Política. Hidrovía bajo la lupa: denuncian irregularidades y piden frenar la licitación

La licitación de la Hidrovía volvió a quedar en el centro de la escena judicial y política. La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas amplió una denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas por presuntas irregularidades en el proceso de la Vía Navegable Troncal del río Paraná y pidió avanzar con una investigación penal.

La presentación apunta contra funcionarios de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, organismo que depende del Ministerio de Economía, por decisiones vinculadas al dragado, redragado, mantenimiento y profundización de la ruta fluvial más estratégica para el comercio exterior argentino.

Denuncia por la Hidrovía: qué cuestionan los ambientalistas

La organización denunció que el Gobierno avanzó con decisiones capaces de transformar de manera permanente el río Paraná sin contar previamente con una evaluación ambiental integral, con participación efectiva de las provincias y con garantías suficientes de transparencia para una obra de esa escala.

El planteo sostiene que la audiencia pública realizada el 3 de noviembre de 2025 no habría cumplido con los estándares necesarios para validar el proceso. Según la denuncia, más del 90% de las exposiciones se manifestó en contra del proyecto en los términos planteados y cerca del 60% advirtió sobre posibles impactos en el acceso al agua potable.

También se incorporaron cuestionamientos por eventuales efectos sobre la biodiversidad, la pesca artesanal, la apicultura, el turismo, los usos recreativos y el corredor biocultural asociado al Paraná.

Para la entidad ambientalista, el problema no se limita a una discusión técnica. El punto central es que la licitación de la Hidrovía involucra una intervención estructural sobre una cuenca clave para varias provincias y para los humedales del Delta.

El rol de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación

La denuncia pone el foco en la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, a la que acusa de concentrar facultades sobre el proceso y de avanzar sin una mirada integral de cuenca. La presentación cuestiona la ausencia de un Comité de Cuenca y la falta de convocatoria del PIECAS-DP, el espacio interjurisdiccional vinculado a la gestión sustentable del Delta del Paraná.

Los abogados ambientalistas también señalaron la ausencia de la máxima autoridad ambiental nacional, de las provincias ribereñas y de organismos técnicos como la Administración de Parques Nacionales, el INA, el CONICET y la Defensoría del Pueblo de la Nación.

Según el planteo, la autoridad nacional habría impulsado una audiencia para analizar obras sin contar con el documento técnico central: el Estudio de Impacto Ambiental. La denuncia afirma que esa omisión no sería una simple irregularidad administrativa, sino un hecho con posible relevancia penal.

En ese marco, la presentación menciona presuntas figuras de falsedad ideológica de instrumento público y violación de deberes de funcionario público, aunque será la Justicia la que deberá determinar si existieron delitos y responsabilidades concretas.

Jan de Nul y la adjudicación de la Vía Navegable Troncal

El conflicto se produce después de que el Gobierno completara la adjudicación de la Vía Navegable Troncal a Jan de Nul-Servimagnus, en el marco del proceso de privatización de la ruta fluvial. La Casa Rosada presentó esa decisión como un paso clave para reducir costos logísticos y modernizar la infraestructura de navegación.

Para los sectores ambientalistas, en cambio, la adjudicación agrava el escenario porque consolida decisiones de largo plazo sin haber resuelto previamente los cuestionamientos ambientales, federales e institucionales.

La nueva presentación también apunta contra la Resolución 57/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, que convocó a un proceso participativo para construir la normativa ambiental vinculada a las tareas de dragado. La entidad sostiene que esa resolución ratifica la concentración de decisiones en la ANPyN y desconoce competencias provinciales.

El caso combina tres dimensiones sensibles: una obra estratégica para las exportaciones, una disputa por la gobernanza del río Paraná y una discusión ambiental sobre el impacto acumulado de dragados, profundizaciones y cambios en los canales de navegación.

El impacto ambiental y federal del conflicto por el Paraná

La denuncia advierte que cualquier decisión sobre profundidad, trazado, ancho, régimen de mantenimiento o apertura de nuevos canales debería ser precedida por una evaluación ambiental estratégica o un instrumento equivalente. Ese estudio, según el planteo, debería analizar el funcionamiento hidrológico, el balance sedimentario, la calidad del agua, la biodiversidad, los humedales y los escenarios climáticos.

El eje federal también es clave. La Vía Navegable Troncal atraviesa territorios e intereses de varias provincias ribereñas, por lo que los cuestionamientos no se limitan al impacto ecológico. También abren una discusión sobre quién decide el futuro del río, con qué información técnica y bajo qué mecanismos de participación pública.

En términos políticos, el caso puede convertirse en un nuevo frente para el Gobierno nacional. La administración de Javier Milei busca mostrar la concesión de la Hidrovía como una señal de eficiencia, inversión y competitividad exportadora, pero la denuncia instala dudas sobre el procedimiento y sobre el cumplimiento de estándares ambientales.

Qué puede pasar con la denuncia por la Hidrovía

La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas pidió que se formule un requerimiento de instrucción penal ante el juez competente. Eso implicaría que el expediente avance hacia una investigación judicial más profunda sobre los funcionarios involucrados y las decisiones adoptadas durante el proceso licitatorio.

Si la Justicia habilita esa línea, el caso podría derivar en pedidos de documentación, medidas de prueba, análisis de resoluciones administrativas y eventuales citaciones a funcionarios. También podría alimentar reclamos políticos de legisladores, provincias u organizaciones socioambientales.

Por ahora, el Gobierno sostiene el avance del proceso y defiende la adjudicación de la Vía Navegable Troncal como una medida estratégica para el comercio exterior. Del otro lado, la denuncia ambientalista busca frenar o revisar una licitación que, según el planteo, puede tener efectos irreversibles sobre el Paraná.