecomm, Ortopedia Bernat, Expo Trauma, Neurosalud, Droguería Floresta y Droguería New Farma.
La empresa que más fondos recibió fue Suizo Argentina, con $108.200 millones en la categoría PACBI Medicamentos, destinada a prestaciones de alto costo y baja incidencia. Esa cifra representa más de un quinto del gasto total relevado en ese rubro.
Fuentes cercanas a la firma de la familia Kovalivker negaron irregularidades y sostuvieron que la compañía realiza sus actividades comerciales de manera lícita. La empresa aparece incluida en la investigación judicial por presunta asociación ilícita, aunque no figura en los informes oficiales que señalaron presuntos sobreprecios.
El caso vuelve a poner bajo la lupa el vínculo entre proveedores del Estado, compras públicas y áreas sensibles de asistencia social, en un organismo que administra prestaciones destinadas a personas con discapacidad.
Entre las empresas señaladas también aparece Droguería Génesis, que recibió $15.100 millones. En uno de los informes se mencionó una compra del medicamento Macitentan, utilizado para pacientes con hipertensión arterial pulmonar, con una adjudicación por $2.145.363,20 la unidad, mientras que otro proveedor habría vendido el mismo medicamento por $464.508.
Otra firma mencionada es Profarma, con pagos por $11.500 millones. En ese caso, la auditoría registró una compra de Burosumab por $45,1 millones la unidad, frente a otro proveedor que ofreció el mismo medicamento por $25 millones.
También figura Neurosalud, mencionada en informes enviados a la Justicia por el exinterventor Alejandro Vilches. Según esos reportes, se detectaron diferencias entre valores abonados por ANDIS y precios de referencia de otros organismos, como PAMI.
La trama incluye además a Droguería Floresta, Indecomm, New Farma, Expo Trauma, Ortopedia Bernat y Artrobone, con montos millonarios y observaciones vinculadas a pagos, adjudicaciones, insumos ortopédicos y supuestas diferencias de precios.
La investigación está en manos del fiscal federal Franco Picardi y del juez Ariel Lijo. La hipótesis judicial apunta a una presunta asociación ilícita que habría operado dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad mediante contrataciones direccionadas, sobreprecios y pagos indebidos.
Según el expediente, las maniobras habrían involucrado a funcionarios, empresarios y operadores que conocían de antemano qué empresas serían invitadas a cotizar, qué productos se comprarían y cómo se liberarían los pagos.
La Cámara Federal ya confirmó procesamientos en la causa y describió un esquema en el que se habría simulado competencia entre proveedores, con valores inflados y retornos destinados a integrantes de la maniobra investigada.
Uno de los ejes del expediente es el funcionamiento del sistema SIIPFIS, una herramienta informática que, según la acusación, no cumplía con los estándares requeridos para el sistema de contrataciones públicas y no contaba con intervención ni aprobación de la Oficina Nacional de Contrataciones.
El avance del caso ANDIS golpea en una zona sensible del Gobierno porque involucra fondos públicos destinados a medicamentos, insumos y prestaciones para personas con discapacidad. La causa también complica políticamente por el rol de Diego Spagnuolo, exfuncionario de confianza de Javier Milei.
La auditoría no solo expone la concentración de pagos en un grupo reducido de empresas. También muestra debilidades en los controles internos, en la trazabilidad de las compras y en los mecanismos administrativos utilizados para cancelar prestaciones.
El dato de los $192.000 millones refuerza la magnitud del expediente. Ya no se trata únicamente de operaciones aisladas, sino de un volumen de pagos que representa una parte sustancial del presupuesto ejecutado en medicamentos e insumos.
En términos políticos, el caso puede profundizar los pedidos de explicaciones al Ministerio de Salud, a la intervención del área de discapacidad y al propio Gobierno nacional, que deberá sostener su discurso de transparencia frente a un expediente cada vez más voluminoso.
La auditoría también detectó un desfasaje de más de $158.000 millones por deuda no registrada en el área de Discapacidad. Ese dato se suma a las sospechas sobre pagos, proveedores y circuitos administrativos que ahora forman parte del análisis judicial.
Uno de los puntos observados fue el uso de la figura de Legítimo Abono, un mecanismo utilizado para pagar bienes o servicios ya entregados sin haber pasado previamente por los procedimientos formales de contratación. Si bien puede tener respaldo administrativo en determinados casos, su uso extendido suele encender alertas por falta de competencia y transparencia.
El caso deja planteada una pregunta central: cómo funcionó el circuito de compras dentro de ANDIS durante la gestión auditada y por qué un conjunto reducido de empresas concentró una porción tan relevante de los pagos.
El próximo tramo de la investigación será clave para determinar si esas adjudicaciones respondieron a criterios administrativos válidos o si formaron parte de un esquema organizado de direccionamiento, sobreprecios y retornos.
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