8 de octubre de 2026
La Casa Rosada busca contener a bloques aliados antes de una sesión clave en Diputados. Martín Menem intenta reponer límites a la extranjerización de tierras dentro del debate sobre propiedad privada.
A contrarreloj. La sesión del 15 de octubre puede convertirse en una prueba decisiva para medir la capacidad del Gobierno de contener aliados y frenar a la oposición en Diputados.
El Gobierno Nacional aceleró una negociación en la Cámara de Diputados para impulsar una nueva Ley de Tierras y evitar que la oposición avance contra el DNU 70/23, una de las normas centrales del programa de desregulación libertario. La maniobra quedó en manos de Martín Menem, titular de la Cámara baja, que busca ordenar a los aliados antes de la sesión convocada para el 15 de octubre.
El punto más sensible es el artículo 154 del DNU, que derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales. Esa norma establecía límites a la compra y posesión de tierras rurales por parte de extranjeros, un tema que volvió al centro de la agenda tras el fallo de la Corte Suprema que dejó nuevamente vigente la derogación.
La estrategia oficial apunta a reabrir el debate sobre propiedad privada e incluir un capítulo vinculado a la extranjerización de tierras. El objetivo político es contener a sectores dialoguistas que vienen reclamando una definición del Gobierno frente al impacto del DNU 70/23 sobre los límites a la propiedad extranjera.
En la práctica, el oficialismo busca ofrecer una salida legislativa antes de que la oposición llegue al recinto con los votos para rechazar el mega decreto. Si Diputados avanza con ese rechazo, el Gobierno sufriría una derrota de alto impacto institucional, ya que el DNU ya fue rechazado por el Senado.
La negociación se da en un escenario de presión creciente. La oposición pidió una sesión especial para el jueves 15 de octubre y pretende discutir el DNU 70/23 junto con otros temas sensibles de la agenda parlamentaria.
El DNU 70/23 fue una de las primeras grandes medidas de Milei y modificó o derogó múltiples normas económicas, laborales, comerciales y administrativas. En el caso de la tierra rural, el artículo 154 eliminó la vigencia de la Ley 26.737, que regulaba la compra de campos por parte de personas y empresas extranjeras.
La discusión se reactivó con fuerza luego de que la Corte Suprema revocara un fallo que había frenado esa derogación. Con esa decisión, volvió a quedar operativo el esquema del DNU y se abrió un nuevo frente político para el Gobierno.
Para la oposición, la eliminación de los límites a la extranjerización afecta la soberanía sobre recursos estratégicos. Para el oficialismo, en cambio, la flexibilización apunta a facilitar inversiones y reforzar el derecho de propiedad.
La Ley 26.737, sancionada en 2011, establecía un régimen de protección sobre la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales. Entre sus puntos centrales, fijaba un límite del 15% a la titularidad extranjera sobre tierras rurales a nivel nacional, provincial, municipal o equivalente.
También contemplaba restricciones sobre zonas de seguridad de frontera y buscaba impedir la concentración de tierras en manos de personas o empresas extranjeras por encima de determinados porcentajes.
Ese marco legal fue derogado por el DNU 70/23. Por eso, la pulseada actual no se limita a un proyecto más: lo que está en juego es si el Congreso mantiene el esquema de desregulación impulsado por Milei o fuerza una marcha atrás sobre uno de sus capítulos más controvertidos.
La sesión del 15 de octubre aparece como una prueba política para la Casa Rosada. Si la oposición logra reunir quórum y votos, puede convertir el rechazo al DNU 70/23 en una derrota parlamentaria de fuerte impacto para el oficialismo.
La preocupación en el Gobierno no pasa solo por la Ley de Tierras. El DNU funciona como una pieza simbólica del programa libertario, y su eventual caída en Diputados podría abrir una discusión más amplia sobre los límites políticos de la desregulación.
Por eso, la jugada de Menem busca ganar tiempo, dividir a los aliados de la oposición y mostrar que el oficialismo está dispuesto a discutir algún tipo de regulación sobre tierras rurales sin resignar el conjunto del decreto.
La discusión combina tres ejes de alto voltaje: soberanía territorial, propiedad privada y gobernabilidad parlamentaria. Para Milei, sostener el DNU 70/23 es clave para preservar una bandera de su gestión. Para la oposición, rechazarlo implicaría marcar un límite político a la desregulación por decreto.
El debate también expone la tensión entre el discurso de apertura económica y los reparos sobre la extranjerización de recursos estratégicos. En un contexto de debilidad legislativa, el Gobierno necesita negociar con bloques aliados para evitar que una discusión sobre tierras rurales termine golpeando el corazón de su arquitectura normativa.
En los próximos días, el foco estará puesto en Diputados. Si el oficialismo logra dictaminar una nueva fórmula sobre propiedad privada y tierras, podría intentar desactivar parte de la ofensiva opositora. Si no lo consigue, la sesión del 15 de octubre puede convertirse en otro punto de quiebre entre la Casa Rosada y el Congreso.
La otra cara del poder.
Noticias sin filtro de Argentina y el mundo. Política, escándalos,
economía, sociedad y redes. Leé lo que otros callan.
©
2026 | Mundo Poder |
Comentarios
0Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
Iniciá sesión para dejar tu comentario
Iniciar sesiónCargando comentarios...
Denunciar comentario