8 de octubre de 2026
El Gobierno de Alberto Weretilneck avanzó con un programa de desarrollo rural financiado por el BID que incluye una obra eléctrica de unos US$14 millones entre General Conesa y Guardia Mitre. En la zona, los hijos de Jorge Macri compraron un campo de 1.600 hectáreas por más de US$2 millones, aunque todavía no está acreditado que la propiedad quede alcanzada por la nueva red.
Antonio y Giorgio Macri compraron en 2025 un campo de 1.600 hectáreas próximo a Guardia Mitre por una suma superior a US$2 millones, según una investigación.
El Gobierno de Río Negro impulsó un programa de infraestructura productiva financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que contempla, entre otras obras, la electrificación rural de la zona comprendida entre General Conesa y Guardia Mitre. El proyecto específico para Guardia Mitre prevé una inversión cercana a los US$14 millones y una red de 85 kilómetros en 33 kV.
El dato adquiere una particular relevancia porque, en esa misma zona, Antonio y Giorgio Macri, hijos del jefe de Gobierno porteño Jorge Macri y sobrinos segundos del expresidente Mauricio Macri, compraron durante 2025 un campo de 1.600 hectáreas, en una operación que habría superado los US$2 millones. La información fue publicada por Diario Río Negro, que señaló además que los compradores realizaron un pedido de factibilidad eléctrica ante EdERSA.
La coincidencia geográfica, sin embargo, no permite afirmar por sí sola que el establecimiento de los Macri será beneficiario directo de la obra financiada por el BID. Para establecerlo hace falta conocer la traza definitiva, las parcelas alcanzadas y sus titulares.
El BID aprobó el 5 de agosto de 2026 una operación de US$80 millones para el Programa de Desarrollo Productivo Rural de la Provincia de Río Negro. El organismo establece como objetivos mejorar la productividad agropecuaria, la eficiencia en el uso del agua y el acceso a energía eléctrica sostenible para la producción.
La información oficial de la Provincia presenta el programa con una inversión total estimada en US$85 millones, mientras que el BID registra una operación de préstamo por US$80 millones. Dentro de ese esquema, el Gobierno rionegrino informó que para la electrificación de Guardia Mitre se prevén aproximadamente US$14 millones.
La obra contempla una red eléctrica de 85 kilómetros en 33 kV, que partirá desde las proximidades de General Conesa, cruzará la Ruta Nacional 251 y el río Negro y continuará por la Margen Norte hasta Guardia Mitre. El proyecto utilizará la capacidad disponible de la estación transformadora de Transcomahue.
De acuerdo con el Gobierno provincial, la infraestructura permitirá abastecer eléctricamente a productores ubicados sobre la Margen Norte y mejorar el suministro de la localidad de Guardia Mitre. La obra está vinculada además con la posibilidad de desarrollar sistemas de bombeo y riego presurizado.
El Gobierno de Río Negro calcula que el acceso a la nueva infraestructura permitirá reducir en más de un 50% el costo energético por hectárea para los establecimientos productivos alcanzados. La nueva red también permitirá que Guardia Mitre cuente con una segunda fuente de abastecimiento, además de la conexión que actualmente recibe desde Viedma.
El proyecto, por lo tanto, no se limita a una obra de distribución eléctrica: forma parte de un programa cuyo objetivo declarado por el BID es incrementar la productividad agropecuaria y mejorar el acceso a energía para la producción rural.
La obra de electrificación rural entre General Conesa y Guardia Mitre contempla 85 kilómetros de red en 33 kV.
En mayo, Diario Río Negro informó que Antonio y Giorgio Macri, hijos de Jorge Macri, habían adquirido un establecimiento de aproximadamente 1.600 hectáreas cercano a Guardia Mitre. Según esa investigación, la operación se concretó durante la segunda mitad de 2025 y habría superado los US$2 millones.
El campo es lindero al río Negro y posee sectores de valle y meseta. La propiedad había sido utilizada para ganadería extensiva en secano antes de la operación.
La misma investigación indicó que Antonio y Giorgio Macri realizaron un pedido de factibilidad eléctrica ante EdERSA, la distribuidora de energía de Río Negro. El trámite fue vinculado a la posibilidad de desarrollar producción bajo riego, aunque un pedido de factibilidad no equivale a una conexión eléctrica autorizada ni demuestra que la nueva obra provincial alcance a ese establecimiento.
Ese punto resulta central para dimensionar el alcance del beneficio: la relación territorial entre el campo adquirido y la obra existe, pero falta comprobar documentalmente si la parcela está dentro de la traza beneficiada.
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Otro elemento documentado aparece en el Boletín Oficial de la República Argentina. El 9 de diciembre de 2025 se publicó la constitución de Agropecuaria Alto Valle SA, mediante una escritura fechada el 27 de noviembre de ese año. Entre sus integrantes figuran Jorge Macri, María Belén Ludueña, Antonio Macri, Martina Macri y Giorgio Macri.
El objeto social de la compañía incluye la compra, venta, administración y explotación de inmuebles rurales, además de actividades agrícolas, ganaderas y frutícolas, entre otras actividades vinculadas al sector agropecuario. La sociedad tiene un capital de $30 millones y Antonio Macri fue designado presidente, mientras que Martina Macri ocupa la vicepresidencia y Giorgio Macri figura como director suplente.
El documento societario, sin embargo, no identifica al campo de Guardia Mitre como parte del patrimonio de la empresa. Por eso, tampoco permite establecer por sí mismo una vinculación jurídica entre esa sociedad, la propiedad de 1.600 hectáreas y la obra eléctrica financiada por el BID.
La discusión política en Río Negro se concentra precisamente en ese punto. Si una infraestructura pública reduce los costos de producción de los establecimientos privados alcanzados, resulta relevante conocer con precisión qué parcelas serán beneficiadas, quiénes son sus titulares y qué mecanismo existe para distribuir o recuperar los beneficios de la inversión.
La oposición provincial reclamó información sobre la ubicación, superficie y titulares de los terrenos alcanzados por las obras financiadas por el BID. También planteó la necesidad de conocer antecedentes vinculados con adjudicaciones y transferencias de tierras fiscales.
La diputada María Emilia Soria llevó además el debate al mecanismo de recuperación de la inversión y planteó que los propietarios beneficiados deberían participar del repago en función de la rentabilidad futura. El planteo introduce una discusión concreta sobre el modo en que una obra financiada con recursos públicos impacta sobre patrimonios privados.
El proyecto no está destinado exclusivamente a los establecimientos agropecuarios. De acuerdo con la documentación del BID y la presentación oficial del Gobierno provincial, la infraestructura también busca mejorar el abastecimiento eléctrico de Guardia Mitre y su confiabilidad.
El Gobierno rionegrino explicó que actualmente la localidad recibe energía desde Viedma y que la nueva conexión permitirá sumar el abastecimiento desde General Conesa.
Por eso, la discusión sobre la obra no puede reducirse exclusivamente al campo adquirido por los hijos de Jorge Macri. El proyecto tiene un alcance productivo y residencial más amplio. El punto pendiente es determinar, con documentación catastral y técnica, qué propietarios rurales quedarán directamente alcanzados por la infraestructura y en qué condiciones.
El BID ya registra el programa como una operación en etapa de implementación y publicó documentación específica sobre la evaluación ambiental y social del proyecto Guardia Mitre-Conesa.
Pero para determinar si el campo adquirido por Antonio y Giorgio Macri recibirá un beneficio directo será necesario cruzar tres elementos: la escritura y ubicación catastral del establecimiento, la traza definitiva de los 85 kilómetros de red eléctrica y el listado de parcelas alcanzadas por la infraestructura.
Ese cruce también permitiría conocer si existen otros grandes establecimientos privados dentro del área beneficiada y establecer la distribución concreta de los beneficios derivados de una inversión pública de esta magnitud.
La obra tiene objetivos productivos explícitos y también contempla mejorar el servicio eléctrico de Guardia Mitre. La discusión que queda abierta es otra: quiénes serán los principales beneficiarios económicos de la infraestructura, cuánto aportarán y cómo se distribuirá el costo de una inversión financiada mediante un crédito internacional que deberá afrontar la provincia.
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